Aunque la incertidumbre sobre la duración de la crisis sanitaria dificulta la realización de estimaciones precisas de los costes económicos que va a representar la COVID-19, los análisis realizados en el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) por Francisco Pérez y Joaquín Maudos, director de Investigación y director adjunto, arrojan serias conclusiones.

Teniendo en cuenta 62 ramas de actividad y un escenario base y otro adverso, si la epidemia se controla pronto y la economía vuelve a una normalidad relativa en el plazo de un mes, el PIB de la Comunitat se contraería entre el 3,2% y el 5,3%, respectivamente, porcentajes similares al conjunto de España.

Por tanto, teniendo en cuenta la previsión de crecimiento del 1,6% anual anterior a la pandemia, la caída del PIB en 2020 sería del 1,6% en el escenario base y del 3,7% en el adverso.

Pero si desgraciadamente la caída de actividad se prolongara dos meses, el PIB anual de la economía valenciana tendría una tasa de crecimiento negativa en 2020 del -4,8% y -9% en el escenario base y adverso, respectivamente.

En cuanto a los efectos sobre el empleo, el informe calcula una caída del mismo entre el 3,7% y el 5,4%, ligeramente por encima de la media en España (con una caída del 3,5 % y 5,2 %) porque en la Comunitat predominan algo más las actividades intensivas en trabajo.

Ahora bien, los analistas del Ivie admiten que en términos generales, una caída del 50 % de la actividad en un solo mes, supone una contracción del 4 % del PIB anual, siendo el doble si esa caída se prolonga dos meses. Ahora bien, ¿es razonable considerar que la sensación de parón en muchas actividades que percibimos que acompaña al confinamiento supone una caída del 50 % de la actividad?

Dada la magnitud de las consecuencias económicas asociadas al coronavirus, para frenarlas se han instrumentado medidas monetarias por parte del BCE y un amplio abanico de medidas de política fiscal (incremento de gasto sanitario, ayudas a los trabajadores y empresas mediante ERTES, avales públicos, etc.) por parte del Gobierno central, que han sido complementadas también con más medidas del Consell (avales del IVF/SGR, ayudas a los
autónomos, etc.).

Si bien, advierten desde el Ivie que dada la magnitud de las ayudas, el déficit público y por tanto el endeudamiento van a aumentar con fuerza. «Por tanto, es probable que haya que revisar prioridades y también gastos públicos para encajar parte de las tensiones. No se puede descartar que haya que revisar ingresos y gastos que sean aplazables o realizar ajustes, una vez superada la crisis sanitaria».

«Puede ser el precio de la solidaridad si se tiene en cuenta, por ejemplo, que una de las causas es poder pagar
los ERTES a los trabajadores de unas empresas expuestas a una sacudida de los mercados de la que otros trabajadores, privados y públicos, están protegidos».

Admiten además los economistas, que los problemas de la Comunitat en la situación actual no son muy distintos de los del conjunto de España, aunque dada su especialización turística y su tejido empresarial en el que todavía predominan más pymes y microempresas, «pueden ser algo mayores». «Al mismo tiempo, el peso de su sector agroalimentario puede ser una circunstancia positiva, pues es uno de los que se está viendo menos afectado».

En cambio, opinan, que la situación financiera de la GVA «es un problema añadido, a tener muy presente
a la hora de valorar las posibles actuaciones, porque le resta margen de maniobra e incluso puede agravar las dificultades de las empresas valencianas proveedoras de la Generalitat».

Consideraciones hacia la Generalitat a tener en cuenta

En este sentido, las iniciativas de la Generalitat frente a la crisis pasan, desde el punto de vista del Ivie, por cuatro criterios:

1) No agravar la crisis de las empresas, prestando atención preferente a reducir sus periodos de pagos a proveedores —buena parte de ellos sanitarios— mediante la consecución de recursos de liquidez extraordinarios del Gobierno.

2) Paliar la crisis en la medida de lo posible, facilitando el acceso de las empresas y los trabajadores valencianos a los fondos estatales y europeos, procurando que estos se adapten a sus necesidades.

3) Ser selectivo en los compromisos que afecten a los ingresos y gastos de la GVA, dado su estrecho margen de maniobra financiero, priorizando aquellos que están claramente justificados y no los que respondan a la mayor
presión particular sino a la mayor necesidad.

4) Apoyando a las empresas en el acceso a la financiación, utilizando para ello tanto el IVF como la SGR.