Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló acordaron confeccionar un mapa de las necesidades en materia de infraestructura sociales de los municipios castellonenses, a fin de afrontar actuaciones coordinadas y evitar la duplicidad de esas acciones, lo que permitirá acabar con las competencias impropias asumidas hasta ahora por la institución provincial. La primera esas medidas llevará a la Generalitat a asumir la gestión del Centro de Recepción y Acogimiento -de menores- de Penyeta Roja.

El presidente de la corporación provincial, José Martí, y la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, anunciaron ayer tras la reunión la creación de una Mesa Técnica de Coordinación y Cooperación Social Generalitat-Diputación de Castelló y la elaboración de un protocolo que sirva de base a ambas instituciones y a la mesa técnica a la hora de abordar las necesidades en materia de infraestructuras y coordinar las acciones a acometer y las inversiones.

Martí resaltó la relevancia del encuentro “porque es el ejemplo de lo que ya nos comprometimos en la toma de posesión de avanzar en la coordinación con la Generalitat”. Y esta propuesta se concreta hoy “en un tema fundamental como los servicios sociales”.

Al margen del protocolo ya hay pasos concretos, como la incorporación a los presupuestos de la Diputación de Castelló de la partida necesaria –cerca de 1,6 millones de euros– para asumir el año que viene los costes de personal de los equipos sociales base de los ayuntamientos de menos de 6.000 habitantes, aplazándose para 2021 los de localidades de 6.000 a 10.000 habitantes.

Oltra agraeció la colaboración de la Diputación y ha destacado que desde ambas instituciones y junto a los ayuntamientos “apostamos por el trabajo conjunto de las administraciones como una sola, poniendo en el centro a las personas para que la ciudadanía tenga los mismos derechos viva donde viva”. El objetivo, ha señalado, es consolidar un sistema “ordenado, planificado y organizado” que tiene como hoja de ruta la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de febrero de 2019.

La vicepresidenta puso de relieve que el acuerdo Consell-Diputación de Castelló  servirá para “poner orden” en aquellas materias de carácter social en las que comparten competencias. Algo que se podrá hacer de acuerdo con “un mapa de necesidades para crear recursos en aquellos municipios donde existe menos oferta para las personas más vulnerables”. Al elaborar ese mapa se han aplicado  criterios objetivos que responden “a una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios sociales”.