Los contribuyentes pagarán entre 250 y 2.000 euros extra en el IRPF

Los contribuyentes españoles afrontarán en 2026 un aumento de su factura fiscal: entre unos 250 y más de 2.000 euros adicionales al año en el IRPF, dependiendo del nivel de renta. No es una subida formal de impuestos, sino el efecto acumulado de no haber adaptado el tributo al encarecimiento de la vida y al incremento de los salarios registrado en los últimos años.

Ese es el principal mensaje que lanza el Consejo General de Economistas de España, a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales, en su último análisis sobre la evolución del sistema tributario. La clave está en un concepto técnico, pero con consecuencias muy concretas: la no deflactación del IRPF.

Un impuesto a medias… y decisiones distintas

Conviene recordar cómo funciona el impuesto. El IRPF está cedido en un 50% a las comunidades autónomas, mientras que la otra mitad depende del Estado. Esa arquitectura permite que cada nivel de la Administración tome decisiones propias.

Y ahí es donde aparece una de las grandes diferencias. Varias comunidades —como País Vasco, Navarra, Madrid o La Rioja— han optado por ajustar su tramo autonómico para suavizar el impacto de la inflación. El objetivo: evitar que las subidas salariales, pensadas para compensar el encarecimiento de la vida, se diluyan en la declaración de la renta.

En cambio, el Gobierno central ha mantenido sin cambios la tarifa estatal. El resultado es que una parte relevante del impuesto sigue sin adaptarse al nuevo nivel de precios, lo que, en la práctica, eleva la recaudación.

Pagar más sin ganar más (en términos reales)

En un contexto de inflación elevada, los salarios han subido para compensar, al menos parcialmente, la pérdida de poder adquisitivo. Pero ese ajuste tiene una derivada fiscal. Al aumentar los ingresos nominales, muchos contribuyentes pasan a tramos superiores del impuesto o ven cómo una mayor parte de su renta tributa a tipos más altos.

Si el IRPF no se adapta a esa inflación (es decir, si no se actualizan los tramos) el resultado es que se paga más, aunque en términos reales la situación económica apenas haya mejorado.

Los cálculos de los economistas, basados en una inflación acumulada cercana al 18% entre 2022 y 2026, reflejan con claridad este efecto. Para una renta de 30.000 euros, el sobrecoste ronda los 350 euros anuales. En el caso de ingresos de 70.000 euros, la factura adicional se sitúa en torno a los 760 euros.

La subida es progresiva: a mayor renta, mayor impacto. Para salarios medios, el incremento oscila entre 250 y 500 euros al año. En niveles más altos, puede superar los 1.000 euros e incluso acercarse a los 2.150 euros en los tramos más elevados.

El papel de los mínimos y las deducciones

El fenómeno no se explica solo por los tramos del impuesto. También influyen otros elementos que permanecen congelados pese al aumento de los precios. Es el caso del mínimo personal y familiar —la parte de la renta que queda exenta por cubrir necesidades básicas— o de ciertos gastos deducibles.

Cuando estos umbrales no se actualizan, una mayor proporción de los ingresos queda sujeta a tributación. En la práctica, es otra vía por la que aumenta la presión fiscal sin necesidad de modificar los tipos impositivos.

Un sistema cada vez más desigual según el territorio

A este efecto se suma la creciente diversidad normativa entre comunidades autónomas. El IRPF está parcialmente cedido, lo que permite a cada territorio ajustar su tramo del impuesto.

La tarifa estatal se sitúa entre el 9,5% y el 24,5%, pero ninguna comunidad reproduce exactamente esa escala. Algunas han introducido modificaciones para aliviar el impacto de la inflación, mientras que otras no lo han hecho o lo han hecho de forma parcial.

El resultado es un mapa fiscal fragmentado. En algunos territorios, los tipos marginales agregados —sumando tramo estatal y autonómico— superan ya el 50%. Esto implica que dos contribuyentes con ingresos similares pueden afrontar cargas fiscales muy distintas en función de su lugar de residencia.

Herencias y donaciones: diferencias de hasta seis cifras

Las divergencias territoriales se acentúan aún más en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Según el informe, una herencia de 800.000 euros puede implicar pagar hasta 100.000 euros más en unas comunidades que en otras.

En el caso de las donaciones, las diferencias son incluso mayores. Para ese mismo importe, la factura puede variar en hasta 200.000 euros dependiendo del territorio.

Este escenario refuerza la percepción de desigualdad fiscal entre ciudadanos y reabre el debate sobre la armonización del sistema.

Más ingresos públicos por el efecto inflación

Mientras tanto, la recaudación sigue creciendo con fuerza. El IRPF se ha consolidado como uno de los principales motores de ingresos públicos, tanto para el Estado como para las comunidades autónomas.

El aumento responde en parte a la evolución del empleo y los salarios, pero también a ese efecto menos visible de la inflación no corregida. A ello se suma el comportamiento del IVA, que también incrementa su recaudación al subir los precios de bienes y servicios.

Complejidad normativa y falta de claridad

Más allá de las cifras, los economistas alertan de otro problema: la creciente complejidad del sistema. En el último año se han identificado más de 1.100 cambios normativos en materia fiscal autonómica.

Esta proliferación de normas dificulta que ciudadanos y empresas tengan una visión clara de sus obligaciones tributarias. Además, el uso frecuente de instrumentos legislativos urgentes y de interpretaciones administrativas añade un componente de incertidumbre.

Un debate pendiente

En conjunto, el diagnóstico apunta a una cuestión estructural: la necesidad de revisar el sistema de financiación autonómica y el funcionamiento de los impuestos cedidos.

La combinación de inflación, falta de ajustes técnicos y diversidad normativa ha dado lugar a un escenario en el que la presión fiscal aumenta de forma gradual y poco visible, mientras las diferencias entre territorios se amplían.

Un contexto que sitúa el debate fiscal en el centro, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde la perspectiva de la equidad y la transparencia para los contribuyentes.