Mujeres al Timón
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado que su Conselleria facilitará a las familias que lo deseen el traslado de personas residentes de la residencia DomusVI de Llíria, tras las graves irregularidades cometidas. «El centro está bajo vigilancia activa, no tiene presunción de estar haciendo las cosas adecuada y dignamente», ha indicado, después de que saliera a la luz un vídeo que mostraba desasistencia a ancianos. La también portavoz del gobierno valenciano ha señalado que hay alguna familia que ya ha pedido el traslado, aunque ha explicado que se instrumenta a través de los servicios municipales de atención primaria.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha indicado que la residencia DomusVI de Llíria tuvo cuatro inspecciones en 2019, que detectaron graves irregularidades, a raíz de las cuales los técnicos hicieron una propuesta de sanción de 174.000 euros. «Cuando hay cuatro inspecciones en un año, se observa cómo se subsanan las deficiencias. Las irregularidades y la sanción tiene una proporción que no se puede alterar, está tasado. Las irregularidades para cierre temporal o definitivo de un centro también están tasadas», ha justificado ante que continuaran operando.
En este contexto, ha apuntado que el informe de inspección detalla «una serie de trato degradante o no digno, incumplimiento del plan de autoprotección, entre otras, que pueden afectar al bienestar o seguridad de las personas, que tiene mucho valor». «En el informe hay indicios de trato no correcto, incluso degradante. De ahí a imaginar o visualizar lo que se ve en el vídeo… ¿Si lee el informe puede imaginar la crueldad y crudeza de las imágenes? Probablemente no, pero sí se habían detectado irregularidades graves», ha explicado.
Ante esta situación, ha subrayado que «la apuesta es clara» y quieren garantizar el bienestar de los residentes, por lo que cuentan con 21 inspectores, cuando en 2015 había 7, un número que están ampliando para cumplir con la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de 2019. «Se pasa de un inspector cada 250.000 habitantes a 1 cada 150.000. Llegaríamos a unos 33 o 34. La ley dice que se debía completar la ratio en 3 años desde la publicación de la ley, pero estamos haciéndolo ya, porque es una cuestión prioritaria. Lo vamos a hacer en año y medio», ha puntualizado.
Oltra: «En el informe hay indicios de trato no correcto, incluso degradante; se habían detectado irregularidades graves»
Cuestionada por qué hacer para evitar que estos grupos tengan peso en servicios sociales, ha recalcado que, en este ámbito, «la mentalidad empresarial de lucro rápido y como mera inversión no tiene cabida, el pelotazo no tiene cabida». «La mentalidad empresarial es la que tienen muchísimas empresas, de responsabilidad social. La que hace falta es la que pone en el centro a las personas, un medio de vida para quien se dedica a esta actividad económica, pero bajo la mentalidad y filosofía de trato digno. El primer objetivo es hacer bien el trabajo, que las personas mayores estén en las mejores condiciones posibles», ha sostenido.
Preguntada por su se plantean intervenir la residencia, ha apuntado que cualquier medida debe tener una base técnica, por lo que actuarán en función de la propuesta de actuación en el informe de los técnicos.
Por otro lado, sobre la huelga MIR y la reunión con Sanitat, ha pronosticado que «se llegará a buen puerto, porque las cuestiones que se plantean son muy razonables en muchos casos». «Estoy convencida de que se llegará a un acuerdo, porque se trata de personal muy valioso, en formación, se ha dejado la piel en general, pero en la pandemia más. Conviene que no les defraudemos en los primeros años de formación», ha pedido. Respecto al borrador del cambio de modelo de financiación, ha indicado que confían en que en noviembre tendrán el primer borrador.
Oltra sobre la huelga MIR: «Se llegará a buen puerto, porque las cuestiones que se plantean son muy razonables en muchos casos»
Asimismo, cuestionada por la contención del gasto, ha subrayado que «se tiene que ser contenido no en la cantidad de dinero, sino cualitativamente en qué gastamos el dinero». «¿Gastamos en Fórmula 1 y sarao o invertimos en políticas sociales, en residencias, educación o sanidad? La necesidad de las administraciones públicas es hacer presupuestos expansivos, pero no expansivos para lo que es superfluo, sino para lo esencial en la vida de las personas», ha sostenido.
En cuanto a la DANA y los recursos económicos, ha recordado que han destinado 92 millones para paliar los efectos, además de 7,3 millones a los municipios. «No solo pensamos en paliar los daños producidos, también en prevenir futuros impactos de temporales o fenómenos meteorológicos», ha expresado. Al mismo tiempo, ha indicado que trabajan en que el dinero «llegue lo antes posible a la ciudadanía».
