La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha impulsado el desarrollo de un protocolo dirigido a los y las profesionales del sistema de protección de la infancia y adolescencia, para que cuenten con un protocolo que les ayude en la detección de situaciones de riesgo y desamparo que puedan padecer niños, niñas y adolescentes.

Este protocolo se va a desarrollar a través de un convenio entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a través de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, y la Universitat de València (UV), según ha explicado la secretaria autonómica de Asistencia Primaria y Servicios Sociales, Helena Ferrando. 

A este respecto, Ferrando ha destacado la importancia de impulsar «actividades de investigación, divulgación y transferencia de conocimiento dirigidas a mejorar la eficacia de la atención que se presta a los niños, niñas y adolescentes protegidos o en conflicto con la ley», y ha añadido que con este protocolo se pretende «garantizar su derecho a recibir una atención de calidad en los servicios públicos».

«Una vez finalizado el proyecto, que tendrá varias fases, -ha precisado la secretaria autonómica- la Conselleria contará con un sistema único y objetivo de evaluación de este tipo de situaciones, que favorecerá la implementación de programas adecuados a las necesidades de cada situación». 

Ferrando ha explicado que este instrumento de evaluación «será utilizado por los y las profesionales que trabajan con estos niños, niñas y adolescentes, especialmente los que lo hacen a través de los servicios sociales de atención primaria», que son aquellos que se encuentran en los ayuntamientos.

El proyecto incluye la puesta en marcha de este sistema de evaluación y la formación de las personas profesionales en la utilización de esta herramienta

La secretaria autonómica ha incidido en la importancia de que la Generalitat se dote de instrumentos como este protocolo, en cumplimiento de la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia, que reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una atención de calidad en los servicios públicos.

En este sentido, ha explicado que, desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia, se ha considerado la conveniencia de «promover la realización de actividades de investigación, divulgación y transferencia del conocimiento orientadas a mejorar la eficacia de la atención que se presta a los niños, niñas y adolescentes protegidos o en conflicto con la ley, con la finalidad de garantizar su derecho a recibir una atención de calidad en los servicios públicos». 

Ferrando ha resaltado la conveniencia de que este protocolo se vaya a poner en marcha en colaboración con la Universitat de València y a través de la cátedra Luis Amigó, que cuenta con una larga trayectoria en la atención a la infancia y adolescencia en situación de riesgo.