Año I de la legislatura: Estas son las leyes económicas en tramitación en el Congreso

El pasado 17 de agosto se cumplió un año del inicio de la XV legislatura de España y quedan menos de dos semanas para que comience septiembre y se retome la actividad parlamentaria. ¿Qué queda pendiente en materia económica en el Congreso de los Diputados? ¿Cuáles son los proyectos de ley en tramitación?

En lo que va de legislatura, la Cámara Baja tan solo ha aprobado una normativa en materia económica, concretamente, la Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Ahora, el último cuatrimestre del año viene cargado de iniciativas como el proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado o el de la Ley de Movilidad Sostenible. Además, el Gobierno tiene la gran tarea de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

Estas son las leyes económicas que se encuentran en tramitación en el Congreso de los Diputados en estos momentos.

La Ley de Función Pública y el impuesto a las multinacionales

A la Comisión de Hacienda y Función Pública llegó el 17 de julio el proyecto de Ley de la Función Pública, aprobado el pasado mes por el Consejo de Ministros. El texto tiene como objetivo transformar la Administración y aborda, entre otras cuestiones, los procesos de acceso al empleo público, las carreras profesionales, el aprendizaje continuo y la ética profesional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuente: Congreso de los Diputados.

Otra de las iniciativas en tramitación en esta comisión es el proyecto de ley por la que se establece un impuesto complementario para las multinacionales. La iniciativa transpone al marco legal nacional la directiva europea que garantiza un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros.

Además, está pendiente el proyecto de ley, procedente del Real Decreto-ley 8/2023, en el que se recogen una serie de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Emisión de gases de efecto invernadero y la Ley de Movilidad

Por su parte, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene en tramitación un texto en materia energética: el proyecto de Ley que modifica el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este texto busca crear un marco normativo de políticas y medidas para cumplir con los objetivos asumidos en materia de energía y cambio climático, como el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

En materia de movilidad están en tramitación dos textos: el proyecto de Ley por la que se modifican las normativas de seguridad aérea y navegación aérea, y el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Sesión en el Congreso de los Diputados. Fuente: Congreso de los Diputados.

Este último texto ha pasado dos veces por el Consejo de Ministros y ha iniciado dos veces la tramitación parlamentaria, dado que fue una de las legislaciones que se quedó en el aire con el adelanto electoral de julio de 2023. Entre otras novedades, el proyecto incluye la obligación de que los municipios de más de 20.000 habitantes desplieguen planes sostenibles de movilidad urbana y creará el Sistema Nacional de Transporte.

Respecto a vivienda, el Congreso debe debatir la prórroga de las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables.

Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital tiene pendiente el proyecto que reforma la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Este proyecto amplía el conjunto de vehículos que deben disponer de seguro obligatorio de responsabilidad civil, incluyendo a vehículos agrícolas e industriales, además de los vehículos de movilidad personal.

Otro texto en tramitación en dicha comisión es el proyecto de Ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Este pretende ser un órgano dotado de independencia funcional para la resolución extrajudicial de los conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.

Por otro lado, en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo está en tramitación el proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, una legislación que pretende paliar las deficiencias detectadas en la prestación de este tipo de servicios por parte de las grandes empresas y mejorar así la protección de los consumidores para garantizar sus derechos.

Condiciones laborales transparentes

En materia de trabajo y Seguridad Social, la Cámara Baja tiene pendiente el proyecto de Ley para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. Tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, está pendiente de aprobación esta reforma que busca simplificar y mejorar la protección por desempleo e incluye cambios para agilizar el acceso a las ayudas y compatibilizar empleo y prestaciones.

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Fuente: Congreso de los Diputados.

Otro proyecto en tramitación es el proyecto de ley para la transposición de una directiva de la UE sobre la transparencia en las condiciones laborales. Esta nueva norma introduce, en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho a que las condiciones de trabajo sean previsibles, es decir, que la persona trabajadora conozca de antemano su pauta de trabajo y, en su caso, los criterios en virtud de los cuales dichas condiciones pueden cambiar.

La Ley de Desperdicio Alimentario

Finalmente, respecto a agricultura, otra norma que ya estuvo en tramitación  la anterior legislatura es la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, la cual decayó por la disolución de las Cortes Generales con la convocatoria de elecciones de julio de 2023. El texto establece una serie de obligaciones, con multas que pueden llegar a los 500.000 euros para prevenir el desperdicio alimentario.