La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc) han manifestado su apoyo a la firma de la Alianza por la Competitividad. Esta está relacionada con el anteproyecto de ley sobre el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
El borrador tiene como fin establecer un reparto de parte de los costes de financiación de la implantación de las energías renovables en España (4.000 de los 7.000 millones de euros anuales) entre todas las empresas comercializadoras de energía. Es decir, eléctrica, gas natural y productos petrolíferos. En total, los costes
¿Quién constituye esta alianza?
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española está constituida por Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia).
Desde la alianza han destacado que la creación de este fondo nacional puede «agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro«.
El coste acumulado generaría «un sobrecoste competitivo inasumible«
Tanto Ascer como Anffecc han afirmado que “el coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros«. Esto generaría «un sobrecoste competitivo inasumible en sectores tractores y esenciales para nuestra economía”.
Tal y como ya manifestó la primera el pasado enero, el coste derivado de la implementación del citado fondo en el quinquenio 2021-2025 para el sector cerámico ascendería a 213,5 millones de euros. Una cifra que, según han declarado, supone «prácticamente todo el beneficio anual» del sector.
Un momento «crítico» para la actividad industrial
El manifiesto destaca que la puesta en marcha del fondo “puede afectar directamente a la competitividad de la actividad industrial. Más en un momento crítico enfocado en la recuperación y en la atracción de inversión y nuevos proyectos”. Especialmente importantes para la industria cerámica, según comentan, son los proyectos de descarbonización, que resultarán «inviables» si no se cuenta con la financiación adecuada.
Así, las dos entidades han indicado que no se comprende que «sectores intensivos en uso de gas natural y considerados en riesgo de Fuga de Carbono por la Unión Europea tengan que asumir ahora otro coste energético añadido a nivel nacional”. Y añaden: “Para nuestra industria el sobrecoste no es asumible. Implica una importante pérdida de competitividad a nivel internacional. Esto puede repercutir en el empleo y aumentar el riesgo de deslocalización”.
Por esta razón, la Alianza solicita en su manifiesto que el coste del Recore “sea trasladado íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado de manera progresiva. Para paliar el impacto en un solo ejercicio en los actuales presupuestos”. En el caso de que este traslado no se considerase solicitan que “se realicen exclusiones o exenciones completas para los sectores industriales”.
«Este fondo se convierte en un impuesto a la producción»
Según han comentado las patronales “del consumo total de gas natural en España, la industria supone el 62% y soporta unos precios entre un 20 y un 25% más altos que sus competidores europeos». Consideran además que el consumo de gas supone más del 40% «de los costes energéticos de nuestras empresas”.
Por otro lado, desde el clúster cerámico entienden que el objetivo final consiste en «forzar a la industria en su camino hacia la descarbonización» a través de la electrificación.
Sin embargo, destacan que no todos los sectores tiene la posibilidad de llevar a cabo esa transición. En concreto, las industrias esmalteras y azulejeras «no tienen alternativas técnicamente viables en el corto plazo«. «Por lo que el objetivo se convierte de facto en un impuesto a la producción«, han concluido.