FAES alerta: sin inversión en redes peligra la transición energética industrial

La Fundación FAES ha reunido a representantes del ámbito energético, económico y regulatorio para abordar uno de los debates más urgentes para la economía española: cómo garantizar que la transición hacia un sistema eléctrico descarbonizado avance al ritmo necesario sin comprometer la seguridad de suministro ni la competitividad de la industria.

El encuentro, celebrado en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, ha coincidido -como ha recordado la consellera de Innovación e Industria, Marian Cano– con los 203 días transcurridos desde el gran apagón registrado en España a finales de abril, un episodio que evidenció la fragilidad del sistema eléctrico cuando la infraestructura no crece al mismo ritmo que la generación y la demanda.

El objetivo de la jornada era claro: identificar qué está fallando en el modelo actual -marcado por la saturación de las redes, la falta de incentivos a la inversión y un marco regulatorio percibido como inestable- y qué prioridades deben abordarse de inmediato si España quiere cumplir el compromiso de descarbonización en 2050 sin poner en riesgo su tejido productivo.

Un proceso irreversible, pero lleno de tensiones

Miguel Marín, director de Economía y Políticas Públicas de FAES, ha abierto el encuentro recordando que la transición energética «es un proceso irreversible» y, para España, «una oportunidad histórica para transformar el modelo productivo». Con abundancia de sol y viento, el país está bien posicionado para liderar tecnologías renovables, pero la ambición climática convive con un trilema complejo: reducir emisiones, abaratar la energía y garantizar la seguridad del suministro.

Marín ha subrayado además que este proceso es «intensivo en inversiones» y depende de tecnologías todavía inmaduras, lo que obliga a afinar la planificación y la coordinación institucional. «Y esa coordinación hoy brilla por su ausencia», ha lamentado.

«Hacen falta redes y almacenamiento»

En su intervención de apertura, la consellera Marian Cano ha defendido que «el progreso viene de la mano de la energía, de su disponibilidad y de su precio», y ha recordado el peso que la energía nuclear tiene en la Comunitat Valenciana, donde aporta alrededor del 50% de la producción eléctrica. Ha afirmado que las decisiones sobre el futuro del parque nuclear «deben tomarse por necesidades y no por ideología».

La titular de Energía ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con 1.512 megavatios (MW) de potencia instalada de almacenamiento mediante bombeo, lo que representa el 45% del total nacional. «Somos líderes en bombeo y almacenamiento, pero todavía necesitamos reforzar infraestructuras, redes inteligentes e interconexiones para consolidar un sistema flexible, competitivo y estable», ha señalado.

Cano ha advertido que el sistema energético español «no tiene un sistema de red acorde a las necesidades» y que, si la transición energética no se gestiona con rigor, «genera vulnerabilidad económica». Pese a que la Generalitat ha autorizado más de 2.000 MW solares, ha insistido en que «no basta con más renovables»: hacen falta almacenamiento, digitalización de redes y una política energética nacional que dé estabilidad a las inversiones.

La consellera de Industria ha expresado que «la Comunitat necesita un suministro estable y un precio competitivo. Hoy más que nunca, la transición energética es una apuesta para nuestra industria, el empleo y la competitividad».

Un desafío de gran magnitud

La primera mesa, moderada por Marín, ha reunido a Marina Serrano, presidenta de Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica); Antonio Hernández, socio del área de Sectores Regulados y Análisis Económico de EY España; Javier Santacruz, economista y analista financiero para analizar el principal cuello de botella del sistema: el acceso a la red eléctrica.

Serrano ha recordado que el informe publicado por Aelec reveló que el 85% de los nudos de conexión están saturados, un dato que evidencia la magnitud del desafío. «La electricidad es el motor de la actividad económica. Para descarbonizar necesitamos más generación y más demanda electrificada. Y entre ambas están las redes: ahí está el problema», ha informado.

