La PAH pide al Gobierno un decreto que fije una moratoria en los desahucios

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han concentrado este lunes frente a la plaza de toros de València para exigir al Gobierno la «urgente aprobación» de un decreto ley que establezca una moratoria de todos los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa residencial, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2021.

En la concentración celebrada este lunes en València han participado alrededor de 60 personas, con carteles con la frase «cada desahucio es ahora cosa vuestra» y, guardando las medidas de seguridad obligadas por la pandemia de la covid-19, han reclamado la «paralización de los desahucios», según ha asegurado a EFE José Luís González Meseguer, uno de los portavoces de PAH Valencia.

González Meseguer ha explicado que durante el segundo trimestre de este año se han producido en España, en menos de veinte días, cerca de 1.400 desahucios, 129 en la Comunitat Valenciana, aunque ha precisado que no son «datos reales» porque los juzgados han estado cerrados hasta el 4 de junio y desde esa fecha, en la que comenzaron las órdenes de alzamiento, «se han retomado con fuerza los desahucios de aquellas familias en situación de vulnerabilidad que ya lo estaban antes de la pandemia».

Señala que «no fueron suficientes» las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia, con decisiones como frenar los desahucios durante unos meses a las familias que podían demostrar que estaban afectada por la covid-19, «que no protegía a miles de familias vulnerables» y por eso reclaman un decreto ley.

El decreto, señalan desde la PAH, podría dar solución a la situación actual, ya que el 30 de septiembre finaliza la moratoria de paralización de desahucios para casos de hipoteca y el 31 de diciembre para alquiler, de las afectadas a consecuencia de la pandemia.

También reclaman que este decreto ley homologue la protección de todas las personas en situación de vulnerabilidad, con independencia del origen de esta situación, que disponga la utilización como Parque Público temporal de las viviendas propiedad de la SAREB y de Bankia, y que se revalorice el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de acuerdo con los incrementos del salario mínimo interprofesional.

González Meseguer señala que, aunque no han recibido el apoyo de partidos como el PP, Vox o Ciuadadanos, si lo han obtenido de formaciones como Compromís, ERC, CUP, Bildy, BNG o Más Madrid, por lo que si el «Gobierno progresista presenta el proyecto de decreto podría tener la mayoría parlamentaria».

También considera que las redes sociales y los medios de comunicación están creando un «alarmismo sin precedentes» dando a entender que la ocupación de la primera vivienda es algo habitual cuando «eso es falso y hay cobertura legal para resolver el tema con rapidez».