El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado este jueves el nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) de la Comunidad Valenciana. Una normativa que pretende atajar el que es ya, en palabras de Mazón, uno de los problemas más «críticos» para la ciudadanía. El esperado decreto pretende a marcar un antes y un después en la política de vivienda autonómica, pero con la mira puesta en marcar un precedente en la política de vivienda nacional.
El jefe del Consell ha calificado la norma como «un paso más en nuestro compromiso con la legislatura de la vivienda al aportar soluciones reales y factibles para incentivar la construcción de nuevas viviendas que faciliten el acceso a jóvenes y familias al mercado inmobiliario»; en un acto al que también ha asistido la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.
Como en gran parte de la geografía española, el mercado de la vivienda en la Comunidad Valenciana soporta una gran tensión debido a la escasez en la oferta y una cada vez mayor demanda. El pasado mes de abril el Consell presentaba el Plan «Viu Comunitat Valenciana», un proyecto que pretende impulsar la construcción de 10.000 nuevas viviendas de protección pública antes del fin de 2027.
Objetivo: Activar el mercado inmobiliario
El objetivo de este nuevo decreto es «actualizar la normativa al escenario actual para favorecer que la vivienda de protección pública sea una opción posible para todos los valencianos, castellonenses y alicantinos que demanden una nueva residencia y corrija la situación del mercado inmobiliario en la Comunitat Valenciana tras años de inacción en esta materia».
De este modo, ha detallado Carlos Mazón, el marco normativo busca activar el mercado inmobiliario de vivienda protegida para «hacerla más accesible para la ciudadanía, especialmente para jóvenes».
Una de las principales novedades del nuevo reglamento reglamento reside en que incluirá una categoría de vivienda joven destinada a menores de 35 años, ajustando la renta para facilitar el acceso de los jóvenes a estos inmuebles.
Además, ha afirmado el president. el decreto establecerá la obligación de que todas las promociones VPP, tanto públicas como privadas, contengan una reserva mínima del 40% para menores de 35 años. Asimismo, a través de esta norma podrán beneficiarse las familias monoparentales, familias con alguna persona con discapacidad o dependencia o victimas de violencia de género. El reglamento también incrementará el nivel de renta máximo para acceder a una vivienda protegida para las familias que tengan mayores a su cargo o hijos con edades entre los 18 y 35 años.
Simplificación, seguridad y dinamismo
Desde el Consell ponen el acento en la colaboración de instituciones públicas y privadas, así como los representantes de la sociedad civil, en la elaboración de este marco normativo que «impulse la construcción de viviendas asequibles y accesibles que revierta la carencia de oferta de vivienda de los últimos años y una política ineficaz». Mazón ha recordado que el desequilibrio heredado entre la oferta y la demanda ha hecho que, entre 2015 y 2023, «el precio del alquiler aumentó en un 90% y el de compra en un 49%».
Para incentivar a los promotores a construir más viviendas protegidas, apostando por una mayor simplificación normativa y garantizando la seguridad jurídica, el reglamento introduce medidas que facilitan y acortan los plazos para la obtención de calificaciones. Por otro lado, se mantendrá el carácter permanente para todas las viviendas de titularidad pública, al tiempo que establece distintos niveles de protección.
Este periodo de protección podrá oscilar entre 30 años para las promociones en suelos calificados para VPP, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven.
Además, el nuevo decreto va a desplegar un nuevo sistema para la fijación de precios máximos. Se trata de un módulo dinámico pionero en España que, en base a los costes de edificación, se ajustará de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias en cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana.
La legislatura de la vivienda
Durante su intervención, Mazón ha apuntado que «este nuevo reglamento de VPP es la primera piedra de un proyecto legislativo mucho más amplio, y de un conjunto de acciones que aseguren una respuesta eficaz del Consell a las necesidades de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana».
Así, a este nuevo decreto se suma a otras iniciativas como el Plan Vive que prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas asequibles al que ya se han adherido más de 200 municipios de la Comunitat Valenciana.
Igualmente ha puesto en valor la línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para menores de 45 años dotado con 20 millones de euros. Una iniciativa que permite que el comprador obtenga un préstamo de hasta el 95% del precio de la vivienda.
Asimismo, ha recordado las medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda con la reducción de un 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Así para menores de 35 años, colectivos más vulnerables y compradores de viviendas de protección oficial de régimen general, se ha rebajado el ITP al 6%. En ambos casos con un valor de la vivienda de hasta 180.000 euros.
Del mismo modo, se ha referido a la ampliación del Bono Alquiler Joven 2023-2024 que ha permitido beneficiar a 5.640 menores de 35 años, un 44% más que la última convocatoria. Así, para estas ayudas se han destinado 31,9 millones de euros, con un incremento del 40%.