La Generalitat destina 18,8 millones para la mejora de los sistemas informáticos

El Consell ha autorizado la contratación del soporte y mejora de las aplicaciones destinadas a la gestión económico-financiera de la Generalitat, así como los sistemas informáticos que permiten prestar servicios en materia de intervención, tesorería, patrimonio, nóminas, fondos europeos, contratación y sistemas comunes de Hacienda y contable, lo que se conoce como DESIGHA II. El coste máximo estimado para los próximos cuatro años se eleva a 18,8 millones de euros.

El contrato, que estará cofinanciado hasta un máximo del 50% por el Fondo Feder, servirá para garantizar el desarrollo de las aplicaciones informáticas necesarias para los procedimientos y tareas administrativas de la Generalitat en materia de Hacienda.

El plan se ha dividido en cinco lotes,  con el objetivo de fomentar la concurrencia de pymes TIC. Los lotes más reducidos también permiten reducir la solvencia requerida a las empresas que liciten.

Lotes

El primero de los lotes va dirigido específicamente al sistema contable de la Generalitat y los organismos autónomos, con el fin de ofrecer un servicio transversal a toda la Generalitat para la gestión de su presupuesto.

Un segundo lote se destina a sistemas de información de la intervención, tesorería y patrimonio. Para hacerse una idea del alcance y volumen de estos departamentos, basta señalar, como ejemplo, que el Registro de Facturas de la Generalitat tramita en torno a 600.000 facturas electrónicas anuales.

Un tercer lote va destinado al desarrollo de sistemas de gestión de nóminas de alrededor de 75.000 funcionarios de diferentes colectivos, como es el personal docente de los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria, el personal de la administración de Justicia y el personal de la Administración General de la Generalitat y sus organismos autónomos.

El lote cuarto va destinado al desarrollo de servicios para la gestión de fondos europeos y contratación, mientras que se ha establecido un quinto lote para otros servicios comunes de la Conselleria de Hacienda, como las integraciones requeridas con otras Administraciones Públicas, especialmente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Coste dinámico

El DESIGHA II entrará en vigor en enero de 2019, cuando finaliza el actual contrato. El coste estimado para este primer ejercicio es de 3,4 millones, sin IVA. Teniendo en cuenta que el periodo de vigencia de este contrato es de dos años, prorrogables por otros dos, así como las posibles modificaciones, el valor estimado para cuatro años es un máximo de 18,8 millones.

Precisamente, otra de las novedades introducidas en este nuevo contrato de servicios es el coste dinámico de esta contratación, que va a permitir que, a pesar de que se estima un gasto para cada uno de los lotes, si los proyectos inicialmente estimados finalmente no son ejecutados o no se desarrollan, el presupuesto no se consume.

Esto es así porque se ha tenido en cuenta que la ejecución de los proyectos dependerá de las necesidades que surjan, teniendo en cuenta, por ejemplo, que pueden producirse cambios normativos que afecten a estos servicios.

Además, cabe destacar que se han introducido medidas encaminadas a mejorar la calidad del servicio mediante la implantación de indicadores que permitirán conocer el grado de satisfacción del cliente. También se contempla el desarrollo de un plan de calidad y mejora continua para la gestión de estos servicios y aplicaciones informáticas.

Obligaciones de carácter social

El contrato incorpora también obligaciones de carácter social para las empresas contratistas, como la inclusión de medidas para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Entre otros requisitos, la empresa deberá contar con un plan de igualdad que garantice el mismo acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, formación, retribución, ordenación de la jornada y estabilidad laboral. También deberá contar con un protocolo de prevención contra el acoso.

Otro requisito es que las empresas adjudicatarias no realicen operaciones financieras en paraísos fiscales que sean delictivas, como blanqueo de capitales o fraude fiscal. Además, como medidas esenciales, se exige el cumplimiento con las obligaciones medioambientales, sociales y laborales fijadas por ley.