Agricultura

Agricultores castellonenses se suman a un lobby para influir en la normativa europea

Asociaciones de Vila-real, Nules y Moncofa se adhieren a una plataforma del sector primario que defiende sus intereses ante los gobiernos autonómico y Central

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Campos de cultivo

Un campo de cultivo.

Colectivos de agricultores de Castellón se suman a un lobby nacional para que defienda sus productos ante la Unión Europea (UE), en un momento en el que se trabaja en la redacción de la Ley de la Cadena Alimentaria. Consideran los representantes de los agricultores castellonenses que es preciso defender los intereses del sector primario y buscar priorizar su producción.  A la plataforma, que representa los intereses del sector primario, ya se han sumado más de 30 asociaciones.

En el caso de la provincia de Castellón han sido las asociaciones que representan los intereses de los agricultores de localidades de las Planas Alta y Baixa, en concreto de Vila-real, Nules y Moncofa, quienes se han adherido a esta plataforma nacional que agrupa a colectivos de agricultura, pesca, transportistas, autónomos, apicultores o ganadera.

Los agricultores castellonenses ya convocaron en septiembre pasado una doble jornada de huelga para exigir cambios en las normativas a fin de proteger los intereses del sector primario. Un sector que, como apuntó entonces uno de sus promotores, Víctor Viciedo, “se está hundiendo” . Ahora, apenas unos meses después de esa protesta, las asociaciones han dado el paso para integrarse en una plataforma nacional que agrupa al sector primario y que hará fuerza para defender sus intereses en Europa.

La línea de acción de este lobby nacional del sector primario es defender ante las administraciones nacional y europea la “soberanía alimentaria” española. En esa línea ya han trasladado a los gobiernos autonómicos y Central sus demandas. Todas tendentes a defender la soberanía nacional en las fases de tramitación por la Unión Europea de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Intentar salvar al sector primario, que avanza hacia un desmantelamiento similar a otros como  el naval o la minería. Un desmantelamiento, entienden desde la plataforma, que es “consecuencia de la falta de rentabilidad”.  Algo de lo que culpan a las administraciones implicadas, tanto las autonómicas, como las estatales o, en especial, las europeas. Consecuencia de la permisión de la “la competencia desleal de las importaciones masivas de terceros países, donde no se garantizan las exigencias mínimas que sí impone Bruselas a los productos de los países miembros”.

En el documento reivindicativo enviado a los gobiernos autonómico y Central el pasado 18 de diciembre, este lobby del sector primario, exige “la paralización inmediata del acuerdo con Mercosur”, en paralelo a “la anulación de los que se hayan cerrado en materia agrícola, ganadera y pesquera, haciendo prioritarias nuestras producciones”. Asimismo, piden que sólo se a acepten importaciones de productos de aquellos países extracomunitarios que “cumplan las normativas europeas en materia fitosanitaria y laboral”.

Reclaman también que se implemente de forma obligatoria un etiquetado de la producción europea, tanto para los productos frescos como para los elaborados.

 


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