Cómo funciona un concurso público

El Observatorio de Contratación Pública sostiene que la contratación pública en España representa aproximadamente el 18,5% del PIB, por lo que cabe destacar la gran importancia de este sector para el desarrollo de la economía. Además, debemos tener en cuenta que en España se gestionan más de 130.000 millones de euros en concursos públicos por lo que es un canal de venta con una importancia considerable.

Como consecuencia de lo anterior, es importante conocer el funcionamiento de un concurso público para poder valorar la posibilidad de participar en uno de ellos como licitadores.

La Administración, como cualquier empresa, puede tener la necesidad de contratar productos o servicios, y para ello se puede dirigir al mercado a comprarlos.

Uno de los principios fundamentales de la contratación pública es la publicidad, por lo que, lo primero que hace la administración cuando necesita contratar un producto, obra o servicio es publicar un anuncio en el boletín oficial correspondiente.

En el anuncio que se publique relativo al concurso público, se indicará, entre otras cosas, el órgano contratante, la categoría, el tipo de contrato etc. Además se publican dos documentos fundamentales para la licitación:

1.- El pliego de condiciones administrativas.

Incluye los derechos y obligaciones de las partes, la definición del contrato, el presupuesto de la licitación, el plazo de ejecución o la duración del contrato, el plazo de garantía, información sobre las garantías a aportar, la presentación de propuestas etc.

2.- El pliego de condiciones técnicas.

Se refiere a las características técnicas que han de cumplir los bienes o servicios objeto de la licitación, el precio de cada una de las unidades objeto de la contratación, presupuesto y número estimado de unidades a suministrar etc.

Una vez publicado el anuncio se abre un plazo para presentar las ofertas de licitación que con carácter general deberán contener la siguiente documentación:

• Acreditación de la personalidad del empresario (NIF, CIF, escritura de constitución de la sociedad, poderes etc.).

• Acreditación del estar al corriente de pago de obligaciones fiscales (declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto de sociedades etc.).

• Certificaciones relativas a la Seguridad Social (certificación relativa al pago de las cuotas de autónomos, al alta en la seguridad social de los trabajadores etc.).

• Documentación relativa a la solvencia económica (garantías que se pueden prestar etc.).

• Documentación relativa a la solvencia técnica (proyectos similares en los que hayamos participado etc.).

• Propuesta económica.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se abrirá un plazo durante el cual la administración valorará las ofertas presentadas y decidirá sobre la adjudicación a través de una Mesa de Contratación. La adjudicación debe ser siempre motivada.

Una vez seleccionado el licitador, se publica el resultado de la adjudicación y se le comunicará al licitador que ha resultado adjudicatario. Además al adjudicatario se le requerirá para que constituya la correspondiente garantía y firme el contrato.