El sector agrario fue declarado actividad esencial y reconocido tanto por la sociedad como por la clase política durante el estado de alarma provocado por la covid-19. En ningún momento faltaron alimentos de calidad en los lineales, ya que los agricultores y ganaderos continuamos llevando a cabo nuestra labor para garantizar la soberanía alimentaria.

Lamentablemente, el cierre del canal Horeca vinculado a la restauración y la hostelería provocó numerosos problemas a los agricultores y ganaderos, especialmente a los productores de hortalizas, como son las coles, las patatas o las cebollas, así como a los ganaderos de ovino-caprino y vacuno, que tuvieron serias dificultades para poder vender sus productos y que, en algunos casos, se vieron obligados a destruir sus cosechas o a venderlas a precios de ruina.

Ante esta difícil situación, las ayudas que se arbitraron desde el gobierno destinadas a los ganaderos afectados por la pandemia apenas cubrían los costes de producción, mientras que, en el caso de los agricultores de cebollas y hortalizas, estos no recibieron ningún apoyo por parte del gobierno que compensara de alguna forma las cuantiosas pérdidas económicas que tuvieron. Además, al principio de la campaña de estos cultivos la gran superficie primaba las producciones foráneas.

No cesamos de reclamar políticas con propuestas y presupuestos para asegurar unos precios dignos

Cabe recordar también que antes de que se declarara el estado de alarma, las organizaciones agrarias recorrían de forma multitudinaria las calles de todo el país bajo el lema “Agricultores al límite” y reclamaban precios justos ante la crisis que llevan arrastrando durante los últimos años y que ha generado el abandono de numerosas hectáreas de cultivo y sitúa la media de edad de los que se dedican al campo en más de 60 años.

La respuesta a estas movilizaciones por parte del Ministerio de Agricultura fue el establecimiento de una normativa que impidiera la venta de productos agrarios por debajo de los precios de producción que, desgraciadamente, ha demostrado ser inservible mientras no exista un organismo público que establezca unos costes de referencia, ya que de no existir un mínimo se siguen produciendo abusos en la cadena alimentaria, en la que todos ganan menos los productores, que se sienten presionados a vender su producto a precios de miseria.

Ejemplo de ello son las cosechas cebollas y patatas que han sido, en algunos casos, vendidas a resultas o rotovatadas durante la pasada campaña y que llevaron a los agricultores a volver de nuevo a las calles para decir “basta a los engaños” una vez más.

La desaparición del sector provocaría una dependencia absoluta de las importaciones de países terceros

Los agricultores y ganaderos habían sido aplaudidos y reconocidos por continuar gestionando sus explotaciones agropecuarias, e incluso incrementar el ritmo de trabajo para poder garantizar el suministro de alimentos a toda la población, además de ofrecerse de forma voluntaria y sin pedir nada a cambio a la desinfección de las calles con su maquinaria a fin de lograr frenar la expansión del coronavirus.

Pero, una vez transcurrido el periodo de confinamiento los que algunos llamaban “héroes rurales” cayeron de nuevo en el olvido de la clase política de forma paradójica. Por ello, desde AVA-Asaja no cesamos en la reclamación de políticas con propuestas y presupuestos concretos encaminados a asegurar unos precios dignos para los agricultores y ganaderos valencianos, puesto que este sector ha demostrado ser estratégico y vital para la supervivencia en tiempos de crisis. Su desaparición provocaría una dependencia absoluta de las importaciones de países terceros, que en algunos casos ni siquiera cumplen los estándares de seguridad alimentaria y laboral que rigen en la Unión Europea.