El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), ha alcanzado una serie de acuerdos con la Consellería de Gobernación y Justicia, que la Abogacía valenciana venía reclamando desde hace años. Los pactos alcanzados, tras una reunión con el conseller de Justicia, Luis Santamaría y su equipo, hacen referencia fundamentalmente a la subida de un 10% en el baremo del Turno de Oficio así como a la próxima firma de un convenio que contemple una “remuneración especial” para aquellos casos judiciales que por volumen, número de tomos, horas de trabajo y personas imputadas, incurren en gastos superiores a los contemplados por el baremo para casos de especial complejidad, tales como las macrocausas o delitos sobre corrupción.

 “Tenemos el compromiso de la Consellería de conseguir un baremo “digno” para 2016”, afirma el presidente del Consejo Valenciano de Abogados, Mariano Durán.

Otra de las negociaciones que han llegado a acuerdo ha sido la inminente puesta en marcha del expediente electrónico en el Colegio de Abogados de Valencia y su incorporación progresiva al resto de colegios de abogados de la Comunidad Valenciana. Se trata de un importante paso en la mejora de la eficiencia de la gestión del turno de oficio, ya que supone la gestión telemática de todo el proceso de solicitud y concesión del beneficio de justicia gratuita, sin necesidad de que el ciudadano se desplace a la Administración Autonómica para acreditar sus recursos económicos. Según el Presidente del CVCA, “el ahorro económico que supondrá la implantación del expediente electrónico de justicia gratuita rondará los 18,5 millones de euros, casi el coste del Turno de Oficio en un año en la Comunidad Valenciana”. 

Por otra parte, y según fuentes del CVCA, el Conseller ha asumido el compromiso del acceso de todos los abogados a la Sanidad pública, excluida hasta ahora por pertenecer a una mutualidad de previsión social, en lugar de estar afiliados al régimen de seguridad social de autónomos, situación que ya disfrutan los abogados catalanes. Desde el año 2007 las instituciones de la abogacía junto a los colegios de cada comunidad autónoma, trasladaron en una ponencia a los grupos parlamentarios el agravio que suponía que un pequeño número de ciudadanos no tuviese derecho a la sanidad pública, sanidad que se financia con los impuestos y no con las cotizaciones a la Seguridad Social.