España necesita reducir su deuda pública urgentemente, ¿cómo puede hacerlo?

España cerró 2022 con una deuda del 113,2% y un déficit del 4,7% sobre el PIB y, según las últimas previsiones del Gobierno, cerrará 2023 con una deuda del 108,1% y un déficit del 3,9%. Según las últimas indicaciones de la Comisión, y a la espera de conocer el texto en el que se concreten las nuevas reglas fiscales, España tendrá que reducir la deuda en al menos un punto de PIB al año hasta situarse en un 90% de deuda sobre el PIB, donde la reducción obligatoria pasaría a ser del 0,5% hasta alcanzar el 60% indicado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Con motivo del reciente acuerdo de los 27 países de la Unión Europea para la reforma de las reglas fiscales, que ha puesto en el punto de mira las cuentas del Estado para el año que viene, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado una sesión titulada «Presupuestos, deuda, déficit y consecuencias», con objeto de analizar las palancas sobre las que se debería actuar para volver a una senda de equilibrio fiscal que permita a nuestro país cumplir, de la forma más eficiente posible, con las nuevas directrices emanadas de la UE y recuperar un cierto margen de maniobra fiscal de cara a posibles crisis futuras.

La ponencia ha contado con la presencia de Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de Foment del Treball Nacional y consejero del Consejo Superior de Estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) en representación del CGE. Por parte de Fedea, han intervenido Ángel de la Fuente, director ejecutivo de dicha Fundación, y José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia (UV) e investigador asociado de Fedea.

El principal problema

Valentín Pich, presidente del CGE, ha comenzado el acto afirmando que «la conveniente vuelta de las restricciones fiscales europeas va a obligar a la reducción del déficit público español a, por lo menos, el 3% del PIB. Por otra parte, la situación de la deuda pública, que se estima en el 108,1% del PIB al cierre de 2023, y las previsiones futuras de la economía española, agravadas por el envejecimiento de la población que amenaza con desequilibrar las cuentas futuras de la Seguridad Social».

Para poner tratar de enderezar esta situación, ha aseverado Ángel de la Fuente, es necesario «un plan ambicioso de consolidación fiscal para reducir el déficit público y el stock de deuda. Por el lado del ingreso, sería necesaria una reforma fiscal bien pensada que se centre en la ampliación de las bases tributarias, eliminando ‘agujeros’ como los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos, y en la fiscalidad medioambiental, con especial atención a la que grava las emisiones de carbono.

«Por el lado del gasto, resulta fundamental revisar el sistema de pensiones con el fin de limitar el crecimiento de estas prestaciones, que amenaza con dejarnos con muy poco margen fiscal para afrontar otras prioridades», ha concluido De la Fuente.

¿Se puede reducir la deuda con más ingresos?

José Emilio Boscá ha centrado su exposición en aspectos generales de la deuda y el déficit de nuestro país, su estado en comparación con los países de nuestro entorno, y la evolución en el tiempo del endeudamiento del sector privado y público.

Para el catedrático, «existe literatura económica convincente que encuentra que los planes de consolidación basados en reducciones del gasto (corriente o de inversión) o en la reducción de transferencias tienen, en general, un efecto similar sobre el PIB, provocando efectos recesivos leves a muy corto plazo, pero que desaparecen muy rápidamente». Sin embargo, los ajustes basados en incrementos de los impuestos han causado históricamente pérdidas de producción mucho mayores que las consolidaciones fiscales basadas en el gasto, siendo, además, más persistentes en el tiempo.

En España, ha explicado Boscá, aunque se consideren ambas medidas, es muy importante no dañar la inversión pública productiva y los incentivos a la inversión privada y acompañar la consolidación de reformas estructurales que estimulen el crecimiento a largo plazo. Para ello, el anuncio por parte del Gobierno de un plan de consolidación a medio plazo «que resulte creíble y convincente es crucial para evitar bandazos que generen problemas de expectativas y credibilidad».

¿Se puede incrementar el gasto público?

Con respecto a los Presupuestos Generales del Estado para el 2024, Salvador Guillermo ha señalado «su importancia desde el punto de vista político, al ser los primeros presupuestos de la legislatura, de ahí que la presión para su aprobación va a ser más elevada, por un lado; y por otro, hay que destacar las tensiones que se producen hacia la sostenibilidad a medio plazo de las finanzas públicas».

«Yo diría que no hay margen efectivo, en términos comparados –ha señalado Guillermo–, pues aunque los datos de presión fiscal, entendido como el peso de los ingresos públicos sobre PIB, es ligeramente inferior a la media, también deben  corregirse esos datos con la mayor presencia de la economía irregular en nuestro país, que hace que la presión fiscal normalizada, como bien señala el Instituto de Estudios Económicos (IEE), sea en términos comparativos muy superior a la media europea, y que viene explicada por esa economía irregular», explica.

Por último, Guillermo asegura que «no se trata de que paguen más los que ya pagan, que lo hacen de forma destacada, sino de hacer pagar a los que no pagan o no pagan lo que les corresponde, y poner el acento en la lucha contra el fraude fiscal. ¡No tenemos una imposición baja!».

En este sentido, el director ha hecho alusión a un informe publicado por el FMI, en el que se hacía un estudio sobre la economía sumergida en 158 países en el periodo 1991-2015. En términos medios, se sitúa ésta en el 24,52% del PIB en España, frente a Francia 14,08%; Reino Unido 11,08%, Alemania 11,97% o Estados Unidos 8,34%..

¿Podrá España cumplir?

Para José Emilio Boscá, «en este momento las ventajas de las reglas fiscales superan con creces los costes para España. El nuestro es un país catalogado como de riesgo alto por la Comisión Europea y, aunque las nuevas reglas pueden propiciar algunas distorsiones a corto plazo, sus ventajas más que compensan estas distorsiones».

El reto para España, asegura el catedrático, es aprovechar el nuevo diseño de las reglas fiscales para devolver las cuentas públicas a una senda sostenible, a la vez que se propicia un crecimiento más vigoroso y sano en el largo plazo. No nos viene nada mal que se nos imponga una cierta disciplina desde fuera del debate político interno.

Para Salvador Guillermo, este año supondrá «un esfuerzo importante, ya que está previsto, de acuerdo con el techo de gasto recientemente aprobado en el Congreso de los Diputados, que el déficit se sitúe en el 3% en el 2024, frente al 3.9% del PIB que se estima para el 2023». Esto se traduciría en una reducción de 9 décimas de PIB en un año, a fin de dar cumplimiento a la reinstauración de las normas europeas derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.