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Alumnos y profesores de la UJI protestan contra la reforma del Código Penal

Un grupo de alumnos y profesores del Grado de Derecho de la Universitat Jaume I secundaron la protesta que se llevó a cabo en el ámbito nacional contra la reforma del Código Penal que está tramitando el Gobierno. Esta protesta ha sido convocada por el Grupo de Estudios de Política Criminal, asociación integrada por profesores universitarios, jueces, magistrados y fiscales progresistas, de la que forman parte diferentes profesores de la UJI, y consistió en la lectura de un comunicado de rechazo a esta reforma.

La catedrática de Derecho Penal de la Jaume I, Marisa Cuerda, fue la encargada de presentar este acto en el que explicó que “nos encontramos ante la reforma más autoritaria del Código Penal que se ha realizado en nuestro país durante la democracia”. Cuerda indicó que dicha reforma no está justificada, ya que las tasas de población penada y penitenciaria en el Estado español son extremamente altas cuando las tasas de delincuencia son inferiores a la media europea, y denunció que se trata de una reforma sin legitimidad democrática, ya que ha sido informada negativamente por parte de las altas instituciones del Estado (el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal), se ha realizado en contra de la opinión de los expertos y no cuenta con el apoyo de los grupos del resto de grupos parlamentarios.

La catedrática de la UJI, junto al profesor de Derecho Penal, Antonio Fernández y seis alumnos, leyó el manifiesto “¡No hay derecho! Por un Código Penal de todos” en el que se explicaba que “el endurecimiento de las penas es populista y no deparará mayor seguridad”. En el comunicado se hace especial hincapié en la instauración de la cadena perpetua, “que es contraria a la idea de dignidad y cuya eficacia no está avalada por ningún estudio. También resulta desproporcionada la reacción frente a la criminalidad de bagatela, al tiempo que se criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a los muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del Estado del bienestar y aprovecha a quienes en buena medida han provocado la crisis económica y siguen beneficiándose de ella. Un Estado democrático no puede asumir que el Derecho Penal se convierta en un instrumento de exclusión social, sanción de la pobreza y control indeterminado de la ciudadanía en manos de unos pocos”.    

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