El president de la Generalitat, Ximo Puig, se someterá este miércoles a la primera sesión de control de este año en el pleno de Les Corts Valencianes, donde además se iniciará el debate del proyecto de ley del Juego de la Comunitat Valenciana.

La primera sesión plenaria del año comenzará el miércoles con la comparecencia del president para responder a las preguntas de control de los grupos parlamentarios, que se ha adelantado un día -suele ser el primer punto del pleno de los jueves- por cuestiones de agenda de Puig.

Los grupos han adelantado que le preguntarán sobre sus «continuos cambios de criterio» y la «desconfianza» que eso genera, las gestiones para el traspaso de las Cercanías ferroviarias, la ampliación del puerto de València, la vertebración territorial y la política educativa del Consell.

A continuación, se elegirá a los consejeros que toca renovar en la asamblea de Caixa Ontinyent, tras lo que se debatirá la enmienda de totalidad que el PP ha presentado al proyecto de ley del Juego, en la que pide su devolución al Consell al considerar que es un texto «impuesto y sin diálogo con el sector», que «olvida» la lucha contra la ludopatía y que solo tiene «un fin recaudatorio».

También se votará la proposición de ley del PSPV, PP, Compromís y Unides Podem que pide modificar la Constitución Española para la recuperación efectiva del derecho civil valenciano. Ciudadanos y Vox se opusieron en comisión a esta propuesta, que quedó pendiente al final de la legislatura pasada por la convocatoria de elecciones autonómicas y se ha retomado en esta.

El jueves por la mañana, el pleno debatirá dos propuestas para crear comisiones de investigación: una sobre la deuda pública de la Comunitat, que reclama Unides Podem, y una sobre las conexiones entre entidades independentistas catalanas, que solicita Vox.

La comisión de investigación que propone Unides Podem plantea que se analice la composición de la deuda pública de la Comunitat, los efectos en ella de la infrafinanciación, el coste y las consecuencias de la corrupción y de las negligencias administrativas sobre la deuda y la interrelación entre la aplicación de políticas de austeridad y la deuda pública.

Según Unides Podem, la deuda pública supone un 42’2 % del PIB de la Comunitat Valenciana, autonomía que debe destinar alrededor del 25 % de su presupuesto a amortizar deuda, lo que supone «un problema de primer orden para el sostenimiento y el progreso de la sociedad valenciana y un fenómeno que merece un análisis profundo».

Por su parte, Vox pedirá que se investiguen «las conexiones» entre Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y otras entidades independentistes catalanas, com Òmnium Cultural, «que promueven, fomentan y dan apoyo» a la independencia de Cataluña » y la sumisión de la Comunitat Valenciana a unos supuestos Països Catalans».

El PP también defenderá en el pleno propuestas para promover «un gran pacto de empleo» y garantizar la completa ejecución del presupuesto para políticas activas de empleo, y para poner en funcionamiento políticas de vivienda que están «paralizadas, o mínimamente desarrolladas«, desde la entrada en vigor de la Ley de función social de la vivienda.

La actividad parlamentaria de la semana incluye además la reunión de la comisión parlamentaria de Política Social, para que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, informe de la situación de los centros de menores e informe de los sucesos ocurridos en el centro de Segorbe sobre el que el TSJCV anuló el traslado de los internos a otro centro.