«Este año se han producido 991 impactos normativos. Esto ha dado lugar que además de complicar la vida a la gente hemos complicado al sistema judicial. Por ello, sería bueno quitar batallas entre administraciones», ha manifestado Valentín Pich,  presidente del Consejo General de Economistas de España durante la presentación del estudio «Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2024».

Ante esta situación, el presidente ha subrayado también la necesidad de revisar el sistema de financiación autonómica ya que «estamos complicando al país».

En esta misma línea, se ha pronunciado también Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), que considera que hay que afrontar el panorama global de los sistemas de financiación «porque estamos ante tendencias dispares que pueden llegar a provocar discriminación entre los ciudadanos simplemente por su lugar de residencia», ha declarado.

Agustín Fernández ha explicado que  la recaudación de las comunidades autónomas ha crecido un 39% desde 2007 a 2021 debido a su participación en los grandes impuestos cedidos parcialmente, Renta, IVA e  Impuestos Especiales y Medioambientales (IIEE), aunque haya incidido en sentido contrario la bajada en Patrimonio –por los cambios normativos– y, sobre todo en Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales  (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Igualmente, en 2022 el Estado ingresa por el IRPF 109.485 millones de euros, un 15,80% más que en 2021 superando, por quinta vez, lo recaudado en el año anterior a la crisis, 2007, con ingresos de 72.614 millones de euros.

54 impuestos propios y a la baja

Por otra parte, los impuestos propios de las comunidades autónomas, que tal y como ha explicado María José Portillo, directora de la Cátedra de Hacienda Territorial en la Universidad de Murcia, son aquellos sobre los que no graba el Estado, representan solo el 2,2% de los ingresos tributarios en 2022, por lo que siguen siendo una escasa fuente de financiación para las autonomías. La recaudación por impuestos propios ha crecido en 2022 con respecto a 2021 un 10,9%.

En esta misma línea, Portillo ha indicado que «en 2024 hay vigentes 54 impuestos, aunque su cuantía se va reduciendo».  En concreto, en 2024 se han producido numerosas modificaciones en el panorama de los impuestos propios como consecuencia de la creación del Impuesto Estatal sobre residuos, que ha supuesto que las CC.AA. que tenían implantado uno similar hayan procedido a suprimirlo o dejarlo sin efecto. En el año 2024 no se han creado nuevos impuestos, solamente se han derogado algunos de ellos  y se han modificado algunos ya existentes.

En concreto, «la Comunitat Valenciana creó el impuesto sobre la estancia turística en 2023 pero no ha entrado en vigor y se ha derogado», ha puntualizado Portillo.

Los impuestos sobre el agua son los más importantes, ha señalado Portillo. Representan el 62% del total de los impuestos propios y suponen la mayor parte de la recaudación de los impuestos propios.

En términos generales, ha incidido Portillo «vemos como la mayoría de la recaudación por impuestos propios procede de impuestos sobre el agua». Con lo que, ha considerado que «sí que tendría muchísimo interés que se revisase la fiscalidad profunda en España».

El Impuesto de Sociedades, al alza

Respecto al crecimiento de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades sigue al alza. Si comparamos 2022 con 2021, se incrementa la recaudación en un 20,84%, aunque muy por debajo del incremento del 68% que se produjo en 2020 respecto con 2021.

En el IRPF, las CC.AA. regulan muchas deducciones, en general con poco coste recaudatorio porque se suelen establecer para contribuyentes con circunstancias muy concretas y, normalmente, con rentas bajas. En los últimos años se regulan incentivos para paliar la despoblación rural.

En ese impuesto, las CC.AA. han utilizado mucho su capacidad normativa. Para 2024, cinco comunidades han rebajado la tarifa, continuando con la tónica que varias ya iniciaron en 2023. País Vasco y Navarra también han actualizado las deducciones por mínimos personales y familiares.

Las tarifas del IRPF de las CC.AA. se apartan de la tarifa estatal (9,5 a 24,5%). Así, de las CCAA de régimen común, cuatro tienen el mismo tipo mínimo que la estatal, cuatro lo han fijado por debajo y, para las tres restantes, es superior. Por lo que se refiere al marginal máximo, en seis comunidades es inferior al estatal y en ocho superior.

En el Impuesto de Patrimonio se ha utilizado menos la capacidad normativa. Lo más relevante es la bonificación del 100% de Andalucía, Extremadura, Madrid y Cantabria, esta última sólo para patrimonios superiores a 3.000.000 € y del 50% en Galicia. Andalucía y Madrid dan la opción a sus ciudadanos para decidir si quieren ingresar la cuota en sus comunidades o, bien, al Estado, a través del Impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. En cuanto a los mínimos exentos, se han establecido más bajos que la norma estatal en Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana, y más alto en Islas Baleares y en la Región de Murcia.

El Impuesto de Sucesiones mejora la tributación

En el impuesto de sucesiones son diez las comunidades que regulan los mismos tipos de gravamen que los de la tarifa estatal (7,65 a 34%), aunque algunas tienen tarifas propias en función del parentesco. En la mayoría prácticamente no se paga cuando los sucesores son familiares cercanos y, en el resto, prácticamente no se paga cuando cada heredero no tiene una base superior a cierta cantidad que, como poco, es de 300.000 €. En Islas Baleares, Canarias, Cantabria y Madrid se alivia la tributación también a los familiares del grupo III.

En definitiva, el impuesto sobre sucesiones y donaciones  continúa la misma tendencia observada en años anteriores de rebajar el impuesto mediante la introducción de mayores bonificaciones o el incremento de las reducciones por parentesco. En concreto, varias comunidades mejoran la tributación de los Grupos I, II y también del Grupo III.

En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se regulan nuevos tipos reducidos para la adquisición de vivienda por determinados colectivos. Muchas comunidades aplican tipos reducidos en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas cuando en las transmisiones de inmuebles no se renuncia a la exención del IVA y, sin embargo, penalizan las transmisiones con renuncia a la exención del IVA subiendo los tipos en la modalidad de actos jurídicos documentados.