Las pymes suponen en nuestro país el 99,8% de las empresas, representan poco más del 62% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 66% del empleo empresarial total, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Concretamente, las pymes con asalariados suponen el 46% de las empresas españolas y emplean a más de ocho millones de trabajadores, lo que representa el 53,30% del empleo empresarial total.

Esta relevancia de la pequeña y media empresa tiene también su traslación en las economías de otros estados europeos. No en vano, más del 99% de las empresas que existen en la Unión Europea son PYME que dan empleo a 94 millones de personas y generan más de la mitad del valor añadido del conjunto del tejido empresarial.

Pese a ello, advierte un informe global sobre la fiscalidad de las multinacionales publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las grandes empresas multinacionales juegan con ventaja: gozan de una fiscalidad desigual que les alienta a trasladar su declaración de beneficios a zonas donde realizan poco o ningún negocio, pero son más atractivas fiscalmente.

Una ventaja frente a la mayoría

La relevancia para el tejido económico de las pymes, aseguran desde el Industria, debería implicar que cualquier política orientada a la mejora del posicionamiento de nuestro país en el entorno económico global, tome en consideración de forma prioritaria a la pequeña y mediana empresa.

Sin embargo, según los datos de la OCDE, en torno al 37,1 % de los beneficios netos de las grandes empresas -2.411 millones de dólares sobre 6.503 millones- tienen un tipo fiscal de impuesto de sociedades inferior al 15 %. Este fenómeno tiene lugar también en jurisdicciones de fiscalidad elevada -más del 15 % del impuesto de sociedades- y en las que lo pagado acaba siendo finalmente inferior a asa cifra, lo que subraya «la necesidad de una reforma fiscal a nivel global», reitera la organización en un comunicado.

Datos de 2019 y 2020 recopilados por las 52 jurisdicciones internacionales que tienen estadísticas, que cubren la actividad de unas 7.000 multinacionales, muestran «un desajuste entre los lugares donde se reportan los beneficios y los lugares donde ocurren las actividades económicas», añade el informe.

Una desventaja evidente

Según explica Jaime Zaplanta, responsable del Área Fiscal de GB Consultores, el Principal problema que esta situación genera es que se utilizan los recursos de un lugar para generar riqueza, pero la tributación no repercute sobre el mismo. El hecho de transferir resultados a zonas o países en los que realmente no se está ejerciendo una actividad, asegura, genera una descompensación evidente. «Es lógico pensar que es una situación injusta».

«Las pequeñas o medianas empresas son firmas con estructuras muy localizadas y que no tienen capacidad de simular su actividad en otro lugar. Las multinacionales escapan a esto mediante una simulación cada vez más perseguida. A nivel español, existe una normativa clara que persigue la no transferencia de resultados a países de nula o baja tributación», asegura Zaplana .

Y concluye: «Estas multinacionales tienen capacidad de simular que el resultado se debe declarar en un país o en otro en función de lo que les interese fiscalmente. Su estructura les da la opción de beneficiarse, cosa que las pymes no pueden hacer».

¿Trasvase de beneficios?

En un informe global sobre «Estadísticas Fiscales Corporativas», la OCDE señala como ejemplo que en jurisdicciones de alto nivel de inversiones la facturación por empleado fue de 1,71 millones de dólares, frente a los 290.000 dólares de media en las demás jurisdicciones.

Aunque esta diferencia puede deberse en parte a razones comerciales, también indica la probabilidad de prácticas de trasvase de beneficios a jurisdicciones fiscalmente más favorables, detalló la OCDE. «Estos resultados muestran cómo la introducción de un tipo fiscal mínimo a escala global en los beneficios de las grandes multinacionales», tal como se acordó en el marco de la OCDE y el G20, señaló el comunicado.

La OCDE señala también que el tipo medio efectivo de este impuesto se ha estabilizado en los últimos años tras experimentar un declive en las últimas dos décadas. Y es que el tipo medio efectivo del impuesto de sociedades pasó del 28,1 % de media en 141 jurisdicciones en 2000 a un 21,3 % en 2020, aunque se ha mantenido en un 21,1 % en 2021 y los dos años sucesivos.

¿Se necesita regulación?

La OCDE insiste en su informe sobre fiscalidad presentado hoy en la necesidad de una reforma fiscal a nivel global. Según explica Zaplana, la globalización tiene aspectos positivos, pero también negativos, como que las grandes empresas tienen en la actualidad una capacidad de movimiento mucho mayor.

«El problema es que si todos los países no jugamos con las mismas reglas del juego, siempre habrá lugares con mayores ventajas o alicientes para que las empresas simulen estar en un lugar frente a otros países», afirma el responsable del Área Fiscal.

Y finaliza: «Eso va mucho más allá de la tributación. Si no tenemos todos las mismas normas, habrán países más interesantes que otros para ejercer una actividad. O todos nos regimos por la misma normativa o siempre habrá países con ventaja».

Jugar a la baja

En total fueron 111 las jurisdicciones que bajaron su tipo impositivo entre 2000 y 2023, mientras que 15 lo mantuvieron y únicamente 15 los subieron. Un total de veinte jurisdicciones bajaron el tipo impositivo en 20 puntos o más durante ese período, y tres de ellas (Jersey, Guernsey y la Isla de Man) eliminaron el impuesto.

A pesar de esta disminución, la OCDE señala que el impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas, supone una contribución importante a los ingresos nacionales en todo el mundo, ya que supuso de media el 15,1 % de los ingresos fiscales totales en 116 jurisdicciones en 2020.

En España, esa cifra fue del 5 %, igual que en Estados Unidos y Francia, mientras que en Alemania fue el 4 % y en Reino Unido el 7 %. Además, ese impuesto supuso una media del 3 % del Producto Interior Bruto (PIB) de esas jurisdicciones en 2020. En España fue también un 3 %, por un 1 % en EE.UU., y un 2 % en Francia, Alemania y Reino Unido.

El informe de la OCDE constata también el aumento de los incentivos fiscales que los países de la organización dan a los gastos de investigación y desarrollo (I+D) de las empresas. Un total de 33 de los 38 miembros de la organización ofrecían incentivos fiscales por los gastos corporativos en I+De en 2021, frente a los 19 de 2000.