Cerca de 70 profesionales del sector energético se han reunido en Valencia en la jornada para analizar el último Real Decreto sobre Eficiencia Energética, la trasposición de la Directiva de la Unión Europea de 2012 sobre la materia, organizada por Avaesen e InnDEA Valencia.

Una de las primeras conclusiones que saca el sector es que el nuevo Real Decreto debe verse por todos los sectores empresariales como una oportunidad de obtener herramientas que hagan más competitivas las empresas españolas, ayudándoles a reducir los costes energéticos y por lo tanto a mejorar su posición en el mercado nacional e internacional.

De forma unánime las empresas del sector han lamentado que el Real Decreto sólo contemple de forma específica a las grandes empresas como aquellas que deberán cumplir esta ley a finales del año 2016. Son aquellas con más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de facturación. «Dejar fuera a las pymes y edificios públicos supone perder una oportunidad, en primer lugar para su propia sostenibilidad y eficacia», según ha afirmado el presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz, quien ha añadido que, a pesar de las lagunas «presenta una oportunidad muy importante de negocio para las empresas del sector energético».

A nivel nacional, se estima que la nueva legislación afectará a unas 4000 grandes empresas, que tendrán que hacer una inversión aproximada de 150 millones de euros para cumplir con la Directiva de la UE, pero que supondrá unos ahorros de entre 800 y 900 millones de euros gracias a la energía que dejarán de consumir.

Los sectores que pueden obtener más beneficios con medidas reales de eficiencia energética son aquellos cuyos costes por este concepto pueden superar hasta el 30%, como son el hotelero, grandes edificios usos intensivos como hospitales o residencia, y el sector de la alimentación.

Además, en la jornada se ha llamado la atención sobre «que se haya dejado deliberadamente al margen las energías renovables en la rehabilitación de edificios y no se mencione nada de contadores inteligentes», según ha asegurado Marcos J. Lacruz, quien ha añadido que el Gobierno «ha aprobado el Real Decreto con 20 meses de retraso y pretende que en sólo 9 meses se haga el trabajo de puesta al día en las empresas, que vence el 14 de Noviembre, habiendo publicado el Real Decreto en febrero».