El desguace reclama acortar plazos para evitar delitos en vehículos siniestrados

«Estamos a la espera a que desde la Dirección General de Tráfico se impulse un Real Decreto, que nos consta que ya se está haciendo, que permita agilizar o acortar los plazos legales para que los últimos titulares puedan pronunciarse sobre si quieren que su vehículo sea dado de baja definitiva o pueda pasar a reparación», explica Pere Anrubia, director Técnico de la Asociación de Desguaces de la Comunidad Valenciana (Adecova).

En concreto, desde la Asociación proponen que se recorte el plazo que actualmente es de tres meses desde que el coche aparece en un municipio en condiciones de no circular a otro de quince días. «Desde ese momento, hay tres meses para que el propietario decida que hacer con él y si en este plazo no se ha decidido, el municipio es competente para declararlo abandonado ante la Dirección General de Tráfico y llevarlo a un centro autorizado de desguace», apostilla.

Por ello «creemos que es razonable reducir ese plazo de tres meses a 15 días, con carácter transitorio y solo por motivos de la emergencia derivada de la DANA. Necesitamos ese Real Decreto para conseguir ese plazo».

Recalca que debe ser un Real Decreto porque «una mera instrucción de tráfico no tendría fuerza legal suficiente para modificar los plazos que están determinados en las leyes».

Otra cuestión que pone sobre la mesa Anrubia es ver «de qué manera puede colaborar el sector del desguace y sobre todo el de grúas para hacer un traslado ágil y ordenado desde las campas donde ahora mismo están acumulados esos vehículos a zonas más seguras donde se puedan peritar los coches, conservar con seguridad y esperar a que el procedimiento de baja definitiva se produzca».

En estos momentos, según las cifras que barajan desde Adecova, hay 15.000 coches aproximadamente acopiados e inventariados por la Guardia Civil que custodia las instalaciones donde se han acopiado los coches.

Informa también que hay una web de la Dirección General de Tráfico donde poniendo la matrícula del vehículo se puede saber si está o no, dónde está o si no lo saben. Suponiendo que el coche haya aparecido, un perito del consorcio lo valora como siniestro total, se firma la baja del coche y directamente se puede ir al desguace.

«El problema está -incide Anrubia- cuando el cliente  no sabe qué hacer con él coche, porque igual quiere repararlo. En ese caso, la idea es solicitar la baja temporal, que es gratuita para los coches afectados por la DANA con el objetivo de que no circule y no le cobren los impuestos«.

«Otra cuestión fundamental que hay que solucionar  son todos aquellos coches que todavía no hemos sido capaces de identificar, inventariar y peritar y que se estiman que ronden los 120.000 coches aproximadamente» aclara Anrubia.

En cuanto a la parte operativa y en la que participan todas las administraciones, Anrubia señala que «no es razonable que se sigan apilando o amontonando los coches porque eso los daña e impide que los peritos puedan acceder a los vehículos. Tenemos que buscar ubicaciones seguras y vigiladas  que permitan la entrada y salida de los peritos y de los particulares para decidir cada coche si es siniestro total o si es reparable».

En estos momentos y según datos de la Administración hay un total de 69 acopios. «Tenemos uno muy localizado por parte de la Dirección General de Tráfico y que se corresponde a los 2.500 vehículos que fueron retirados de las vías  y que están en la zona Zal del puerto de Valencia. El resto son municipales y cada población afectada ha ido habilitando zonas, campos de fútbol, solares, etcétera y esas zonas son las que tenemos que coordinar ahora con Diputación de Valencia«, adelanta Anrubia.

Riesgo de delincuencia

Explica también que cuando al ciudadano le llama el Consorcio para anunciarle dónde ha aparecido el vehículo y le ofrece una declaración de siniestro total, se firme la baja definitiva y el titular decida que ese vehículo se tiene que ir a un centro de desguace. «En ese momento, la Administración ya es competente para llamar al desguace, que nos lo llevemos y lo gestionemos medioambientalmente».

Por el contrario, recalca, «si el ciudadano no da la baja voluntaria y piensa que puede sacar un dinero por él, puede dar lugar a que haya un riesgo de delincuencia, porque lo que le están pagando por ese amasijo de barro es una documentación que puede ser utilizada con fines delictivos«.

Por ello, desde Adecova reclaman que se acorten los plazos para evitar que cualquier coche declarado siniestro total pueda ser comercializado para usos delictivos.

¿Cómo? «Anotando  el consorcio en el registro general de vehículos de la Dirección General de Tráfico, que ese vehículo es siniestro total. Por tanto tenemos garantías de que ese vehículo ya no va a circular. Y si circula deberá pasar la ITV, pero ya no estamos comercializando con un amasijo de hierros y  de barro», destaca.

Por otra parte, Anrubia confirma que el sector sí que tiene capacidad para gestionar esos aproximadamente 120.000 vehículos que están destinados a ir al desguace «porque yo no hablo en nombre de los desguaces de la Comunidad Valenciana ni de la provincia de Valencia. Hablamos de la red concertada de centros autorizados para descontaminar vehículos que hay en toda España. Te doy un dato. El año pasado en España se desmatricularon 700.000 coches».

Actualmente, en toda la Comunidad Valenciana, Adecova representa a 63 centros autorizados, que son el 75% de la capacidad de tratamiento, de esta cifra,  35 centros están en la provincia de Valencia.