Acuerdo de ‘buenas intenciones’ por el empleo entre Gobierno y agentes sociales

El Gobierno y los agentes sociales han cerrado un pacto general por el empleo, en el que se constata la urgente necesidad de reactivar la economía con empleo de calidad y se establece el compromiso de retomar las cuatro mesas de diálogo social que se quedaron en suspenso por la irrupción de la COVID-19.

El acuerdo será suscrito mañana a las 11:00 horas en La Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, en un evento en el que estará presente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una de las promotoras de este pacto.

También estarán presentes el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Inclusión, José Luis Escrivá.

El texto emana del acuerdo para la segunda prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) suscrito la semana pasada, en cuya disposición adicional quinta se fijaba el compromiso para un pacto por el empleo que incorporase medidas tendentes a la creación de trabajo, a través de las cuatro mesas de diálogo social constituidas con el presidente del Gobierno a principios de año.

Fuentes del diálogo social han explicado que el pacto que se firma mañana es sobre todo una declaración de intenciones, con líneas de actuación a desarrollar y algunos compromisos, en el que la única medida concreta que aparece con dotación presupuestaria es el apoyo financiero a las empresas, por importe de 50.000 millones de euros.

Consejo extraordinario

De hecho, antes de la firma, el Gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario precisamente para aprobar un paquete de medidas económicas que incluye esa nueva inyección de fondos públicos a las empresas. El documento que se firmará mañana hace un repaso por las medidas de protección social adoptadas durante la crisis y por el papel que han tenido los ERTE para contener la pérdida de puestos de trabajo.

Al respecto se habla de acordar un nuevo marco regulatorio para los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), pero sin aclarar si el esquema de ayudas vigente hasta el 30 de septiembre tendrá una nueva prórroga.

En el texto hay un compromiso para promover la reactivación de las empresas y el empleo, y para generar empleo de calidad, tras constatarse que la recuperación se está basando de nuevo en la contratación temporal y precaria.

Asimismo se fija como objetivo buscar la forma de evitar que el despido (o la no renovación de temporales) sea el mecanismo de ajuste de las plantillas y promover la formación y la recualificación de los trabajadores.

Ademas, se habla de impulsar la industria, la transición verde, la digitalización, la regulación del teletrabajo, la modernización de las políticas activas de empleo y la revisión de los incentivos a la contratación, así como de apoyar a los autónomos o abordar la sostenibilidad de las pensiones. Impulsar medidas contra la economía sumergida es otra de las líneas de actuación, para evitar situaciones fraudulentas de trabajo no declarado o de subempleo con más horas efectivas de trabajo de las que figuran en el contrato.

Se han quedado fuera del texto temas como el empleo juvenil o en las mujeres, en tanto que no se toca nada que tenga que ver con cambiar la reforma laboral de 2012, a pesar de que una de las mesas de diálogo social creadas a principios de año tenía ese cometido.
Se trataba de la mesa de relaciones laborales, a la que se sumó la mesa de Seguridad Social, la del empleo, la no discriminación y la formación, y la industrial.

El acuerdo de diálogo social que se firma mañana es el cuarto desde que se inició la crisis del coronavirus en marzo, ya que previamente se había acordado el esquema de ayudas a los ERTE, su prórroga hasta el 30 de junio y la segunda prórroga hasta el 30 de abril. Antes de la crisis, se había firmado en enero la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros brutos mensuales en 2020.