La cerámica valenciana, en alerta por la guerra en Irán

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha devuelto la geopolítica al centro de la agenda económica. El riesgo de alteraciones en el estrecho de Ormuz, arteria clave para el comercio mundial de crudo y gas, introduce un nuevo foco de volatilidad en los mercados energéticos que, si se prolonga, puede trasladarse con rapidez a la estructura de costes de la economía de la Comunitat Valenciana.

Sectores con alta intensidad energética, como la industria cerámica y el transporte por carretera, son especialmente sensibles a un encarecimiento del gas y de los carburantes. En el caso del azulejo, el gas natural es esencial para alimentar los hornos donde se cuecen las baldosas a altas temperaturas y puede llegar a representar en torno al 30% del coste de producción en momentos de precios elevados. Por eso, cualquier repunte se traslada de forma casi inmediata a los márgenes.

Así lo señalaron este martes el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, junto al presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, y el de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET), Carlos Prades, antes de la presentación de un informe sobre el peso del transporte de mercancías por carretera en la economía autonómica.

Vuelve la preocupación

Martínez Mus reconoció que el escenario “preocupa, y mucho”, sobre todo por las consecuencias indirectas en los mercados energéticos. La experiencia reciente pesa en la memoria empresarial: la crisis derivada de la invasión de Ucrania tensionó los costes industriales y obligó a reajustar márgenes y estrategias comerciales en buena parte del tejido productivo valenciano.

El foco vuelve a situarse en el clúster cerámico de Castellón. Con un consumo intensivo de gas y una elevada orientación exportadora hacia Oriente Medio, el sector afronta un posible repunte de los costes energéticos y una eventual ralentización de la demanda en los países del Golfo, que el pasado ejercicio absorbieron una parte sustancial de sus ventas exteriores.

Preguntado por esta cuestión, el conseller admitió que existe “una inquietud añadida”. Se trata, subrayó, de una industria que “por desgracia ha sufrido ya esto y sabe lo que es una crisis de gas y de energía con la guerra de Ucrania, y también de materiales”, en referencia al ajuste que vivió el clúster desde 2022. “Esperemos que se resuelva, porque si no es verdad que es preocupante. Vamos a estar muy pendientes, muy vigilantes, especialmente en ese sector que es muy sensible”, continuó.

Para el Consell, el episodio refuerza una idea que viene repitiéndose desde hace meses: la necesidad de reducir la vulnerabilidad exterior. Martínez Mus insiste en acelerar el despliegue de renovables, potenciar el biogás y mantener la central nuclear de Cofrentes como elemento de estabilidad en el mix energético valenciano.

Futuro

Por su parte , Lafuente insistió en que todavía es prematuro cuantificar el alcance del impacto, pero admitió que el primer termómetro será el precio de los combustibles. “Si el conflicto se alarga, veremos tensiones claras en carburantes y eso acabará trasladándose al conjunto de la cadena productiva”, vino a señalar.

A su juicio, el factor clave es el tiempo. Un episodio breve tendría un efecto asumible; una escalada prolongada, en cambio, podría añadir presión inflacionista en un momento en que empresas y consumidores aún digieren el ciclo de subidas de costes derivado de la guerra de Ucrania. Por ello, apeló al diálogo internacional como vía para acotar la incertidumbre económica. “A nosotros ahora nos queda esperar”, añadió.

Cláusla revisión precio

Desde el transporte, Prades puso el acento en la exposición directa del sector a cualquier tensión en el mercado energético. “Nuestra materia prima es el combustible”, recordó. Un incremento sostenido del diésel impacta de forma inmediata en las cuentas de resultados de las empresas, especialmente en aquellas más vinculadas a la exportación industrial.

En este contexto, subrayó que la normativa vigente obliga a aplicar la cláusula de revisión del precio del transporte en función de la variación del combustible. Esta fórmula, aprobada en 2022 mediante el Real Decreto-ley 3/2022 tras el estallido de la guerra de Ucrania, se diseñó precisamente para evitar que el transportista asumiera en solitario las subidas bruscas del gasóleo.

En resumen: en el contrato se fija un precio de referencia del carburante, según el índice oficial que publica semanalmente el Ministerio de Transportes y, si cuando se presta el servicio el gasóleo ha subido o bajado por encima de un determinado umbral, normalmente el 5%, el precio del porte debe ajustarse en la misma proporción. Ese ajuste se repercute en factura como un concepto desglosado. No depende de una renegociación puntual ni de la voluntad del cliente; es de obligado cumplimiento y cualquier pacto en contra carece de validez.

A juicio de Prades, aplicar esta cláusula resulta esencial en un escenario como el actual, marcado por la incertidumbre en Oriente Medio y la posibilidad de repuntes rápidos del diésel. No trasladar ese sobrecoste, advierte el sector, implica absorber una volatilidad externa que puede erosionar los márgenes y poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas.

Con todo, el tejido empresarial valenciano vuelve a enfrentarse a un escenario conocido: costes energéticos en el punto de mira, márgenes bajo presión y decisiones de inversión condicionadas por factores externos. Si la tensión en Oriente Medio se diluye, el impacto será manejable. Si se consolida, la economía autonómica tendrá que activar, una vez más, sus mecanismos de ajuste en energía, precios y logística para proteger competitividad en un entorno global cada vez más volátil.