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Redacción E3
Desde que el Real Decreto-Ley 4/2023 entró en vigor en mayo del año pasado, las empresas con empleados que trabajan al aire libre tienen la obligación legal de modificar sus protocolos cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emite alertas por fenómenos adversos. La medida, pensada para proteger la salud de los trabajadores ante las olas de calor extremo, implica desde adaptar horarios y tareas hasta suspender la actividad si no puede garantizarse la seguridad.
Pero, ¿están las empresas cumpliendo estas obligaciones? ¿Qué sectores están más expuestos al incumplimiento? ¿Y qué consecuencias puede tener ignorar una alerta oficial?
Según explica Salvador Fernández, Legal and Payroll director en PayFit España, el nuevo marco legal es claro: si no se pueden mitigar los riesgos con medidas técnicas o colectivas, queda prohibido trabajar al aire libre durante las horas en las que se active una alerta oficial por calor extremo. Es decir, ya no es una recomendación: es una obligación legal.

Salvador Fernández, Legal and Payroll director en PayFit España.
Y el coste de incumplir puede ser elevado. «Las sanciones pueden ir desde los 2.451 euros hasta más de 49.000, dependiendo de la gravedad y reincidencia», recuerda Fernández. La infracción se considera grave o muy grave dentro de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), y puede conllevar incluso la paralización de la actividad si se detecta un riesgo grave e inminente.
Las medidas exigidas a las empresas son diversas: desde actualizar la evaluación de riesgos hasta reorganizar los turnos, facilitar pausas, garantizar zonas de sombra y acceso a agua, o suspender tareas en momentos críticos del día. «El factor clave no es el sector, sino la exposición directa al clima», aclara Fernández. Por tanto, además de construcción y agricultura, esta normativa afecta a repartidores, transportistas, personal de limpieza viaria, montadores de eventos, etc.
Uno de los puntos clave de la normativa es que no define una temperatura concreta a partir de la cual deben activarse los protocolos. En su lugar, se remite a los avisos oficiales de la AEMET o de organismos autonómicos (niveles amarillo, naranja o rojo). Esto requiere que las empresas estén atentas a las alertas meteorológicas y las integren en sus procesos de toma de decisiones.
Según los datos que maneja PayFit, el nivel de cumplimiento varía significativamente entre empresas. «Grandes compañías y sectores regulados están más preparados. Sin embargo, muchas PYMES y sectores menos organizados —como el de eventos o el reparto— aún tienen dificultades para adaptarse correctamente», advierte Fernández.
Entre los errores más comunes que detecta el equipo de PayFit destacan:
Todo ello no solo puede derivar en sanciones, sino en accidentes o situaciones de riesgo laboral innecesarias.
En PayFit han observado que las grandes empresas suelen responder con mayor rapidez a los nuevos requisitos. Disponen de equipos de prevención más estructurados y recursos para adaptar su operativa. En cambio, entre las pequeñas y medianas compañías es frecuente detectar retrasos, dudas o incluso un desconocimiento parcial de la normativa. Esto sucede con más frecuencia en sectores poco regulados o con plantillas externalizadas, donde las responsabilidades no siempre están bien definidas.
Fernández señala que uno de los principales escollos es la falta de revisión de los planes de prevención. En muchos casos, los protocolos actuales no contemplan escenarios extremos vinculados al clima, o bien no han sido actualizados desde su aprobación. También es habitual que no se informe adecuadamente a los trabajadores sobre cómo actuar durante una alerta, o que no exista constancia escrita de las decisiones adoptadas.
Todo esto dificulta no solo el cumplimiento legal, sino la propia capacidad de reacción de la empresa.
En este escenario, la digitalización se perfila como una aliada clave. Herramientas como PayFit permiten a las compañías reorganizar turnos, modificar horarios o generar informes de forma automatizada. Aunque la plataforma aún no incorpora funciones específicas relacionadas con fenómenos climáticos, sus capacidades actuales ya suponen un apoyo importante para quienes deben actuar con rapidez y dejar constancia de cada cambio.
Para Fernández, uno de los puntos críticos es la planificación. Las empresas que anticipan las olas de calor —cruzando información meteorológica con sus calendarios laborales— están en mejor posición para mantener la actividad sin poner en riesgo a sus trabajadores. Y hacerlo, además, sin entrar en conflicto con la normativa vigente.
Más allá de los aspectos legales, el cumplimiento de esta normativa tiene un impacto directo en la salud laboral, la productividad e incluso la reputación empresarial. Cada vez son más los ciudadanos y consumidores que valoran el compromiso de las empresas con la seguridad de sus empleados. Y en un contexto donde las temperaturas extremas han dejado de ser la excepción, garantizar unas condiciones de trabajo dignas se convierte en una prioridad ineludible.
El verano no da tregua, y la normativa tampoco. La pregunta no es si las empresas deben actuar, sino si están preparadas para hacerlo cuando más se necesita.
Borja RamírezGraduado en Periodismo por la Universidad de Valencia, está especializado en actualidad internacional y análisis geopolítico por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en las ediciones web de cabeceras como Eldiario.es o El País. Desde junio de 2022 es redactor en la edición digital de Economía 3, donde compagina el análisis económico e internacional.
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