Debate en Les Corts

Los partidos de Les Corts, excepto Vox, validan medidas urgentes a servicios sociales

Oltra ha defendido la necesidad de mantener la renta valenciana de inclusión, que debe ser complementaria al IMV

Mónica Oltra | EFE/Biel Aliño

La mayoría de grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes se ha mostrado favorable este miércoles a validar los decretos ley de medidas urgentes ante la pandemia por la COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales, con el único voto en contra de Vox, que ha anunciado también, junto al PP, su abstención en el referido a la renta valenciana de inclusión.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha manifestado en su intervención en la Cámara, durante el debate y posicionamiento de los grupos sobre dichos decretos, que la Comunitat ha vivido “momentos muy duros” y ahora se enfrenta a “un futuro impredecible” para el que hay que preparar escenarios y organizar recursos que garanticen los derechos sociales.

Oltra ha defendido que las medidas de emergencia establecidas durante el estado de alarma han tenido como objetivo “prevenir, proteger y atender” al tercer sector, mediante la “prestación de servicios, una respuesta adecuada y evitar la emergencia social”. El decreto ley en el ámbito de los servicios sociales, ha informado, amplía hasta el 31 de marzo el plazo de realización de los gastos y actuaciones asociadas a los proyectos subvencionados por la Conselleria de Igualdad, y anticipará el importe total de las subvenciones concedidas para el ejercicio de 2020.

Oltra ha asegurado que el tercer sector es “clave” en el diseño de recursos y espacios seguros para los colectivos sociales más vulnerables y para la generación de empleo, y con estas ayudas se pretende además conseguir una sociedad “más cohesionada” y adaptar los programas subvencionados a las consecuencias de la COVID-19 para conseguir una “salud social”.

El grupo parlamentario PP apoya la validación del decreto pero ha precisado que el apoyo “real” al tercer sector sería la creación de un fondo extraordinario de 23 millones de euros para estos colectivos, y ha anunciado que presentará una “ley valenciana del tercer sector” que dé seguridad a las entidades. Ciudadanos ha apoyado también la medida, pero ha pedido que el decreto se tramite como “proyecto de ley” y contemple a más entidades, así como “reordenar las partidas pendientes de comprometer estableciendo prioridades”.

Compromís ha apelado a “superar los individualismos” partidistas del pasado y buscar un acuerdo colectivo que “haga comunidad” en esta materia y a reconstruir el futuro desde la “empatía” hacia un sector “necesario” como se ha puesto en evidencia con esta pandemia, mientras que Unides Podem ha pedido replantear el plazo de las subvenciones y que no sean anuales.

El PSPV ha reprochado las críticas de los grupos de la oposición y les ha pedido que piensen en las personas y les miren “a la cara”, ya que ha recordado que la política está “para solucionar los problemas de los ciudadanos”, y en especial de los más vulnerables. El único partido que ha manifestado su oposición a la validación del real decreto ha sido Vox, que ha cuestionado la “emergencia” de esta medida así como la selección de las entidades beneficiarias.

En cuanto a la renta valenciana de inclusión, la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha defendido que el decreto ley surge por la necesidad de aclarar los conceptos tras la aprobación por parte del Gobierno del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para evitar duplicidades y adaptarla a la nueva situación social por la COVID-19. Oltra ha defendido la necesidad de mantener la renta valenciana de inclusión, que debe ser complementaria al IMV, ya que ofrece un acompañamiento social y profesional de los beneficiarios y ha informado de que el Consell pedirá la firma urgente de un convenio con el gobierno central, a través del Instituto de Seguridad Social, para el establecimiento de una ventana única para estas dos prestaciones que simplifique la tramitación.

Los miembros del Botànic y Ciudadanos han apoyado este decreto, mientras que Vox ha asegurado que generará duplicidades y ha pedido derogar la renta valenciana. Por su parte, el PP ha tildado el decreto de “improvisación”, ya que ha advertido de que puede generar “colapsos” y ha anunciado su abstención.

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