La Generalitat valenciana cifra en 18.000 millones los daños de la DANA

La Generalitat valenciana ha cifrado en cerca de 18.000 millones los daños causados por la DANA del pasado 29 de octubre, que afectó a más de 300.000 personas y dejó 225 muertos y tres desaparecidos. El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, acompañado por el president, Carlos Mazón, ha presentado este viernes el Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica, donde se recoge el impacto de la catástrofe.

Este informe es la primera fase del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, cuya elaboración ya ha arrancado y se prevé que esté cerrada en junio, y que Gan Pampols, ha afirmado que será «robusto, realista, alcanzable y medible».

Pampols ha relatado que la DANA se vio agravada por cuestiones como la topografía del terreno; la antropización del suelo (los cambios que el ser humano ejerce sobre el medio); los incendios previos en la zona; el alto crecimiento poblacional, con una densidad de población seis veces mayor que la media de la Comunitat Valenciana y la alta densidad de empresas.

También contribuyeron a empeorar el impacto la insuficiente inversión en proyectos hidráulicos desde principios de siglo; la escasa formación de la población en situaciones de alarma; la concatenación de incidentes en los sistemas de alarma y la baja percepción del riesgo en la población, algo que, a partir de ahora, los niños aprenderán en el colegio.

El informe, elaborado con datos hasta el 7 de marzo, está sujeto a actualizaciones.

Más de 300.000 personas afectadas

Según el documento, la DANA afectó a 103 municipios y 306.000 personas, de las 225 fallecieron y otras tres siguen desaparecidas, además de a 11.242 viviendas, cuyo coste de reposición asciende a 475 millones de euros, a los que hay que sumar los 160 millones de los daños en ascensores.

Hubo también 141.000 vehículos afectados, de los que 120.000 han sido siniestro total, así como más de 350 kilómetros de cauces afectados, dos presas dañadas (Forata y Buseo), dos estaciones de tratamiento de agua potable y 123 estaciones de depuración de aguas, con un coste total de 780 millones.

Más 800 kilómetros de carreteras afectadas (con un coste de 360 millones); 550 kilómetros de vías ferroviarias (315 millones) y 380 puentes y pontones, son otros de los daños provocados por la dana en infraestructuras.

Más de 64.100 empresas dañadas

En cuanto al tejido empresarial, 64.104 empresas vieron afectada su actividad y sufrieron daños en sus activos por valor de 11.600 millones, mientras que 275.000 trabajadores resultaron afectados, de los que 33.000 entraron en ERTE.

En el eje medioambiental, se han cuantificado daños por valor de 446 millones, de los que 122 millones corresponden a daños en zonas medioambientales, como el Anillo Verde (64 millones), la Albufera (5,7 millones) o el Parque Natural del Turia (6 millones), y 324 millones por la gestión de residuos, donde se han retirado 13.000 toneladas de cañas.

Sobre el tejido social, los mayores daños se han centrado en asociaciones culturales (con 168 locales afectados y 20 millones en daños), clubes e infraestructuras deportivas (350 clubes y alrededor de 10 millones) y en la cancelación de eventos y actividades, que supuso un impacto de 40 millones en pérdidas.

Inversiones públicas y privadas

El informe también recoge la inversión prevista por cada uno de los organismos involucrados en la recuperación de la zona afectada: 3.711 millones por parte del Gobierno de España, 4.218 millones por la Generalitat; 56 millones por la Diputación de Valencia, y 45 millones por los diferentes ayuntamientos.

Respecto al sector privado y tercer sector, las iniciativas comprometidas suponen una inversión de 288 millones de euros entre empresas privadas, fundaciones, ONG y asociaciones.

El presidente, Carlos Mazón, ha anunciado que va a dirigirse al Gobierno central para «obtener su compromiso económico y de máxima coordinación para acelerar el proceso de recuperación».

En su opinión, las cifras recogidas en este informe demuestran que la recuperación es un «imperativo nacional», y que la Comunitat Valenciana no puede hacer frente ella sola a este desafío, por lo que ha exigido abordarla como «una cuestión de Estado, en la que éste no puede fallar», con el fin de recobrar «la confianza de las personas ante un desafío sin precedentes en el que ningún esfuerzo sobra».