Monforte Abogados recurre la ley que ha apagado RTVV

José Domingo Monforte, director de José Domingo Monforte Abogados Asociados

El despacho valenciano ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el cierre de la Radio Televisión Pública Valenciana. El recurso se fundamenta en la discriminación y el trato que han recibido sus trabajadores. En opinión de José Domingo Monforte, “las Cortes no pueden hacer una simple y abstracta referencia a causas económicas sin ningún tipo de motivación y suprimir un servicio público”.

«La justicia, en este país, siempre ha estado en crisis. Su ineficiencia y una excesiva y generada dilación de los procesos constituyen un mal endémico, lamentablemente asumido, sin protesta, dentro del sistema”, incide José Domingo Monforte, director de José Domingo Monforte Abogados Asociados, despacho profesional que agrupa a 18 profesionales en las distintas especialidades del derecho y que se fundó en 1982.

En su opinión, “el abogado es el garante y protector del interés de su cliente en conflicto. Gracias a nosotros, se han corregido abusos financieros, cláusulas abusivas, productos tóxicos, restricciones y limitaciones en los créditos litigiosos…”, analiza Monforte.

Por ello, en estos momentos de crisis, para José Domingo Monforte, “constituyen un foco de conflicto las cesiones operadas a fondos ventajistas por la agresividad con la que estos se muestran y accionan, buscando las plusvalías en los créditos adquiridos a costa del deudor, al que no se le ha dado oportunidad de zanjar su deuda con la quita dada al fondo ventajista”. Por ello, continúa Monforte, “deberían hacerse públicos los valores de transferencia de los activos crediticios, que es el secreto mejor guardado que ampara estas prácticas”.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS

Desde diferentes ámbitos políticos y económicos se asegura que la economía española ha tocado suelo y comienza la recuperación. Ante esta situación, clarifica el responsable de Domingo Monforte Abogados, “el empresario valenciano se muestra vivo e inquieto, relativiza el problema y en estos momentos comienza a concebir e impulsar sus proyectos, limitándolos a su autofinanciación o a la búsqueda de vías alternativas a las tradicionales como las entidades financieras que siguen ausentes en la concesión del crédito. El riesgo responsable forma parte de la actividad financiera. Pretender eliminarlo, a mi juicio, les hace prescindibles”, subraya.

Por otra parte, José Domingo Monforte no se muestra partidario con la idea de que la Comunidad Valenciana ha sido una de las más golpeadas por la crisis. De hecho, manifiesta que “a nuestra Comunidad se la exhibe y muestra como una zona económica quebrada y esto no se debe consentir. Tenemos muchísimo más potencial de riqueza y capital humano empresarial que ninguna otra. Por ello, es una obligación de quienes nos representan luchar por combatir la imagen que justifica decisiones intervencionistas, mejorar nuestro proceso económico tomando resoluciones que impulsen proyectos empresariales e impulsar medidas inversas a las actuales por ser meramente recaudatorias propias de estados feudales”.

En cuanto a la necesidad de regular las conductas injuriosas, ofensivas y apologistas a través de las redes sociales. Para José Domingo Monforte, el límite a la libertad de expresión es el respeto debido a los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al honor, la dignidad y la propia imagen. “El sistema legal es suficiente para la represión de dichas conductas cuando exceden al derecho a la crítica y son claramente vejatorias”.

A su juicio, “la invasiva intervención legislativa no es la solución. Creo que debe haber una mayor concienciación hacia el respeto, y que los comentarios y comunicaciones por estos medios sociales no son impunes y pueden ser castigados y reprendidos con el adecuado manejo de la legislación actual”.

RADIO TELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA

Una de las víctimas de la crisis en la Comunidad Valenciana ha sido la Radio Televisión Pública Valenciana. Para José Domingo Monforte, es un hecho objetivo que el cierre de esta entidad “se ha decidido a golpe de ocurrencia y con formas propias de Estados absolutistas. No me dan la razón en proceso judicial, reacción: cierro, sin más”.

Sin embargo, matiza Monforte, “este hecho se agrava si se repara en que quienes políticamente lo han decidido, previamente habían defendido un proyecto que era viable con costes más razonables y equilibrados”.

José Domingo Monforte Abogados ha sido el despacho que ha llevado hasta el Tribunal Constitucional la ley que apagó la Radio Televisión Pública Valenciana. El recurso que presentó el despacho “se fundamenta precisamente en la discriminación que han sufrido los trabajadores por el trato recibido en agravio a lo que debería recibir cualquier otro trabajador de una empresa pública o privada”, informa su máximo responsable.

A su juicio, “las Cortes no pueden hacer una simple y abstracta referencia a causas económicas, sin ningún tipo de motivación y suprimir un servicio público. Nuestro Estatut de Autonomía les otorgó facultades para crear, regular y mantener dicho servicio público en consecución de los fines culturales, sociales y de potenciación de nuestra lengua. Lejos de ello, la han suprimido, sin reparar que con esta supresión también se eliminaban los fines para los que fue creada”.

CONFLICTOS DE JUSTICIA

Otro de los temas de actualidad que José Domingo Monforte considera inadmisible es que los juzgados de familia de Valencia, precisamente por tener el privilegio de contar con un equipo psicosocial, “tengan que someter a la espera de más de un año la decisión de los conflictos de custodia, que es el tiempo que se dilata por el gabinete el informe de auxilio al juez. Además, estos informes no se someten a contradicción. Se les sitúa por encima de las pruebas periciales psicológicas que los juzgados de familia de Valencia devalúan, cuando no desoyen. De esta manera, se somete a los padres, en situación de conflicto, a una espera nada beneficiosa en sus relaciones”.

Por ello, José Domingo Monforte se muestra partidario de la conciliación de intereses para resolver los conflictos de familia. “Los letrados dirigen su actuación a lograr dicha conciliación y solo cuando esta no es posible reclaman el auxilio judicial. Una práctica actual de los juzgados de familia es direccionar a los progenitores en conflicto a una impuesta mediación por terceros, pese a que se manifieste agotada por los letrados”.

A pesar de todo, puntualiza Domingo Monforte, “en este momento, no tenemos la certeza  de si la mediación se busca para evitar el enjuiciamiento y aliviar el sobrepeso o carga de juicios, o si se cree en esta vía como solución alternativa a la judicial”.

Por otra parte, a juicio de José Domingo Monforte, “existe un excesivo e indeseable protagonismo de la justicia en nuestra sociedad, dando la impresión de una corrupción generalizada, un desfalco fiscal permanente y una deshonesta y desleal actuación de los dirigentes financieros”.

Además, clarifica Monforte, los procesos se eternizan sin ninguna responsabilidad para la Administración de Justicia, y el castigo pierde y diluye su finalidad rehabilitadora, no siendo la solución la prisión preventiva. Por ello, clarifica que “la purga por vía de la represión judicial no puede ser el remedio social. Sí, por el contrario, la conciencia y el rechazo a determinadas prácticas sobre las que ha existido cierta relajación moral en lugar de un enérgico rechazo”.