Puig pide que Europa garantice que el Mediterráneo no sea un cementerio

No se trata ahora de poner más parches, sino de hacer una política estructural que, en definitiva, garantice que el Mediterráneo no se convierta en un cementerio, ha afirmado Ximo Puig en la reunión de valoración de la operación Esperanza del Mediterráneo. El president de la Generalitat aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo realizado por funcionarios de las administraciones y ONG’s, «que han dado lo máximo de sí mismas, como instituciones y como personas».

Puig ha añadido que “Europa tiene que poner en su agenda prioritaria una respuesta humanitaria, basada en las raíces de las instituciones europeas, para superar esta situación”.

Hoy se reúne la Comisión Mixta de Seguimiento para abordar la segunda fase de la operación, ya que, como señaló el president, «no todo comienza ni acaba en el Aquarius«, pero ha reconocido que el buque “ha sido un elemento fundamental de visualización de un gran problema, pero la solidaridad no acaba” tras su desembarco.

En la reunión también ha estado presente la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y responsables de las conselleries de Justicia, Educación y Sanidad, así como el alcalde de València, Joan Ribó yrepresentantes del resto de instituciones que participaron en la operación, desde las fuerzas de seguridad hasta organizaciones como la Cruz Roja.

Mónica Oltra ha explicado que la Conselleria de Igualdad ha trabajado especialmente atendiendo a los 129 menores no acompañados, colectivo en el que se ha hecho un especial esfuerzo de “cuidar el factor humano”, algo que, según la vicepresidenta, es “una de las cuestiones que ha distinguido al operativo”.

Además, la vicepresidenta ha destacado el trabajo realizado por la Conselleria de Sanidad, en el que ha subrayado “una capacidad de adaptación magnífica” al afrontar un total de 122 atenciones hospitalarias.

La Conselleria de Justicia, ha apuntado Oltra, movilizó a 70 juristas, además de a personal de traducción jurada, para “atender la garantía de derechos de las personas migrantes” durante el proceso de llegada, y la de Educación coordinó a cerca de 900 personas traductoras voluntarias.