Dos de los grandes retos del gobierno de coalición son, sin lugar a dudas, pactar la sostenibilidad del sistema de pensiones y derogar la reforma laboral de 2012. Una de las primeras medidas será subir las pensiones un 0,9 % para no pierdan poder adquisitivo en 2020.

Con un déficit del 1,4 % del PIB al cierre de 2018 (17.369 millones de euros) y el fondo de reserva bajo mínimos, la Seguridad Social se enfrenta a un problema financiero desde hace varios años y urge poner en marcha medidas sobre todo antes de que en breve comience a jubilarse la generación del «baby-boom».

Por ello, el nuevo ministro, José Luis Escrivá, deberá plantear y negociar una reforma con los agentes sociales, si bien previsiblemente esperará a las recomendaciones que emanen de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, que retomará sus trabajos próximamente.

Todo ello después de que en la anterior Legislatura y tras dos años de trabajo, saltara por los aires el acuerdo, cuando todos habían logrado ponerse de acuerdo en volver a vincular la revalorización de las pensiones al IPC real.

De momento está suspendida la aplicación del índice de revalorización, que supone una subida del 0,25 % anual mientras la Seguridad Social esté en déficit, y está pospuesta hasta 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que rebaja la cuantía inicial de la pensión al ajustarla a la esperanza de vida.

No obstante, en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos consta que se derogarán legalmente ambas cuestiones, que constituyeron las principales novedades introducidas por el PP en su reforma unilateral de 2013.

Actualización de las bases mínima y máxima de cotización y reforma del RETA

También está entre la prioridades del Ministerio actualizar las bases de cotización a la Seguridad Social, tanto la máxima como la mínima, aunque ésta última crecerá al mismo ritmo que lo haga el salario mínimo interprofesional (SMI), una decisión que en principio será competencia del Ministerio de Trabajo.

Pero no será el único asunto en el que deberán coordinarse el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, ya que probablemente también deberán negociar conjuntamente con las asociaciones de autónomos la reforma del régimen especial del trabajo autónomo, adecuando sus cotizaciones a sus ingresos reales y mejorando su protección.

Lo mismo cabe esperar también que suceda con la reforma del sistema de prestaciones por desempleo o con las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que también se quedan ahora entre ambos Ministerios.

En el ámbito de las migraciones, el reto pasa por gestionar los flujos migratorios, la acogida humanitaria, la lucha contra el tráfico de personas y el impulso de vías legales y ordenadas de llegada al país.

En la carpeta de asuntos pendientes queda el desarrollo del ambicioso plan de retorno «Un país para volver» con medio centenar de medidas para facilitar la vuelta de los emigrantes españoles y favorecer que España se convierta en un lugar atractivo para que puedan desarrollar sus proyectos de vida personales y profesionales.

Derogación de la reforma laboral en un contexto de desaceleración de creación de empleo

La derogación de la reforma laboral de 2012 es uno de los principales puntos del acuerdo para el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos que tendrá que afrontar la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un contexto de ralentización de la creación de empleo.

Con casi 19,9 millones de ocupados, pero sin haber recuperado aún los niveles de empleo previos a la crisis, el mercado laboral español se enfrenta a un enfriamiento, en línea con la desaceleración económica.

La primera medida que tendrá que abordar Díaz será previsiblemente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, ya que en el acuerdo de Gobierno solo aparece el compromiso de elevarlo al 60 % del salario medio neto al cierre de la Legislatura, una cifra sobre la que ni siquiera hay consenso, ya que, según la fuente, se calcula en entre 1.000 y 1.200 euros mensuales.

La CEOE se muestra reticente a una nueva subida, tras el alza del 22,3 % de 2019 que cree que ha contribuido a frenar el empleo.

Respecto a la reforma del PP de 2012, el acuerdo de Gobierno sugiere que se derogará en su totalidad, con el compromiso de recuperar con urgencia la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa y la vigencia indefinida de los convenios (ultractividad).

El texto también habla de eliminar inmediatamente el despido por bajas reincidentes en un periodo de tiempo determinado, que recientemente había sido avalado por el Tribunal Constitucional.

Nuevas formas de trabajo, digitalización, robotización y economía verde

En paralelo se tendrá que abordar una reforma del Estatuto de los Trabajadores que contemple las nuevas formas de trabajo fruto de la digitalización, la robotización o la economía verde.

Todo ello en un contexto de moderación del empleo, que crece a una tasa inferior al 2 % anual y ha ido perdiendo impulso tras la recuperación que le llevó a crecer al 3 % en 2015, además de mantener algunas disfunciones, entre ellas, la elevada temporalidad (26,6 %), una tasa de empleo a tiempo parcial (14 %) que es mayoritariamente indeseado y un nivel de desempleo del 13,9 %, el segundo más elevado de la UE.

Otra de las reformas es la del sistema de protección por desempleo. Para ello, la ministra tendrá que volver a reunirse con los agentes sociales y comunidades autónomas para poner orden definitivamente en esta de red de ayudas en todas las administraciones.