El debate sobre si aplicar o no limitaciones al número de pisos de alquiler de corta estancia en las ciudades más turísticas se recrudece a medida que se tensiona el mercado inmobiliario. Ciudades como Barcelona, que durante los últimos años se han caracterizado por aplicar en materia de vivienda políticas regulatorias, anunciaba recientemente que el Ayuntamiento no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes.

La medida impulsada por el Consistorio que dirige el socialista Jaume Collboni, pretende recuperar para uso no turístico los 10.101 pisos que hay en la ciudad de aquí a 2029. La iniciativa busca incrementar el parque de vivienda en la ciudad y frenar la subida del precio del alquiler y de la compra.

De forma menos radical, parece configurarse cierta sintonía política y empresarial para tratar de poner coto a la proliferación de este tipo de alquileres vacacionales. El pasado martes, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avanzaba que el Gobierno estudia una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos como una actividad económica más y para «empoderar» a las comunidades de vecinos y que participen de estas decisiones.

En una línea similar, pero con un enfoque lejano a la regulación de precios, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y los expertos del Consejo General de Economistas (CGE) creen necesario modificar con urgencia la Ley de Vivienda retirando las medidas de control de precios y racionalizando la estructura tributaria que pesa sobre la misma, y piden un acuerdo para que se retome la Ley del Suelo.

Dos acercamientos, un mismo problema

El punto de vista del Gobierno, que se ha reunido esta semana con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), busca apurar todo su margen de competencia valorando posibles modificaciones legislativas. Las líneas principales de este plan de acción pasan por considerar el alquiler de pisos turísticos como actividades económicas para que se rijan como el resto de ella. Además, en caso de entrar en conflicto estas actividades con el acceso a la vivienda el Gobierno, los ayuntamientos y las comunidades prioricen siempre el derecho de acceso.

Si bien los economistas coinciden con el Ejecutivo en que existe un problema de oferta de vivienda, piensan que la reciente legislación no solo no ha ayudado a mitigarlo, sino que lo ha incrementado «al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para venta o alquiler». Así pues, consideran necesario repensar la regulación de los alquileres turísticos y su fiscalidad.

La solución, afirmas los economistas de Fedea y el CGE, pasaría por una política de vivienda a largo plazo, recuperar el régimen de libertad contractual de 1985 por el Decreto Boyer en cuanto a contratos de arrendamiento derogando las limitaciones de plazo, racionalizar la estructura tributaria, restaurar la seguridad jurídica y un sistema de ayudas para alquileres o acceso a una vivienda social para familias vulnerables.

El plan de Vivienda pasa por implar a todas las administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a una vivienda. Para Isabel Rodríguez, es «evidente que el surgimiento de estos alojamientos turísticos está colisionando con el derecho a una vivienda digna, elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta de alquiler residencial». Para Vivienda, la jurisprudencia y la normativa europea apoyarían unas supuestas medidas regulatorias, y cita al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea al hablar de la «imperiosa» necesidad de intervenir cuando colisiona con el derecho de acceso a una vivienda.

Consumo quiere investigar los pisos turísticos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 propone a los ayuntamientos que se sumen a las investigaciones que ha iniciado para detectar viviendas turísticas sin licencia que se anuncian en plataformas de alquiler, una práctica fraudulenta y desleal que puede derivar en sanción.

En un comunicado difundido este jueves, el departamento recuerda que a comienzos de este mes puso en marcha una investigación contra dicho fraude y ahora se ha dirigido a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para ofrecer a las ciudades la posibilidad de trabajar de forma conjunta en la identificación de las viviendas no habilitadas para operar como turísticas.

Según indica Consumo, sus indagaciones «se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos».

La Dirección General de Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes por unas prácticas que pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

¿Retomar la Ley de Suelo y repensar la regulación de los pisos turísticos?

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, aboga por retomar el Proyecto de ley del suelo, repensar la regulación de los alquileres turísticos y su fiscalidad, y estudiar la posibilidad de que cada comunidad autónoma pueda adoptar reglas diferentes según su situación.

Asimismo, demanda más recursos a la promoción de vivienda asequible y al incremento del parque público dado que la vivienda se ha vuelto inaccesible para cada vez más capas de la población, no solo en régimen de propiedad sino también de alquiler, apunta el presidente del CGE, Valentín Pich.

Por otro lado, consideran que hay mayor tolerancia con los impagos y la «okupación» y demasiada intervención pública.