Aunque España parte de un sistema históricamente sólido, el cambio estructural hacia un modelo con más generación distribuida y más penetración renovable exige redes «más robustas y con mayor capacidad». La presidenta de Aelec ha reclamado una planificación más flexible, agilizar autorizaciones, depurar qué proyectos son realmente maduros y desarrollar un modelo retributivo con incentivos claros a la inversión. «España tiene talento y oportunidad para liderar las renovables, -ha advertido- pero necesitamos redes que acompañen».

Retribución, inversión y límites regulatorios

Antonio Hernández, socio de EY, ha puesto el foco en el equilibrio entre inversión necesaria y señales regulatorias. Ha recordado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) plantea que el 81% de la generación sea renovable en 2030, una meta que ha definido como «ambiciosa y difícil» que requiere electrificar la demanda y reforzar el transporte y la distribución. «Todo eso es inversión y la pagarán los consumidores. Por eso debemos retribuir correctamente las redes, para que el consumidor pague lo justo», ha subrayado.

Hernández ha explicado que las inversiones asociadas al crecimiento de la demanda pueden incluso reducir los peajes y ha señalado que el Ministerio trabaja en un borrador de Real Decreto que prevé destinar 1.500 millones a redes y 700 millones al transporte eléctrico. EY ha comparado los modelos europeos en un informe y concluye que «la regulación debe promover la eficiencia»; algo que, a su juicio, España ha logrado históricamente.

Un fallo de planificación con efectos en los precios

Para Javier Santacruz, el origen del problema es un «fallo clásico de planificación central». Mientras las renovables han avanzado rápido, las redes quedaron rezagadas debido al límite de inversión impuesto tras el déficit tarifario de 2012-2013. «Tenemos generación renovable que no llega a consumirse y esto provoca una volatilidad extrema en los precios», ha alertado.

El economista ha reclamado un sistema «estable, seguro y competitivo» y ha defendido que la energía nuclear es esencial para aportar estabilidad al mix. También ha criticado la desconfianza del regulador hacia la iniciativa privada: «Cuando se parte de la presunción de especulación, se generan incentivos para escapar del regulador y eso agrava los cuellos de botella».

Almacenamiento, demanda y mercados de capacidad

«El PNIEC exige 22,5 GW de almacenamiento para 2030 y España está muy lejos» ha confirmado el representante de EY España.

De hecho, los representantes de la mesa han coincidido en señalar que el almacenamiento será el eje que permita casar generación y demanda en un sistema dominado por las energías solar y eólica. Hernández ha detallado que hay dos tipos: los de corto plazo (baterías) y los estacionales (centrales de bombeo hidroeléctricos), estos últimos más lentos de ejecutar.

El almacenamiento depende también de los mercados de capacidad, donde las tecnologías que aportan firmeza al sistema son retribuidas por su disponibilidad.

Demanda industrial: el eslabón débil

Los expertos han insistido en que el crecimiento de la generación renovable debe ir acompañado por un aumento paralelo de la demanda electrificada, especialmente la industrial. Hernández ha recordado que muchos procesos productivos que hoy funcionan con calor podrían electrificarse por debajo de 500 ºC.

Pero Santacruz ha introducido una advertencia crucial: la demanda futura es incierta. Pese a que el PIB ha crecido casi diez puntos desde la prepandemia, la inversión privada en maquinaria y bienes de equipo «solo ha aumentado seis», lo que evidencia falta de músculo para emprender reconversiones industriales. “La economía española necesita inversión privada para electrificar procesos”, ha asegurado.

Marco regulatorio: estabilidad y confusión

Santacruz ha sido contundente al expresar que «la regulación española es inestable», y esa incertidumbre afecta a la retribución de las redes y, por tanto, a la inversión. Una variación de un punto en la tasa de retribución para 2026 puede suponer «cientos o miles de millones de diferencia».

Serrano ha añadido que no existe aún normativa adecuada para el almacenamiento, pese a que es imprescindible para que el PNIEC sea viable. Y ha reiterado que el regulador debe tener en cuenta que una economía competitiva requiere industria fuerte: «Invertir en redes es invertir en competitividad».