Manuel Cabrera, delegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia ha avanzado que se multará con 150.000 euros “a quien produzca o use software de gestión empresarial que favorezca la doble contabilidad en la empresa”. Así lo ha explicado en una jornada organizada por PwC, en la que profesionales de PwC Tax & Legal Services han repasado los principales aspectos legales y fiscales de las transacciones corporativas.

Según el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal se perseguirá el uso o producción de software que no cumpla los requisitos de integración, continuidad y trazabilidad de los registros que exige la Agencia Tributaria y que, por tanto permita la manipulación de datos contables y de gestión.

Manuel Cabrera, asegura que la agencia busca establecer una “relación cooperativa con las empresas”. Así ha destacado que en la medida que las empresas ofrezcan “total transparencia” a la Agencia Tributaria, entre otros mecanismos mediante el suministro inmediato de información, la Agencia se mostrará abierta a aportarles la información que de ellas dispone “les abriremos nuestros propios ordenadores, podrán conocer las imputaciones de terceros, las salvaguardas que se establezcan… y además les estamos reduciendo al máximo el tiempo de las devoluciones de IVA”, ha concretado.

En su objetivo de luchar contra el fraude ha mencionado que desde septiembre de 2017, 53 países intercambian información financiera de forma automática y estandarizada sobre las cuentas bancarias de los no residentes. Así, la Agencia tiene constancia de 1,6 millones de registros de españoles con titularidad financiera fuera de España por importe de 457.000 millones de euros. “Solo con dar a conocer este sistema de intercambio de información, este colectivo ha aumentado un 25% su base imponible”, ha recalcado.

En cuanto a las posibles modificaciones legislativas que pueden venir por la vía de la Ley de Presupuestos, si finalmente salieran adelante, o por otros vehículos normativos ha destacado: el final de la exención del 100%, al gravar con el 5% los dividendos y las plusvalías que las empresas traigan de fuera y la rebaja del impuesto de sociedades para las compañías que facturen menos de un millón de euros, al pasar de un tipo del 23% frente al general del 25%.

Además, ha resaltado tres anteproyectos de Ley que podrían entrar en vigor en el primer trimestre del año. Así ha comentado un nuevo gravamen del 3% a determinados servicios digitales entre ellos la publicidad en línea (online), la intermediación y la venta de datos a partir de información proporcionada por el usuario.

Respecto al impuesto a las plataformas de intermediación, entre ellas Amazon, Cabrera ha concretado que “está concebido con el objetivo de que paguen impuestos donde están generando beneficios, donde se produce el valor, en este caso España”. “Se gravará cuando se vende el producto de otros, no cuando vendan un producto propio”, ha señalado.

Por otro lado, ha detallado la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras (‘Tasa Tobin’). El impuesto gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, lo que afecta según Cabrera a 65 compañías españolas.

Por último, se ha referido al anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que además de perseguir el software que permita la manipulación, comprende “combatir los nuevos modos y fórmulas de fraude fiscal”; la “lucha contra los comportamientos inadecuados de grandes empresas”; el “control de las criptodivisas: informar sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales”; “la prohibición por ley de amnistías fiscales para que nunca vuelvan a haber regulaciones fiscales en nuestro país”; “la actualización y ampliación del listado de paraísos fiscales” o “la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas”, ha resumido Cabrera.

“Cuanto más reducido es el uso de efectivo menor fraude fiscal”, ha subrayado. Por ello se reducirá de 2.500 a 1.000 euros el efectivo en operaciones entre empresarios, aunque se mantendrá el límite de 2.500 euros si interviene un particular.

Además, este anteproyecto contempla que formen parte del listado de morosos que publica la Agencia dos veces al año, los deudores a partir de 600.000 euros y que se incluyan, además de los deudores principales, los responsables solidarios.