Patronal y sindicatos han discrepado en las soluciones para la reconstrucción de la Comunitat. Mientras UGT y CCOO han abogado por una fiscalidad más progresiva y reforzar los sistemas de protección públicos, sobre todo la sanidad, como medidas para superar la crisis, la CEV ha pedido una fiscalidad «competitiva», mayor agilidad administrativa e impulsar y promover la colaboración público-privada, al tiempo que adelgazar la Administración.

Así lo han planteado este lunes los secretarios generales de UGT-PV, Ismael Sáez, y CCOO PV, Arturo León, y el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, durante sus respectivas comparecencias ante la Comisión de Les Corts para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat tras la pandemia.

UGT pide mantener el 70% la base reguladora de los ERTE

El representante de UGT-PV ha defendido la necesidad de ampliar los ERTE «hasta sus últimas consecuencias» como «elemento fundamental» para la recuperación económica. Además entiende que, ya que algunos deberán extenderse más allá de los seis meses, «la base reguladora por la que se recibe la prestación no debe reducirse entonces del 70 al 50%», opina que se deben continuar manteniendo las mismas condiciones, para no mermar en mayor medida la capacidad de renta a los trabajadores.

Creen desde UGT que ahora no es el momento de aumentar la cargas impositivas, pero, cuando la situación se recupere reconoce Ismael Sáez que «tendremos un gran problema de déficit público». “En este sentido habrá dos alternativas: reducir coste y con ellos servicios públicos, como ocurrió en la crisis de 2008 o impulsar un sistema tributario justo y solidario, pues compete a la justicia social, contribuir cada uno de acuerdo con sus rendimientos y beneficios”, ha insistido.

Asimismo, ha abogado por fijar “un techo inquebrantable” en aquellos impuestos decididos al conjunto de las autonomías “para no favorecer el dumping fiscal en España”, y ha dicho que entiende “las reticencias” de los países del norte de Europa por poner en marcha mecanismos de compartición de deuda o subvenciones “como los conocidos como ‘eurobonos’, pues pueden pensar que no recaudamos en términos equivalentes, ya que nuestro esfuerzo fiscal no es semejante”.  En este sentido, ha concretado que “defienden la harmonización fiscal en el conjunto de Europa”.

CCOO quiere aumentar el gasto sanitario en 600 millones

Por su parte, el secretario general CCOO-PV, Arturo León que ha cifrado en términos de destrucción de empleo unas previsiones de la OIT de más de 350.000 empleos, a los que hay que sumar las más de 322.000 personas que ya estaban en desempleo antes del Estado de Alarma; ha apostado por corregir las debilidades del tejido productivo valenciano (su tamaño, el peso de los servicios o su baja productividad), así como contar con el respaldo y la solidaridad del Estado y de la Unión Europea en el corto plazo, sin renunciar, como reivindicación esencial, a la revisión del sistema de financiación.

Para León es clave aumentar al gasto sanitario y reforzar la red de vigilancia epidemiológica (0,5 puntos del PIB valenciano), unos 600 millones más, “pero para ello son necesarios esos  más de 1.300 millones que nos corresponderían con un modelo de financiación justo”.

Preguntado por si cree que hubo errores en la gestión de la crisis sanitaria, ha reconocido “hemos fallado un poco todos, no se vio venir, es cierto que hubo problemas de suministro y faltaron medios de protección para nuestros sanitarios, pero nos encontramos con un contexto muy complejo”. También ha denunciado la necesidad reforzar los controles y requerimientos en las residencias de mayores «para ver si su gestión cumple con los niveles exigidos», a través de una auditoria del sistema.

Si bien, como respuesta a la misma pregunta Salvador Navarro ha contestado: “No se me ocurre pensar qué hubiera pasado si los empresarios hubiéramos dejado desprotegidos a nuestros trabajadores”.

En otro aspecto, el dirigente sindical y el de la patronal han mostrado puntos de vista divergentes:

León ha recalcado que no cree en la colaboración público-privada en el tema de la salud, “mercantilizar la protección de la salud tiene su riesgo”, ha incidido.

Mientras que Salvador Navarro ha insistido en que la colaboración público-privada se ha visto como un mecanismo esencial no solo en el impulso de infraestructuras –que cree que seguirá siendo  clave en un futuro, y en este sentido ha citado el Corredor Meditarráneo o el Cantábrico–, «sino también en todas aquellas inversiones que generen valor».

La CEV favorable a que los Estados puedan inyectar fondos a las empresas

Por su parte, Navarro ha hablado de «fiscalidad competitiva». Y es que opina que «el incremento de la carga fiscal no sólo reduciría los niveles de competitividad para las empresas radicadas en la Comunitat Valenciana sino que tendría unos efectos negativos sobre la demanda agregada, la actividad y el empleo. Aligerar la factura fiscal y equiparar la carga tributaria a la vigente en otros países europeos es clave. No se pueden cuadrar las cuentas con parches impositivos. La carga fiscal de las empresas ya es en nuestro país considerablemente superior a la media europea», ha insistido.

En este sentido, cree la CEV que el camino para mejorar la economía serán «los incrementos de productividad y competitividad», que a su vez mejorarán los ingresos fiscales, «los que aporten mayores recursos para las mejoras en sanidad, educación y asuntos sociales. Esa es la dirección y no al revés. Así lo plantearemos en el  Observatorio Fiscal».

De hecho, Navarro se ha mostrado mucho más crítico con las medidas unilaterales del gobierno central que con las del ejecutivo autonómico del que valoran el «talante negociador».

Preguntado sobre las medidas de auxilio estatal al sector privado permitidas por la UE, que se están concretando en inyecciones de ayudas públicas directas a empresas en Alemania o Francia, lo que en la práctica supone «permitir la entrada de los Estados en el capital de sus compañías», Salvador Navarro ha sido claro «ahora es momento de que la Administración pública ‘se pase’ en sus presupuestos, en su déficit, de manera coyuntural, y es ahora el momento de hacer cosas, que en condiciones normales veríamos como una “nacionalización”».

Navarro ha expuesto que 410.000 trabajadores se hayan visto afectados por un ERTE, y ha augurado que «muchas empresas se verán abocadas al cierre». Por tanto cree que lo primero, es volver a la normalidad lo antes posible, donde el control y seguimiento de la pandemia debe ser el punto de partida. «No se trata tanto de vigilar a los ciudadanos como de vigilar al virus», ha dicho.

También ha hablado Navarro de avanzar en seguridad jurídica y predictibilidad, para reducir la incertidumbre e incentivar y atraer las inversiones privadas, y ha hecho referencia en este punto a que la Generalitat no debe modificar las ayudas que ya tenía comprometidas para generar nuevas como ocurrió en el caso de los 57 millones orientados a ayudas para autónomos.

Asimismo, apuesta por una administración más ágil tras las deficiencias que evidencia la pandemia y por «adelgazar la estructura política del Consell porque es el momento, además de que «la innovación ocupe el papel que le corresponde» tanto en la inversión pública como privada.