Cerca de 300 empresas de la Comunidad Valenciana tendrán que presentar obligatoriamente el informe de información no financiera, según anunció el presidente del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunitat Valenciana, Rafael Nava. 183 de estas compañías corresponderían a Valencia, 65 a Alicante y 37 a Castellón.

Están obligadas a presentar este informe las empresas con un número de empleados superior a 500 o que, con independencia de su tamaño, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: activo, cifra de negocios o número medio de trabajadores superior a 20 millones de euros, 40 millones de euros y 250 empleados, respectivamente.

Por otro lado, en el informe anual de gobierno corporativo, que publican las sociedades anónimas cotizadas, será necesario incluir la difusión de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a sus consejos de administración, en temas como la edad, el género, la discapacidad, la formación o la experiencia profesional.

“La Ley de Información No Financiera, aprobada por el Congreso de los Diputados el 28 de diciembre de 2018, obliga a estas empresas a presentar este informe, que tiene como objetivo medir, supervisar y gestionar el rendimiento y el impacto de las compañías en cuestiones sociales, medioambientales y relativas al personal, brecha salarial, respeto de los derechos humanos, asuntos relativos a la lucha contra la corrupción y el soborno”, ha aclarado Rafael Nava.

Las entidades afectadas tendrán que preparar un Estado de Información no Financiera (EINF) que contenga los datos para comprender la evolución, los resultados y la situación de la entidad y el impacto de su actividad respecto de las mencionadas cuestiones. Los indicadores utilizados deben cumplir la directrices de la Comisión Europea en esta materia, así como los estándares de Global Reporting Iniciative (GRI).

Nava mostró su preocupación por la existencia de prácticas poco rigurosas detectadas en la elaboración y en la verificación de esta información. “La información no financiera debe elaborarse siguiendo los estándares internacionales adecuados. Sólo así seremos capaces de generar en estos temas la confianza que la Sociedad nos está exigiendo”.

La falta de presentación de este informe podría suponer la no inscripción en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y el resto de información que las entidades están obligadas a depositar, con el consiguiente perjuicio para la entidad y sus administradores.

“La veracidad de esta información tendrá que ser objeto de verificación por un experto independiente, por este motivo, los auditores estamos preocupados por la falta de rigurosidad en la elaboración y en la verificación detectada en algunos informes publicados”, destacó Rafael Nava.