Mujeres al Timón
Todos los funcionarios de la Generalitat Valenciana tenían que volver este lunes al trabajo presencial como estipuló la Conselleria de Justicia y Administración Pública el pasado viernes. Sin embargo, algunas consellerias como la de Agricultura y la de Economía no han cumplido con la orden emitida desde el departamento dirigido por Gabriela Bravo. Ha sido, según define el CSIF, una vuelta “desigual, confusa y caótica”.
La central sindical ha lamentado que la decisión tomada por Justicia ha puesto en peligro a empleados públicos de grupos de riesgo y puede suponer «una vulneración de los derechos de los trabajadores si no existen las medidas necesarias de prevención». Señalan que el retorno al trabajo presencial del 100 % de la plantilla de la Administración valenciana, dictado por una resolución presentada el viernes y publicada el sábado, se ha producido sin que los representantes de los trabajadores hayan recibido una información detallada sobre medidas de distanciamiento, mamparas de separación o mascarillas repartidas por empleado público.
La decisión de reincorporar a la plantilla ha puesto en peligro a empleados públicos de grupos de riesgo
El sindicato ha advertido que la reincorporación presencial se ha llevado a cabo sin tener en cuenta las circunstancias de cada servicio u organismo, ya que, por ejemplo, «en el Ivace trabajan 106 personas en un sótano sin condiciones adecuadas de ventilación». O como en la Conselleria de Educación, que es donde más personal trabaja, van a pasar al Comité de Seguridad y Salud Laboral una propuesta de modificación en el plan de contingencia para adaptarlo a la resolución del sábado, a pesar de que la obligación de incorporación era desde ayer. «En cada Conselleria se ha regulado de una forma», lamentan desde el CSIF.
El sindicato también alerta que hoy se producirá también una reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral en la Conselleria de Hacienda para acoplar el plan de contingencia a la nueva situación, a pesar de que los trabajadores se vieron obligados a incorporarse presencialmente ayer.
Bravo asegura que las consellerias estaban informadas
Por su parte, como informó Efe, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado que en la resolución publicada el 11 de mayo en el Diari Oficial de la Generalitat ya se contemplaba «con todo lujo de detalles» que las consellerias debían elaborar un plan de contingencia para la vuelta presencial de los funcionarios tras el fin del estado de alarma. Bravo, al ser preguntada por las críticas ante la vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos ha manifestado sentirse «sorprendida» por que «mes y medio después» haya consellerias que aún no tengan ese plan de contingencia.
Del mismo modo se pronunciaba el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha apuntado que la vuelta de los funcionarios al trabajo presencial estaba prevista para la llamada «nueva normalidad» y ha recordado que quienes están en la función pública tienen que tener «un plus de responsabilidad». Se ha referido a que el conjunto de los funcionarios debe regresar a su puesto «como cualquier trabajador de cualquier sector», con las excepciones que haya, «y no tiene por qué haber ningún problema».
Bravo ha rechazado, a su vez, que se haya actuado con improvisación puesto que en la resolución que se publicó el 11 de mayo se contemplaba en cada fase el número de funcionarios que debían ir incorporándose a su puesto, y se indicaba a todas las subsecretarías que tenían un plazo de cinco días para elaborar ese plan con las medidas de distancia social, medidas individuales y colectivas, señalización, higiene, posibles turnos y entrada gradual en las sedes.
Sobre qué consellerias no disponen de la previsión para que todos los funcionarios puedan volver a su puesto, ha señalado que, según ha leído, «hay dos» -Agricultura y Economía- pero a la Conselleria que ella dirige ningún departamento le ha comunicado «nada formalmente».
Gabriela Bravo, en una imagen de archivo. | E3
Economía pospone la reincoporación de su personal
En este sentido, la consellería de Economía emitía una resolución firmada por el subsecretario Natxo Costa el día 20 de junio, mismo día en el que salía publicada la orden del departamento de Bravo para la reincorporación de los empleados públicos, en la que se resolvía posponer «la incorporación a la actividad presencial del 100 % del personal de la conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y sus organismos dependientes, en su correspondiente centro de trabajo, en tanto no se reúnan los respectivos Comités de Seguridad y Salud y se implementan de manera efectiva todas las medidas» para garantizar la seguridad de los empleados.
Señala la resolución que ante «la imposibilidad material de tener preparadas las medidas organizativas necesarias antes del próximo lunes 22 de junio, día previsto para la reincorporación del 100 % del personal público a la actividad presencial en su correspondiente centro de trabajo» y para garantizar la seguridad y salud de los empleados se pospone la vuelta al trabajo presencial de la plantilla.
Bravo lamenta las contradicciones
«Tenían todas las indicaciones básicas para realizar un plan de contingencia, además de la Guía Técnica validada por el INVASAT, que es el servicio de prevención de riesgos laborales de los empleados públicos», ha señalado por su parte Bravo. Por eso, ha afirmado que alguien «no ha ejercido cuando correspondía las responsabilidades que tenía», porque si no se han preparado los espacios o no se han colocado mamparas, los funcionarios no pueden incorporarse al trabajo porque «por encima de todo está su salud».
La consellera ha dicho lamentar «estas disfunciones y mensajes contradictorios lanzados a la opinión pública» cuando la Dirección General de Función Pública ha trabajado para facilitar el marco normativo, una homogeneidad y la previsión ante la nueva normalidad. Bravo ha manifestado que la valenciana es la comunidad con menor índice de contagiados en la Administración Pública y en Justicia porque se facilitó «desde el primer día» al personal incluso las medidas de protección individual y se actuó como se debía.
CSIF insiste en el teletrabajo
Por su parte, el sindicato CSIF insiste en la necesidad de mantener la combinación de teletrabajo y trabajo presencial mientras continúe el riesgo sanitario derivado la pandemia, como ha decidido el Ministerio de Política Territorial con los empleados públicos de Administración General del Estado.
La central sindical considera una “irresponsabilidad” la imposición por parte de Conselleria de Administración Pública, que ha provocado que miles de empleados públicos se hayan reincorporado a la actividad presencial sin tener claras las medidas de protección y sin una garantía de seguridad para personas con mayor riesgo por patologías como insuficiencias respiratorias.
