Más de 150 personas se dieron cita en el  primer Encuentro Nacional de Mediación organizado por Suma Gestión Tributaria. Durante la jornada se analizaron las ventajas de la mediación en la resolución de conflictos en las organizaciones, una fórmula alternativa que, según los expertos, podría llegar a reducir un 60% la judicialización de estos conflictos con el consiguiente ahorro y mejora de la eficiencia.  La  jornada, que se celebró en el Ayuntamiento de Benidorm, estuvo presidida por su primer edil Toni Pérez. El director de Suma Manuel Bonilla fue el encargado de moderar el debate entre ponentes.

Entre las principales conclusiones, estuvieron las apuntadas por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Vicente Magro, quien destacó que “estamos en un momento en este país en el que hace falta más que nunca la mediación”. “Mediación es preguntarnos en qué hemos fallado, en qué no hemos tenido razón, en qué tiene razón la otra parte y ver cómo podemos hacer para resolver el conflicto. Pero, para ello, necesitamos un mediador, alguien con liderazgo que siente a las partes para analizar los distintos puntos de vista y negociar las posibles soluciones”, añadió. Magro, queincidió en el tiempo, el dinero y la productividad que se pierde con el conflicto y la confrontación, ha destacado que “necesitamos que nos abran los ojos en la política, en la empresa y la administración y que nos quiten el orgullo de que tenemos la razón. El orgullo de la razón impide la mediación”.

No obstante, pese a todas sus ventajas, la mediación en España “todavía sigue siendo una gran desconocida”. Así lo indicó el ex coordinador de la Unidad de Derecho Concursal, Arbitraje y Mediación del Ministerio de Justicia y actualmente subdirector de Normativas de la Marina Mercante, Julio Fuentes, quien señaló que “las empresas se deterioran por conflictos que pueden evitarse con la mediación, una fórmula más eficiente que tiene menores gastos que un arbitraje o un litigio”. De igual manera, añadió, “la Administración tiene que dar una vuelta a la forma en la que está trabajando a la hora de gestionar sus recursos y expedientes para no llegar a colapsarse e incurrir en gastos que podrían evitarse”. A este respecto, apostó por impulsar instituciones profesionales de mediación, ya que en su opinión “sería un error que las organizaciones quisieran dotarse de servicios propios de mediación”.

En este sentido, el abogado y miembro de la Junta de Gobierno del ICALI Miguel Ángel Martínez, puso sobre la mesa la profesionalización del mediador, como figura formada, especializada y responsable de “estudiar a fondo el conflicto, sentar a las partes y aportar las soluciones alternativas al litigio”. Centrándose en mayor medida en las administraciones públicas, el titular del Bufete G. Iturmedi y Asociados, Gonzalo Iturmendi, destacó que la “falta de cultura de la mediación deriva en un agravamiento de los conflictos a todos los niveles”, lo que va directamente en contra de su mandato de “ser más eficientes y ofrecer servicios de más calidad a los ciudadanos”. “La mediación es Justicia, que no judicialización”, apuntó.