Acció Ecologista-Agró ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica (Vicepresidencia para la Transición Ecológica en el nuevo Gobierno de Sánchez) la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación del puerto de València al considerar que está «totalmente obsoleta».

El colectivo ecologista afirma que el Ministerio debería haber actuado de oficio respecto a la DIA, aprobada en 2007,al haber quedado «obsoleta» por las modificaciones posteriores del proyecto de ampliación y la entrada en vigor de nueva normativa medioambiental.

Acció Ecologista-Agró, favorable a la paralización de la ampliación norte del puerto, ha denunciado «el oscurantismo» de la Autoridad Portuaria de Valencia al «no facilitar la información solicitada» por la Comisión Ciudad-Puerto, de la que la organización forma parte.

Asegura en un comunicado que, en caso de ejecutarse la ampliación sin una nueva DIA, las medidas preventivas, correctoras o compensatorias del proyecto serán «completamente insuficientes», especialmente en lo referido al parque natural de la Albufera, Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Además, pide a Transición Ecológica que el Ministerio de Fomento someta los instrumentos de planificación portuaria actualmente en trámite, como ocurre con el Marco Estratégico del Sistema Portuario Estatal, a evaluación ambiental estratégica, tal como obliga la Ley de Evaluación Ambiental.

En el contexto actual de emergencia climática, es «inapropiado» que la Autoridad Portuaria de Valencia esté «estimulando» la puesta en marcha de proyectos con evaluaciones de impacto ambiental «a punto de caducar» y anteriores a la ley vigente, añaden.

AE-Agró ha requerido al Ministerio información sobre los planes de vigilancia ambiental de la DIA, así como el Plan Estratégico 2001-2015 y 2010-2020, el Plan Director de Infraestructuras y los planes de empresa de 2009 a 2019 a la Autoridad Portuaria.

Sospecha que la Autoridad Portuaria «podría estar incumpliendo» la obligación legal de disponer de una figura de evaluación ambiental aprobada por la administración ambiental competente, motivo por el que «deniega» el acceso a la información pedida.