Socios de laboral y fiscal de Garrigues en Valencia

Las redes sociales están teniendo un desarrollo vertiginoso en los últimos años y frente a ello surgen muchísimos retos sobre cómo abordar las nuevas situaciones que se van produciendo.

La economía y el mercado se están adaptando a gran celeridad, aprovechando el enorme potencial que hay detrás de este (no tan) nuevo mundo, y así, están surgiendo nuevos modelos de negocio, que hace unos años eran imposibles, basados en la capacidad de internet para conectar agentes que puedan colaborar mutuamente.

Sin embargo, mientras el mercado y la economía están reaccionando con rapidez, dando respuesta a las nuevas necesidades existentes (creación de plataformas para interconectar oferta y demanda, mejora de la seguridad de los medios de pago en internet, agilidad en la fijación de precios, etc.), ni el marco legal se está adaptando a la misma velocidad, ni determinados estamentos de la Administración tienen en cuenta dentro de los criterios de aplicación de las normas jurídicas, el interpretarlas en relación con el contexto y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.

Estamos actualmente ante un desajuste entre un mercado nuevo y una legislación vieja. El problema se agrava porque, ante dicho desajuste, los agentes que aplican la legislación reaccionan bajo los prismas tradicionales del Derecho, con una aplicación de la norma no siempre ajustada a los nuevos tiempos. Así ocurre, entre otras disciplinas, en Derecho Laboral.

Pensemos por ejemplo en las tradicionales Páginas Amarillas, donde los más viejos del lugar buscaron los profesionales que se anunciaban; ahora se han modernizado, siendo más ágiles, más completas, más especializadas y más idóneas para las necesidades del mundo moderno y, a través de una página web se ofrece a los usuarios la posibilidad de contactar con profesionales que prestan servicios a domicilio (fontaneros, electricistas, pintores, limpiadores, profesores, cuidadores de ancianos o niños, médicos, por ejemplo), de modo que a través de la plataforma virtual se puede concertar la actividad con el profesional, ¿cabe entender que esos profesionales son trabajadores de la empresa que gestiona la plataforma? Así se está considerando desde determinados ámbitos, que entienden que dicha empresa es la empleadora del profesional, por lo que entienden que la plataforma debe formalizar con el profesional un contrato de trabajo, un planteamiento que puede acabar con el proyecto.

Y la cuestión principal no es si efectivamente estamos ante una relación laboral o no, pues dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, sino si el Derecho actual responde debidamente a estas nuevas situaciones. Frente a esta pregunta, la respuesta es negativa.

A este respecto, resulta curioso y contradictorio comprobar el aparente apoyo que a los emprendedores se les da desde los ámbitos políticos, parlamentarios, empresariales, sindicales, etc., y que, por el contrario, el marco jurídico actual no ofrezca soluciones al nacimiento de nuevas actividades, condenándolas a su desaparición. El emprendedor se merece al menos que se le proporcione un ecosistema legal que le permita nacer y crecer, sin inseguridad jurídica.

No se trata de promover la desregulación, ni una eventual competencia desleal, ni de permitir focos de economía sumergida, pero tampoco de plegarse a intereses inmovilistas, ni a interpretaciones del Derecho ajenas a la evolución de la realidad, resultando por tanto necesario que se regulen estas nuevas situaciones en atención a los nuevos paradigmas existentes. Es más, creemos que ayuda a crecer y a establecer mecanismos para aflorar gran parte de esa economía oculta.

Y es que el sistema jurídico español, que tiene muchas bondades, sin embargo afronta los cambios con excesiva lentitud. Esto le pasa también al Derecho Laboral, que sigue estableciendo el mismo sistema de relaciones laborales que hace décadas, y que no ha ayudado a solucionar un mal endémico de nuestra economía, el alto nivel de desempleo.

A este respecto, determinados observadores de organismos internacionales, como el caso de la OIT, ante los futuros retos de la economía y, en concreto, del mercado laboral, estiman que el mundo tecnológico creará multitud de puestos de trabajo y que tales puestos en gran medida serán de autoempleo. Conviene preguntarse acerca de cuántos de estos puestos se crearán en España y qué parte de la tarta del empleo tecnológico futuro será para España. La respuesta es que las empresas y puestos de trabajo de la nueva economía nacerán allá donde encuentren el entorno legal, fiscal, financiero, social, etc. adecuado para nacer y crecer. Y, sobre todo, y más importante ser líderes, con lo que ello conlleva de posicionamiento y crecimiento.

Socios de Laboral y Fiscal en Valencia. Garrigues

Desde una perspectiva jurídica, esto nos obliga a plantearnos si España dispone del marco legal adecuado ante los cambios que ya se están manifestando en la realidad económica. Y la respuesta es que no, que con la actual regulación existente, y en particular con determinados aspectos del Derecho Laboral, tales puestos que potencialmente pueden crearse difícilmente nacerán en España.

Por este motivo, creo que la solución no es prohibir desde la aplicación de leyes anteriores a la revolución de internet, la solución es poner orden, legislar en atención a las nuevas realidades, adaptar la ley al mundo actual, y siendo ambiciosos, anticiparse y crear un ecosistema que, desde las diferentes disciplinas del Derecho –y en particular, la Laboral–, ofrezca un marco legal que permita atraer a España los futuros modelos de negocio de la nueva economía, para que nazcan y se desarrollen en nuestro país, generando riqueza y puestos de trabajo en España.

De lo contrario, esas nuevas empresas no nacerán…, o nacerán en otros lugares y acabaremos con gran parte de ese emprendimiento al que todo el mundo apoya y lo considera necesario y esencial para el desarrollo de un país, pero que sin ese marco legal e interpretación constructiva por parte de las Administraciones se perderá. La economía y la sociedad española no pueden, ni deben, dejar pasar un nuevo tren (otro).