Mujeres al Timón
«Los economistas de la Comunitat Valenciana ven con cautela y con cierto pesimismo la evolución de la economía valenciana y del conjunto de España», tal y como ha explicado Jaime Querol, decano del Colegio de Economistas de Castellón durante la presentación de la vigésimo tercera edición de «Los economistas opinan».
Querol ha estado acompañado en la presentación de los resultados de dicha encuesta por los decanos de los Colegios de Economistas de Alicante y Valencia, Francisco Menargues y Juan José Enríquez, respectivamente.
Esta tendencia pesimista que refleja «Los economistas opinan» es más evidente en la previsión para los próximos seis meses. Según los resultados de la encuesta, la economía de la Comunitat Valenciana volverá a caer en suspenso en el próximo informe, con una nota de 4,96. La economía española registrará también una importante caída y se situará en el 5,01, con un aprobado muy justo.
En cuanto a los problemas que los economistas atribuyen a la economía valenciana se encuentran la inadecuada dimensión y estructura de las empresas valencianas, la tecnología y las infraestructuras y las comunicaciones. «Se está aparcando la lacra del paro, que se ha situado en la segunda opción y el problema del agua», ha matizado Querol. Lo más llamativo es el crecimiento de la evolución de la demanda como problema (49,01%) que pasa a situarse muy cerca de las tres primeras opciones y constituye un indicador más del pesimismo acerca de la próxima evolución de la economía.
Problemas como los costes laborales, el precio de los combustibles y la escasez en el abastecimiento de agua, se sitúan muy lejos de los nombrados anteriormente.
En el apartado de actualidad, los economistas de la Comunitat Valenciana observan con escepticismo las posibles nuevas medidas que puede llevar aparejada la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2019, como el posible aumento del salario mínimo, el incremento en el tope de las cotizaciones sociales, la creación de nuevas tasas sobre transacciones financieras y servicios digitales, el incremento del impuesto del gasóleo o el IRPF de las rentas más altas y de capital.
En una escala de 0 a 5, los encuestados entienden que en cuestiones como la demanda interna (2,37) y las finanzas públicas y los objetivos de déficit (2,34), los efectos no van a ser significativos y valoran de manera más negativa sus consecuencias sobre la confianza de la economía en general (2,06), la competitividad de las empresas (1,80) y la creación de empleo (1,68).
Ante esta cuestión, Querol ha puntualizado que la demora en la presentación y aprobación de los presupuestos del Estado «está haciendo mella en el sentimiento de la economía». A este respecto, Enríquez ha incidido en que «la incertidumbre genera una situación de impasse y de dudas que es muy negativo para la economía».
Por otra parte, ocho de cada diez economistas entiende que el traslado de empresas desde Cataluña ha producido efectos significativos en la Comunitat Valenciana. Casi la mitad, un 48,80% afirma que han sido importantes y un 29,76% considera que ha tenido un efecto moderado. Solo un 1,77% de los encuestados atribuye escasa importancia a este hecho derivado del proceso independentista.
Si analizamos los datos por provincias, destacan los resultados de Castellón, donde un 64% considera que ha tenido un efecto muy importante. Esto se ha debido, en opinión de Querol, «a la cercanía geográfica con Cataluña, sobre todo la parte norte de la provincia».
Las otras dos preguntas de actualidad que han respondido los encuestados se refieren a dos polémicas generadas recientemente. La primera es la venta de armas a Arabia Saudí, tras los embargos por la muerte de un periodista de esta nacionalidad en el consulado de Estambul. La mayoría expresa sus dudas acerca de este acuerdo, entendiendo que, en este tipo de negociaciones, hay que ponderar adecuadamente el daño causado (36,67%) o directamente abogan por no vender armas atendiendo a consideraciones éticas (31,37%). Las opciones de que debe valorarse especialmente los contratos (16,04%) y que la venta de un material o equipo no hace responsable al vendedor (15,92%) son minoritarias.
La segunda se refiere al proyecto de instalación una planta de almacenaje y traslado de productos petrolíferos y gas licuado en el Puerto de Alicante que ha generado controversia por su cercanía a barrios densamente poblados de la ciudad y a las propias infraestructuras deportivas y de ocio del puerto. Los economistas mantienen una valoración media con una nota de 2,38 al proyecto. Los alicantinos, principalmente afectados por la instalación, son los más críticos con un promedio de 2,17 y un 36% que observa principalmente efectos negativos.
