La Asociación de Empresas Afectadas por la Crisis de Argelia (AECA) ha vuelto a retomar la preparación de la reclamación patrimonial al Estado con el objetivo de que «aquellas empresas que nos hemos visto afectadas por el bloqueo de Argelia a los productos y servicios españoles obtengamos una compensación por las pérdidas», explica Julio Lebrero, presidente de la AECA y gerente de Aecomhel, una empresa oscense dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria de obra pública y afectada por el boicot comercial argelino.

De momento, no se sabe el número de asociados que van a llevar a cabo esta acción porque, «desgraciadamente», incide Lebrero, «la reclamación patrimonial no se puede hacer como asociación, hay que llevarla a cabo de manera individualizada».

Actualmente, desde la AECA están trabajando en saber el número de empresas que procederán «de forma inmediata a la reclamación patrimonial». Tampoco tienen cuantificado el montante que tienen previsto reclamar. «Aunque pensamos que oscilará entre los 100 y 120 millones de euros», apunta.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Este procedimiento, tal y como explica Julio Lebrero,  va primero contra la propia Administración. Concretamente, la ley recoge que la Administración tiene seis meses para dar una respuesta  y si se produce silenció administrativo «habría que proceder a una reclamación vía judicial».

¿Por qué la crisis de Argelia?

A principios de junio de 2022, Argelia suspendía el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, que ambos países habían firmado en 2002 como consecuencia del giro del Gobierno respecto al Sahara occidental.

Ante esta situación de cierre de fronteras de Argelia para los productos y servicios de las empresas españolas, los afectados pusieron en marcha en mayo de 2023 la AECA para defender sus intereses.

Las más de 22 empresas y las dos asociaciones que la integran –Anffecc, que reúne los productores españoles de fritas, esmaltes y colores cerámicos y Arvet, la agrupación española de empresas exportadoras- pertenecen a diferentes sectores de actividad y están muy diseminados por la geografía española.

Igualmente, la mayoría de empresas que forman parte de la asociación son pequeñas y medianas empresas «cuyas  facturaciones medias oscilan entre un millón y 15 millones de euros», aclara Lebrero.

¿Cuál es la postura del Gobierno?

Los afectados por la crisis de Argelia mantuvieron la última reunión con el Ministerio el pasado mes de octubre, confirma Lebrero. Después volvieron a reclamar un nuevo encuentro y «nos  respondieron que no había cambios sustanciales sobre la situación, con lo que consideraban que no hacía falta una nueva reunión», apunta.

Por otra parte, también se desvanecieron todas sus esperanzas a que hubiera una reconciliación entre ambos países y una nueva vuelta a la normalidad, el pasado mes de febrero, ante la inminente suspensión del viaje del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares a Argelia. «Nos encontramos con la sorpresa de que dicha reunión se cancelaba y la información que nos va llegando desde Argelia no nos hace predecir que vaya a haber un cambio de postura por parte Argelia con respecto a la apertura del mercado. Este es el motivo principal con el cual hemos decidido reactivar la reclamación patrimonial», señala Julio Lebrero.

A título personal, Julio Lebrero achaca a la Administración su falta de empatía con los empresarios afectados, «ya que no ha habido ningún comunicado, con los que pudiéramos estar de acuerdo o no, informándonos sobre la situación y decidir, en función de dicha información, qué decisiones tomar». «Desde el Ministerio -recalca- saben perfectamente cuáles son las empresas que estamos trabajando con Argelia», añade. «El propio Ministerio nos pidió una base de datos y un informe, que se había recopilado a través del agregado comercial en Argelia, sobre la situación de las empresas, qué problemas teníamos, en qué situación nos encontrábamos y que perjuicios estábamos teniendo».

La supervivencia, en juego

Lebrero revela también que «el Gobierno no es capaz de comprender el esfuerzo que nos supone a las pequeñas y medianas empresas abrir y competir en un mercado que representa entre el 70 o el 80% de nuestra facturación». Con lo cual, -recalca- «no sólo pierdes el mercado de venta, sino que pierdes el mercado real porque tu cliente tiene que buscarse otras alternativas, con lo que estás abriendo las puertas a empresas de otros países».

«Esta situación -reconoce Lebrero-  conlleva un problema de supervivencia».  Es decir, «hay muchas empresas afectadas que están evaluando si proceden a una liquidación de la compañía, una suspensión de pagos o qué medidas tomar», concluye.