Cogiti y Cosital desbloquean licencias urbanísticas en municipios valencianos

«Cuando una administración local se aparta de la normativa vigente, se genera un problema serio de seguridad jurídica». Con esta advertencia, Tomás Játiva, decano de Cogiti Valencia, resume el impacto que el bloqueo de algunos ayuntamientos a las ECUV ha tenido sobre ingenieros, promotores e inversores. La intervención conjunta de Cogiti y Cosital ha permitido desbloquear la situación y reducir de un año a poco más de un mes la tramitación de licencias urbanísticas en varios municipios de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana da un paso decisivo hacia una gestión urbanística más ágil y homogénea gracias a la reciente actuación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti Valencia) y del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital). La intervención, liderada por el decano Tomás Játiva, ha permitido poner fin al bloqueo de algunos ayuntamientos que ignoraban la normativa sobre las Entidades Colaboradoras Urbanísticas Valencianas (ECUV), -que actúan como un puente técnico entre el ciudadano/promotor y el Ayuntamiento para acelerar la concesión de licencias y el inicio de actividades- agilizando así la tramitación de licencias de obra.

Problema serio de seguridad jurídica

Según explica Tomás Játiva, «cuando una administración local se aparta de una normativa autonómica vigente o de los criterios interpretativos de la Generalitat, se genera un problema serio de seguridad jurídica».

Játiva enfatiza también que «el sector técnico y empresarial necesita reglas claras y homogéneas ya que si en un municipio se aplican y en otro no, el resultado es incertidumbre», corrobora. Esta  situación afecta directamente a ingenieros, promotores e inversores porque «se alteran los plazos previstos, se encarecen los proyectos, se dificulta la planificación y se transmite la sensación de que la normativa no se aplica de forma uniforme», expresa.

Con lo cual, «en un contexto en el que se pretende agilizar la actividad económica y atraer inversión, la seguridad jurídica es fundamental», clarifica. «Cuando esta se resiente, -continúa- también lo hace la confianza del sector productivo».

Impacto en la economía local

Los retrasos prolongados tienen un impacto tangible en la economía local. El decano de Cogiti Valencia advierte de que en urbanismo y actividad industrial, «el tiempo es un factor crítico».  «Un retraso de meses o de un año puede suponer paralización de inversiones, pérdida de financiación, incremento de costes y traslado de proyectos a otros municipios», corrobora.

Tomás Játiva señala también que esta situación «afecta directamente al empleo, a la implantación de empresas y a la competitividad territorial».  «La Comunitat Valenciana está impulsando políticas de agilización administrativa y proyectos estratégicos en vivienda e industria -incide- pero si en determinados municipios los expedientes no avanzan con los mecanismos previstos por la normativa autonómica, el riesgo es que esos proyectos se ralenticen o se desplacen a otros lugares donde sí exista mayor agilidad y seguridad», avisa el decano de Cogiti Valencia.

Tomás Játiva, decano de Cogiti Valencia

ECUVS: independencia técnica y garantía jurídica

Las Entidades Colaboradoras Urbanísticas Valencianas (ECUV), reguladas por el decreto 62/2020, de 15 de mayo, son garantes técnicos independientes que supervisan la verificación de proyectos con rigor y seguridad jurídica y «forman parte de un modelo que ya funciona en muchas comunidades autónomas desde hace años», recuerda Tomás Játiva.

«Su función es técnica y de verificación, siempre bajo control público», especifica. «La resistencia que hemos visto a algunos municipios suele responder a inercia administrativa, dudas interpretativas iniciales o adaptación al nuevo modelo», razona.

Játiva dice también que «es comprensible que los cambios generen ajustes, pero es importante recordar que las ECUV no sustituyen al ayuntamiento, sino que refuerzan su capacidad de gestión y ayudan a reducir tiempos sin perder garantías».

A juicio del presidente de Cogiti Valencia, «el mensaje que debe trasladarse es que la colaboración público-privada, bien regulada, es una herramienta útil para mejorar la eficiencia administrativa y dar respuesta a las necesidades del tejido productivo».

La intervención de Cogiti y Cosital

Ante esta situación, Játiva se reunió con Miguel Ángel Ivorra, director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat, para denunciar los incumplimientos y defender los derechos de los ingenieros técnicos industriales. Como resultado, Cosital Valencia trasladó a todos los secretarios municipales un informe que reafirma la obligación legal de aceptar los proyectos tramitados por las ECUV.

Gracias a esta actuación conjunta, los plazos de tramitación que en algunos municipios llegaban a un año se han reducido a poco más de un mes, lo que supone un avance significativo para la actividad económica local y la competitividad territorial. Játiva celebró este logro y manifestó sentirse «muy satisfecho» porque «se ha conseguido defender los derechos de nuestro colectivo y garantizar el cumplimiento de una normativa que algunos ayuntamientos estaban ignorando, actuando en contra de la ley».

Lecciones para el futuro

El decano de Cogiti Valencia destaca que la principal enseñanza de este episodio es «la importancia de la coordinación institucional y de la aplicación homogénea de la normativa en todo el territorio».

Játiva reconoce también que «el diálogo técnico entre administraciones, colegios profesionales y entidades locales es fundamental para resolver discrepancias interpretativas sin generar bloqueos».

Para el futuro, Játiva sugiere «reforzar la formación y la información sobre los procedimientos, mantener canales de coordinación entre Generalitat y ayuntamiento y garantizar que las herramientas previstas por la normativa se apliquen de forma uniforme».

En definitiva, «el objetivo común -ratifica- debe ser una gestión urbanística más ágil, segura y previsible, que beneficie tanto a la administración como al conjunto de la sociedad».

Impacto económico y social

La agilización de la tramitación no solo representa un avance técnico-administrativo, sino que también tiene un efecto directo sobre la economía local. Menores tiempos de gestión significan reducción de costes, atracción de inversiones, incremento de empleo y mayor dinamismo en la implantación de empresas. Además, refuerza la confianza de los promotores en la administración y consolida la reputación de la Comunitat Valenciana como territorio competitivo y eficiente.