En poco menos de 48 horas, las barreras de la autopista AP7 a su paso por la Comunitat Valenciana se levantarán. Las cabinas dejarán de ser ese  punto de paso obligado, donde el bolsillo actuaba de criterio de selección. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez confirmara que se seguiría adelante con el plan de finiquitar la concesión, las dudas sobre el impacto que va a ocasionar este hecho siguen sin quedar claras, excepto para los transportistas.

Fetrama ha mantenido discurso y ha hecho suyo los posibles beneficios económicos que van a suponer para los profesionales del sector — una media de 2.000 euros por año por transportista. En este sentido, el ministro de Fomento, el valenciano Jose Luis Ábalos, ha apuntado públicamente un hipotético ahorro de 320 millones.

El debate se mantiene vivo, porque la información no ha sido clara nunca. Tampoco ha ayudado el cuentagotas con el que Fomento ha ido históricamente dando los datos de circulación o ingresos se puede comprobar en las hemerotecas y la propia página web del ministerio. Y las pocas luces han derivado en que cada sector interprete cómo va a absorber esta vía la supresión de peajes.

Ábalos en un acto en la CEV. | E3

El último capítulo fue la reciente adjudicación por contrato de emergencia del mantenimiento de la vía durante el periodo de siete meses a Matinsa y Sacyr por 31 millones de euros, prorrogables. El motivo es la falta de acuerdo con Abertis respecto a los trabajadores.

Otro punto problemático es la liberalización sin medidas de choque. La CEV hizo un documento sobre «Prioridades de Infraestructuras de la Comunidad». La propuesta se presentó conjuntamente con el Consejo de Cámaras de Comercio  y el Consell lo suscribió. En él se fija la necesidad de un actuaciones para «atender la demanda».

Se trata de un capítulo de 422 millones. En la lista, está la Ampliación a 3 carriles de la Autovía del Mediterráneo A-7 (tramo Crevillente enlace con la AP-7 – Orihuela/Beneferri), la Conversión de la N-232 en Autovía A-68 – Mejora y Acondicionamiento del Puerto de Querol – Carretera N-232, la Duplicación de la variante de Gandía y la de la carretera N-220, entre Aeropuerto Manises y V-30; así como la conexión viaria de la Autovía de Alicante a Madrid A-31 con la estación AVE de Villena, el Desdoblamiento del tercer carril A7 desde Peaje de San Juan hasta salida de aeropuerto y la Prolongación Autovía CV60 (Gandía-el Morquí) Tramo Terrateig – Enlace A7. Este plan no ha existido si bien, el ministro de Fomento en la recta final de las elecciones hizo varios anuncios.

Sin estudios actualizados

Pero la parte mollar, está en los estudios de tráfico en los dos tramos que afectan a la Comunidad. Ambos se publicaron en el BOE de 26 se septiembre por importe superior a los 320.000 euros y se daba un calendario de fecha de apertura de sobres. Sin embargo, el portal de contratación del Estado no recoge estos expedientes, porque nunca se lanzaron. Los enlaces dan error 404.

A partir de aquí, Fomento ha decidido actuar por la vía de la emergencia y restar importancia a un hipotético colapso viario. El caos que algunos describen no es estructural, sino puntual. En este punto, los empresarios del sector turístico y especialmente la patronal hotelera Hosbec, manifestaron abiertamente el carácter dañino de la medida, sobre todo, para las comarcas alicantinas de La Marina Baixa y Marina Alta.

Ejemplo ilustrativo: cuánto se tarde de Benidorm al aeropuerto Alicante- Elche. En la actualidad, se necesitan unos minutos en recorrer los e kilómetros —más los 6 euros de rigor. Cabe recordar que el peaje se sitúa en San Juan y los últimos kilómetros son libres y que la Circunvalación a Alicante suele estar colapsada a las horas punta.

Fuente: Proyecto de Inteco para Fomento

¿En cuánto tiempo se puede convertir este trayecto para los miles de turistas en verano? ¿Dejará de ser un trayecto cómodo?

En sintonía con este planteamiento se han manifestado tanto la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Alicante, con Gema Amor al frente, y el propio presidente de Provia, Antonio Fernández, quien lo dejó bien claro en las jornadas de Economía 3 sobre los «Retos 2020 para las empresas alicantinas».

En la provincia de Valencia, parece que los problemas se concentran en los accesos a Oliva. En este punto, Fomento sí ha dado pasos claros: la primera fase de la Variante se adjudicó el pasado 26 de septiembre a la UTE Becsa-Copcisa para un plazo de 29 meses por un importe de 23,6 millones. No obstante, hay otros tanto accesos o variantes que siguen un camino incierto o lento como ya publicó este medio en verano.

Informe Ineca

Y nadie puede decir que no se sabía con antelación estos problemas. Ante un escenario de liberalización, en abril de 2018, el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, Ineca, presentó un estudio que analizaba tres hipotéticos escenarios para el 1 de enro de 2020.

Sobre la liberalización el informe apuntó que, además de que el «Estado debería cargar con todos los costes generados del mantenimiento y conservación de la AP-7 ya que los usuarios no abonan tarifa alguna directa por circular. La supresión de los peajes provocará nuevamente una transferencia desde la N-332 y un aumento en los viajes de los usuarios habituales de la autopista como consecuencia de la mejora de la oferta. Al igual que en el resto de alternativas, se adoptará un crecimiento conservador del tráfico del 1% anual y no se tendrá en cuenta la transferencia desde el TRAM, autocar o desde el corredor Alicante-Valencia por el interior«.

Fuente: Estudio de Impacto de la AP7 de Ineca (abril 2018)

«Aunque no se han tenido en cuenta en las estimaciones de tráfico y monetarias, el nuevo contrato de explotación también podría incluir incentivos ligados a la movilidad sostenible como reducción de las tarifas para vehículos eléctricos, vehículos con alta ocupación (VAO), etc», prosigue el estudio.

En el cuadro resumen superior, se veía claramente las consecuencias respecto al traspaso de tráfico y las incógnitas sobre los ingresos necesarios para un mantenimiento estimado en 326 millones por año.

¿Qué datos quedan por conocer?

Las previsiones de transferencia de tráfico parece estar en línea con lo que piensa Fomento, pues en el contrato de concesión de las estaciones de servicio ha previsto un 1,6% de aumento al año. La concesión por cinco años de estos establecimientos está previsto que aporten 14 millones, unos 2,5 por año.

Otra incógnita es cómo van a compensar los ingresos los ayuntamientos costeros por donde discurre la AP7. Los consistorios recibían de Abertis una cantidad en concepto de IBI. Este impuesto local pasó de ser algo testimonial en 2007, cuando finalizó una bonificación del Gobierno Aznar. Las cantidades oscilan entre los 351.000 euros de Oliva a otras muy inferiores. Este municipio en concreto, pidió el auxilio de la Diputación de Valencia; pero lo cierto es que no hay un plan de contingencia al respecto.

Será interesante conocer los dos estudios de tráfico e ir cada puente o festivo a los antiguos peajes, cuando la liberalización sea un hecho.