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¿Preparados para la subida de impuestos?

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Socio Área Fiscal
Deloitte Legal

Dijo Luidwig Heinrich Edler Von Mises allá por el siglo XIX, que “todo el sistema de impuestos de una nación se invalida a sí mismo por encima de una cierta tasa de impuestos”. Y en este momento, convendría parar y reflexionar sobre si el actual sistema impositivo español, con sus tributos estatales, autonómicos y locales, ha superado ya dicha tasa de impuestos o bien lo hará en caso de aprobarse finalmente todas las modificaciones normativas que se han ido publicando en los últimos meses y que parecen haber cogido impulso tras las vacaciones parlamentarias.

Así, con el loable propósito de aumentar el gasto social, se viene hablando de elevar el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF, la tributación de la banca o de las transacciones financieras, la del ahorro, la de los carburantes, las cotizaciones sociales, etc., para avanzar así en la mejora del “Estado del Bienestar”, pero con el peligro de que finalmente solo se consiga aumentar el “bienestar del Estado”, caso de no gestionarse adecuadamente los tributos recaudados.

Impuesto sobre Sociedades e IRPF
Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, las medidas que se han venido anunciando están dirigidas a ensanchar aún más la base imponible, probablemente eliminando o limitando ciertas exenciones, como por ejemplo la aplicable a los beneficios obtenidos en la transmisión de la participación en otras entidades, así como al establecimiento de un tipo mínimo del 15 % sobre el resultado contable, reduciendo más si cabe el derecho al aprovechamiento de base imponibles negativas generadas en ejercicios anteriores (en los años de crisis, básicamente).

También se viene hablando de crear un tipo impositivo nuevo (ya aplicado por nuestro Consell en el tramo autonómico), en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las rentas más altas, que parece que van a definirse como aquellas que superan los 140.000 euros, de modo que el tipo máximo del IRPF aplicable a los rendimientos del trabajo, a los rendimientos procedentes del desarrollo de actividades económicas y profesionales, a las rentas procedentes de inmuebles, podría llegar a alcanzar el 52 %.

A ello hay que añadir el posible incremento de los tipos del ahorro, que ahora se sitúan en el 19-23 %, y que podrían subir hasta el 30 %.

Se ha anunciado también la posible reforma del régimen fiscal de las Sicav y de las Socimi, productos financieros aprovechados fiscalmente “por los ricos” para reducir su factura tributaria, existentes también en países de nuestro entorno, que probablemente ganarán atractivo frente a España a la hora de atraer inversiones, incluyendo las que puedan fugarse de nuestro país, que generan riqueza (también para el país) y por tanto empleo y, con ello, mayor recaudación tributaria.

Estos posibles cambios, unidos a otros de los que se viene hablando, como el gravamen a las transacciones financieras, a la tasa Google, al aumento de los impuestos aplicados al diésel, alza de las cotizaciones de los autónomos, eliminación de los topes de las cotizaciones sociales, etc., se justifican por el Gobierno a través de una teórica armonización con la presión fiscal existente en otros países desarrollados, en la medida en que en España la presión fiscal “está muy por debajo de la media comunitaria”, según afirmaba recientemente la ministra de Economía, Nadia María Calviño.

Presión fiscal
La presión fiscal de un país, habitualmente, viene expresada como la relación entre ingresos fiscales y el Producto Interior Bruto (PIB); es decir, el porcentaje del PIB que los ciudadanos destinan al pago de impuestos. De este modo, no mide individualmente lo que paga cada sector de la población, ni tampoco si los impuestos se pagan de forma justa y equitativa.

De lo que no cabe duda es de la fuerte correlación existente entre el PIB per cápita e ingresos públicos per cápita, de modo que una reducción de la tasa de desempleo incrementaría tanto el PIB como la recaudación tributaria.

Tampoco parece discutible que el afloramiento de la economía sumergida, de las bolsas de fraude existente, conllevaría un incremento de dicha recaudación, sin necesidad de incrementar la presión fiscal sobre aquellos contribuyentes que actualmente ya están soportando una elevada carga impositiva.

No es cierto, por tanto, que la única vía para aumentar la recaudación tributaria en España, que financie un incremento del gasto social, sea elevar los tipos impositivos de los impuestos ya existentes, ni tampoco comenzar a gravar nuevas actividades económicas a través de creativas figuras impositivas.

Aflorar el fraude
¿No debería el Gobierno (este o cualquier otro) centrarse en acometer políticas que permitan aflorar y gravar las bolsas de fraude existente; en crear un marco que favorezca e incentive la inversión de las empresas, la contratación de trabajadores por estas, reduciendo así la tasa de desempleo, en lugar de optar por subidas de impuestos que afectan a contribuyentes que ya están cumpliendo legalmente con sus obligaciones tributarias?

Como acertadamente señaló Larry Summers, “ya que los impuestos desincentivan ciertos comportamientos, ¿por qué los aplicamos a cosas buenas como el trabajo o la inversión?”. ¿Pueden estas modificaciones normativas desincentivar la inversión?, ¿provocarán una fuga de capitales de nuestro país?

Continuar con esta senda de presión fiscal al contribuyente (ya sea trabajador, profesional, empresario o inversor), supone dar la razón a Henry Hazlitt, cuando afirmó que “los gobiernos son incapaces de darnos algo sin despojarnos de algo más”. Por ello, espero (deseo) que muchas de estas anunciadas reformas impositivas no acaben finalmente entrando en vigor.

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