Socio. Tomarial Abogados y Asesores Tributarios

¿Es necesaria una nueva Ley de Juego en la Comunidad Valenciana? Y si la respuesta fuese positiva, ¿es el Anteproyecto de Ley, actualmente sometido a información pública, lo que necesita el sector del juego de la Comunitat en el momento presente?

Una primera opinión apresurada puede sugerir que sea esta una reforma necesaria, porque la vigente es una Ley de edad avanzada. Y desde que se promulgó, el sector ha experimentado cambios radicales, que han supuesto una completa reformulación de los juegos tradicionales.

La aparición de nuevas modalidades, como las apuestas, que han atraído poderosamente a capas de población muy joven; los medios electrónicos para comercializar la oferta, que permiten acceder al juego desde cualquier ubicación; y la aparición del sector público estatal en la regulación del juego privado, hasta ahora asumido competencialmente como un ámbito reservado a las comunidades autónomas -lo que implica un absoluto cambio en algunos ámbitos, como la publicidad-, han supuesto un profundo cambio en el paradigma del juego privado, que los operadores ven con preocupación.

Sin embargo, la respuesta que dan los empresarios de los distintos sectores a las dos preguntas planteadas al inicio es distinta: si la nueva Ley que se proyecta no mejora el escenario actual, no es necesaria. Con esta contundencia se manifestaron los participantes de la mesa redonda organizada, el pasado 19 de octubre, por Tomarial Abogados y Asesores Tributarios, junto con Economía 3, sobre este Anteproyecto de Ley.

Una norma que nace desfasada
Existe un consenso general en que la Ley se ha quedado antigua antes de salir; en especial, respecto a los aspectos regulatorios tecnológicamente más avanzados y singularmente en la regulación de los juegos por medios telemáticos.

La regulación propuesta es muy rígida y no resultará fácil adaptarse para competir con las plataformas implantadas al amparo de la normativa estatal, mucho más avanzada a pesar de ser siete años más antigua.

Parece más una Ley destinada a protegerse de los efectos competitivos de la norma estatal, que ambiciosa en la regulación del futuro del sector, lo que genera una difícil posición en el mercado de los operadores autonómicos frente a los operadores de ámbito nacional.

Es una muestra de la falta de calidad normativa de la Ley, circunstancia que todos los participantes pusieron de manifiesto en diversos aspectos de la misma, que incluye la propia justificación de la oportunidad de la norma a la que antes aludía.

La gran asignatura pendiente del sector, que es la normalización social, no ha sido adecuadamente protegida en el texto debatido, que sigue sin asumir que el juego es una opción de ocio asumida con naturalidad por muchísimos usuarios. El anteproyecto pone de manifiesto algunos “tics” que preocupan a los operadores, en cuanto evidencian una visión poco acorde del juego como realidad social.

Tampoco aprovecha la oportunidad para mejorar y simplificar los trámites administrativos y la respuesta a los ciudadanos y empresas, en especial en el ámbito de la homologación y los avales.

E introduce restricciones en el ámbito de los órganos colegiados y en el régimen jurídico de las acciones de las empresas, que resultan difícilmente comprensibles en cuanto a su oportunidad y poco meditadas en atención a los problemas que pueden generar en el normal desarrollo de la vida societaria.

Penalización tributaria
Pero el gran error está, una vez más, en el régimen fiscal aplicable a esta actividad. Aquí es donde se evidencia con más claridad la falta de normalización social a la que aludieron los participantes.

Parece reivindicar aquella caduca tesis sobre la necesidad de imposición adicional del juego en aras a prevenir los eventuales problemas que pudiera generar en determinados grupos sociales, que creíamos ya superada, por errónea.

Y, una vez más, desaprovecha la oportunidad de corregir algunas injusticias históricas (tributarias), como el tratamiento fiscal del bingo, lo que podría ser la puntilla para un sector intensivo en empleo e ingresos tributarios.

Por su parte, el tratamiento fiscal de las máquinas recreativas retraerá la inversión para la modernización del parque, por su corta visión de los avances tecnológicos y los hábitos de los jugadores. Y los casinos también reciben un cambio en la estructura impositiva, cuya motivación no se acierta a entender.

Todo ello evidencia, en opinión de todos los intervinientes, un notable y preocupante desconocimiento de la realidad económica del sector del juego.

En resumen: ¿para qué hacer una ley nueva que no va a mejorar el entorno regulatorio actualmente vigente? No es oportuna, ni necesaria, ni acertada, ni conveniente. Un error de fondo que, esperemos, se vea atenuado en el que se prevé laborioso proceso de su tramitación. Aunque, vista la magnitud del rechazo que suscita, sería conveniente pensar de nuevo cómo afrontar el juego del siglo XXI lejos de los estereotipos del siglo XX.