El 75 por ciento de las 150 embarcaciones de la flota pesquera de la provincia de Castellón permanece amarrada  y sólo unas 30 de ellas sale a faenar, pese a que el sector es  de los considerados esenciales por el Decreto de Alarma. La falta de rentabilidad y la necesidad de garantizar la salud laboral de los pescadores en tiempos de la Covid 19 han llevado a los armadores a adoptar esta decisión, cuando apenas ha pasado el primer trimestre de un año que llegaba marcado por el signo de la incertidumbre tras un 2019 que cerró con un descenso del 30% de las capturas. Una situación que desemboca en la presentación de ERTE.

La desaparición de la demanda de establecimientos hoteleros y de restauración conlleva una bajada considerable de los precios del pescado en las lonjas. Y a ello, como se apunta desde las cofradías de pescadores, se suma el que algunos armadores no han percibido aún las ayudas al sector de la Unión Europea ni las de la veda biológica.

Desde la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón se justifica el amarre voluntario de la flota por la baja rentabilidad, debido al cierre de bares y restaurantes provocado por la aplicación del Decreto del Gobierno, lo que ha hecho caer considerablemente los precios y, apuntan, que un kilo de langostinos de temporada se paga a 14 euros cuando lo normal es que en Semana Santa alcanzara los 50.

El confinamiento y la contracción de la demanda, reducida casi a las compras de las grandes cadenas de supermercados, han hecho inviable el intento de los armadores castellonenses de eludir los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). La ralentización de la actividad en el sector de la restauración ha acabado por abocarles a esta situación. Y, como confirman en el sector, son abundantes los ERTEs presentados en la semana recién concluida. Expedientes que, en muchos casos, no han obtenido aún respuesta de la Administración, lo que genera incertidumbre entre los marineros.

El presidente de la federación provincial de cofradias pesqueras, Sergio Albiol, afirmaba esta semana recién concluida que sólo un 25% de  la flota pesquera sigue echándose a la mar con regularidad. Al tiempo, corrobora que “los ERTE se cuentan por decenas”. En Vinaròs, donde amarra su barco, apostilla, se han presenta 5. Pero, aunque algunos de estos expedientes llevan registrados dos semanas, a la espera de respuesta, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores, apunta el patrón mayor.

Y todo ello tras una campaña negativa, la del pasado 2019 que dejó un descenso de un 30% en el número de capturas en la provincia, apenas 4.000 toneladas recogidas cuando en 2018 fueron 5.307. Esto explica que esta crisis sanitaria que afecta a la industria y al comercio haya obligado a buena parte de la flota pesquera castellonense a quedarse en tierra e izar las redes.