La liberalización de la AP7 el 1 de enero fue una liberación para algunos ayuntamientos valencianos. La medida permitió la disminución del tráfico dentro de algunos municipios y el beneficio económico para los usuarios. Sin embargo, también ha supuesto una parte negativa, pues los consistorios dejaran de recibir el IBI por parte de la concesionaria Aumar, proporcional a los kilómetros de la autopista que pasaban por los municipios.

Así, según datos de Abertis, en 2018 la concesionaria pagó un total de 9.054.000 euros para los municipios valencianos. En concreto, Oliva recibió 351.000 euros; Tavernes de la Valldigna, 252.000; Vila-real, 180.000; Gandia, 150.000; Benidorm, 147.000; Moncofa, 100.000; Ondara, 86.000; o Xeresa, 60.000 euros. Hablamos con representantes de los consistorios de Ondara, Oliva, Benidorm y Vila-real sobre lo que ha supuesto esta liberalización. Además, la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana muestra su visión del fin del pago en la autopista.

El alcalde de Oliva (Valencia), David González, destaca que la liberalización ha supuesto una reducción del tráfico, sobre todo el pesado, dentro del casco urbano. “Por primera vez se invierte la dinámica y pasa menos tráfico del que pasaba. Aún no podemos cuantificarlo, pero hemos encargado una contabilización de vehículos para comparar”, detalla.

González (Oliva): «Los beneficios de tener la AP7 libre son inmensamente más beneficiosos que el ingreso por el IBI»

Asimismo, señala que Oliva, al ser uno de los municipios con más tramo de la autopista por su término municipal, dejará de percibir 351.000 euros. Así, pese a que han pedido un sistema de compensación a la Diputación de Valencia, han realizado “una pequeña actualización del IBI, muy leve”. “Hemos rebajado el tipo impositivo, pero no lo suficiente para compensar el aumento del valor tras una revisión catastral. Supondrá un aumento de 300.000 euros”, precisa.

Respecto a la propuesta a la Diputación, González indica que era “una medida compensatoria para que fuera más suave la pérdida de ingresos”, pero aún no tienen respuesta. “No es una cuestión solo de voluntad política, sino que había aspectos técnicos y jurídicos a considerar y no podían comprometerse”, apunta. “En cualquier caso, los beneficios de tener la AP7 libre de peaje son inmensamente más beneficiosos que el ingreso por el IBI que podíamos tener anualmente”, asegura.

Carreteras valencianas en foto de archivo| E3

Ondara y Benidorm ajustan el presupuesto

En la misma línea, el alcalde de Ondara (Alicante), José Ramiro Pastor, apunta que, en su caso, la pérdida del IBI será de 86.000 euros y han decidido compensarlo en el gasto presupuestario. Por el contrario, admite que no han “movido ficha” para pedir ayuda a la Diputación, pues cree que en Alicante “está un poco más parado el tema”. “Nos pareció muy interesante y ojalá viniera, pero dudo que la Diputación quiera paliar el tema de la autopista en gasto corriente”, lamenta.

Además, destaca que han conseguido una “reivindicación histórica” para que los vecinos “no tengan un agravio comparativo”. “Para ir en una carretera en condiciones, teníamos que coger autopista y nos costaba dinero salir. Además, creemos que esa liberalización nos aportará más visitas porque será menos caro venir a la comarca”, sostiene.

En Ondara prevén que la liberalización aportará más visitas y en Benidorm tienen una postura «neutra»

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), la concejala de Hacienda, Aída García, señala que aún es pronto para ver la repercusión del fin del peaje en la AP7. “A nivel económico no supone una gran gran repercusión, porque lo que nos ingresaban por el IBI, eran 147.000 euros aproximadamente. Lo que hemos hecho es ajustar el presupuesto municipal a los ingresos que se van a tener en 2020”, explica.

La Circunvalación de Alicante punto y final de la autopista y cuello de botella | E3

En este contexto, precisa que no han pedido ayuda a la corporación provincial, pues el presupuesto del municipio es de 105 millones de euros para 2020, por lo que los ingresos del IBI no tienen “gran repercusión”. “Nuestra postura ahora mismo es bastante neutra. Veremos las ventajas y consecuencias de esta liberalización. Es pronto para saberlo. El tiempo nos dirá en qué lado se posiciona la balanza”, destaca.

Declaración institucional de Vila-real

Por su parte, desde Vila-real (Castellón), Javier Serralvo, portavoz del consistorio, destaca que el fin del peaje supone un mejor acceso para el comercio y las exportaciones y será “una ventaja para los ciudadanos”. Sin embargo, también provocará que el municipio deje de percibir 180.000 euros al año del IBI. Por ello, sumado a gastos como el reciclaje de basuras, han subido este impuesto un 10 %, tras tener su contribución congelada ocho años.

Vila-real reclama medidas como pantallas acústicas para mitigar el impacto acústico y ambiental

Además, señala que se ha producido un incremento del tráfico, sobre todo de camiones, en el paso por la autopista, por lo que han realizado una declaración institucional con el apoyo de todos los partidos del consistorio para reclamar un estudio al Gobierno para mitigar el impacto acústico y ambiental, principalmente a su paso por el paraje protegido del Millars, con medidas como pantallas acústicas.

“En la nacional 340, la que pasa por dentro de Vila-real, ha disminuido el tráfico de camiones, por lo que bajará la siniestralidad. Evidentemente, el tráfico se reduciría más todavía si se hace el acceso directo a la AP7”, subraya Serralvo. Asimismo, anuncia que, junto con otros municipios, están estudiando medidas para que la Diputación de Castellón o el Estado compensen esos ingresos. «Hemos hecho la declaración institucional para ir al Ministerio con la fuerza de todos los partidos”, añade.

La Cámara de Contratistas: «No es un pozo sin fondo»

Por otro lado, para el director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, España tiene “muchísimas necesidades, que son más prioritarias que el pago de infraestructuras”. “Hay que ver si es conveniente que el que usa paga o que paguen todos los contribuyentes», apunta.

En este contexto, subraya que, además del IBI, la concesionaria pagaba IRPF e Impuesto de Sociedades, por lo que “podía suponer unos ingresos a la administración pública por esta autopista de 125 millones de euros anuales”. Por otra parte, señala que la conservación y mantenimiento de la vía corre ahora a cargo del Estado, quien ha sacado tres concursos para ello.

Miñés (Cámara de Contratistas): «Liberalizarla es un tema político; no hay que gobernar para el día siguiente»

“Cada año, nos va a costar a los contribuyentes 54.625.000 euros mantener esta AP7”, sostiene. En este sentido, detalla que para Alicante hay una licitación de 36,7 millones de euros; de 31,5 millones en Valencia; y de 40,9 millones en Castellón, todas ellas para dos años. “Liberalizar una autopista es un tema político. No hay que gobernar para el día siguiente», añade.

En la misma línea, Miñés indica que la Comunitat Valenciana, para mantener la conservación de la Red de Carreteras del Estado, necesita 58 millones de euros. «Hay estudios que cifran que tenemos un déficit de 300 millones para mantenerlas en condiciones óptimas. Si le sumamos que vamos a necesitar otros 54 millones, esto no es un pozo sin fondo”, argumenta.

De esta forma, ayuntamientos y la asociación empresarial muestran su visión de lo que supondrá para ellos la liberalización de la autopista. Con el paso de los meses, los municipios comprobarán con los distintos estudios de cuánto ha sido la reducción del tráfico.