Empresarios valoran la ampliación de plazos ICO pero recelan de gastos y acceso a CIRBE

Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, CEV, su presidente Salvador Navarro valora de forma «positiva» el cambio de condiciones  en los préstamos suscritos por autónomos y empresas avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Real Decreto-ley aprobado extiende la ampliación de los periodos de suscripción, carencia y devolución de dichos créditos. En concreto, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la concesión de avales por parte del ICO y a petición del cliente, las entidades financieras incrementarán hasta tres años adicionales, hasta un máximo de ocho años, el vencimiento de los préstamos garantizados.  Asimismo, se podrán extender los períodos de carencia del pago del principal de los préstamos avalados en doce meses.

Eso sí, las empresas o autónomos que soliciten la ampliación de plazos no deberán estar en mora ni incursos en procedimientos concursales.

Para Navarro esta «era una demanda que veníamos haciendo en repetidas ocasiones desde el sector empresarial, para evitar el cierre de negocios que son solventes si se asegura la liquidez».

Entiende que las previsiones que sustentaron los calendarios para los préstamos ICO «habían quedado desfasadas», «porque la llegada de una segunda ola de contagios, el desplome de la actividad y el retraso de la recuperación siguen mermando la tesorería de empresas y autónomos», confirma el también vicepresidente de la CEOE.

«Necesitábamos que el Gobierno diese luz verde cuanto antes a la ampliación del periodo de carencia y al periodo total de vencimiento de los préstamos. La medida llega más tarde de lo que nos hubiese gustado pero su aprobación es una buena noticia», subraya Salvador Navarro a Economía 3.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente Lorenzo Amor, da la bienvenida a la ampliación de plazos, pero advierte que se «necesitan muchas más medidas».

«Será oxígeno para más de 800.000 autónomos que tienen estas líneas de financiación; sin duda un avance pero los autónomos necesitan muchas más medidas»,  confirma Amor a este medio.

En la misma línea se manifiestan desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), su secretaria general, María José Landaburu valora positivamente los cambios pero exige “más financiación y en condiciones más justas” y que se acompañen de “planes sectoriales para los sectores más castigados y ayudas directas para los gastos fijos” de los negocios.

Ampliar aval al 100% y un interés máximo del 1%

“Pese a que esta medida suponga un balón de oxigeno y liquidez para el tejido productivo, hemos visto cómo la banca ha llevado a cabo prácticas abusivas con intereses disparados y solicitud de garantías superiores al aval público”, opina Landaburu. Por ello, en estos términos remarca “la necesidad de regular la tramitación de manera más clara y con mayores garantías para los autónomos”.

En este sentido el Ministerio de Asuntos Económicos ha trasladado que las entidades financieras garantizarán que no se produzcan incrementos injustificados en los tipos de interés, ni que se exija la contratación de productos vinculados, pero admite que si la solicitud de vencimiento se extiende más allá de seis años, el empresario o autónomo tendrá que hacerse cargo de los incrementos de los intereses por mayores garantías en los años séptimo y octavo, tal y como ha demandado Bruselas.

El decreto establece también deducciones del 50 % en los costes de aranceles o gastos notariales, que corresponde al banco asumir por el cambio de condiciones y se contempla un tratamiento más favorable en novaciones y préstamos.

Por su parte, desde la Asociación Española de Banca (AEB) aseguran a Economía 3 que «los bancos mantienen su total disposición para seguir apoyando a sus clientes, familias y empresas, como lo han hecho desde el principio de la crisis».

Asimismo, UATAE solicita que se habiliten los 32.000 millones de euros no concretados de la segunda línea de avales, pendientes desde julio. Y que este nuevo tramo de ayuda se destine íntegramente a los autónomos y pymes. Garantizando, además, el 100% de aval (frente al 80% actual) para autónomos y micropymes -hasta 10 empleados- en préstamos de un máximo de 200.000 euros y con un interés máximo del 1%.

Además, UATAE apuesta por una mayor solidaridad de la banca, para que la solución para los trabajadores por cuenta propia no pase únicamente por el endeudamiento. En esta líneas UATAE apuesta por la aplicación de moratorias financieras (préstamos, créditos, leasings, etc.) de entre 6 y 18 meses sin intereses de demora ni recargos añadiendo plazos suspendidos al final de los préstamos.

Los números de la menor carga financiera

Desde el ministerio defienden que con las modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones.

Por ejemplo, para el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor (operación de 77.500 euros con un tipo del 2,5%) y que tuviera un plazo de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia, el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 a partir de entonces.

En el ámbito de turismo, ocio y cultura, en el que el crédito medio concedido tiene un importe de 100.270 euros al 2,2%, con un plazo de devolución de cinco años y que contara con 12 meses de carencia, el cliente mantendría su cuota durante un año adicional en 183 euros y, al extender el plazo de devolución en tres años más, una vez finalizada la carencia vería reducida su cuota de 2.184 a 1.487 euros.

En el crédito tipo del sector de la industria de alimentación y bebidas, con un plazo de devolución de cuatro años, un importe de 270.600 euros y una cuota del 2,1%, la extensión del plazo de devolución en otros tres ejercicios y la introducción de 12 meses de carencia permitiría bajar la cuota mensual de 6.688 a 473 euros durante un año y, a partir de entonces, situarla en 4.344 euros.

Con datos a cierre del pasado mes de octubre, los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, y el de industria textil y moda, junto al comercio al por menor de estos ámbitos, concentran 274.000 operaciones, casi un tercio de los créditos concedidos, por lo que defiende el Ministerio de Asuntos Económicos que estas medidas pueden ayudar de manera notable a proteger la solvencia de los autónomos y empresas vinculadas

Acceso al CIRBE

No obstantes, fuentes empresariales recelan de que el ICO tenga a partir de ahora acceso a la información recopilada por la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE). Según defiende el Ministerio se trata de tener información de pymes o autónomos que puedan incumplir el aval, siempre para facilitar los procesos de recuperación, no para vetar operaciones previas de nuevos clientes. Eso sí hará sus consultas y análisis en operaciones de cierta importancia, para evitar posteriores recuperaciones, ya que conocerán la posición que mantiene la empresa en otras entidades.

El cauce para la mayoría de clientes será el siguiente: si hay impago, el banco va a recurrir al ICO para que cubra la parte avalada, y el ICO a su vez va a poner en marcha un proceso de recuperación con el apoyo del banco, de ahí la importancia de que pueda conocer la situación del cliente, y ver si puede hacer frente a sus responsabilidades.