Después de haber superado hasta cuatro olas de calor a lo largo de este verano y la primera Dana que ha causado estragos, en mayor o menor medida por toda España, esto no es nada en comparación con lo que están sufriendo nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que, a la sequía actual se suman otras cuestiones como el alza de precios de insumos; la falta de relevo generacional; la ley de la cadena alimentaria que no ha conseguido solucionar el problema de los precios; el nuevo cuaderno digital, que entrará en vigor de manera progresiva a partir del 1 de septiembre de 2024; las importaciones de países de fuera de la Unión Europea; o la fauna salvaje descontrolada que está perjudicando a los cultivos españoles, entre otras preocupaciones.

Sobre estas cuestiones hemos hablado con los interlocutores del sector primario Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); Juan José Álvarez, secretario de Organización de Asaja; Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, y José Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

Peticiones al futuro gobierno

A todo ello se suma que, a fecha de cierre de la presente edición, no hay nuevo gobierno todavía, después de las elecciones generales del pasado 23 julio.
A pesar de todo, han hecho sus deberes y han puesto sobre la mesa sus respectivas cartas a los Reyes Magos.

Desde COAG presentaron a los principales partidos políticos un documento que recoge más de 100 medidas concretas para proteger a la ‘clase media’ del sector agrario. En esta línea, su secretario general, Miguel Padilla alerta de que «la producción agraria actual se está viendo alterada radicalmente por una serie de motores ajenos y propios que pueden desembocar en la desaparición del modelo social y profesional de agricultura».

Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

En su opinión, la cadena no genera valor para el agricultor, «más bien lo destruye con la intención de hacer desaparecer las explotaciones familiares para ser reemplazadas por grandes extensiones e inversiones especulativas con otra filosofía de funcionamiento». Subraya también que «la rentabilidad que se obtiene no asegura el relevo generacional y agrava el problema de abandono del sector y despoblación del medio rural».

Ante este panorama, Padilla lanza la siguiente pregunta: «¿La tierra y el agua en manos de fondos de inversión especulativos o de pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesionales que generan vida en los pueblos y vertebran el medio rural de forma sostenible?».

Alerta también de que «la brutal reconversión que se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos en ‘asalariados’ de las grandes corporaciones agroalimentarias y los fondos de inversión de capital externo. Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone, España camina hacia una agricultura sin agricultores».

Por su parte, desde Asaja han previsto una decena de propuestas para el nuevo gobierno como el reconocimiento del valor de la profesión de agricultor y de ganadero y su papel estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y la salud; asumir que la sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural está ligada a la rentabilidad y a la viabilidad de las explotaciones agrarias, así como al desarrollo de su potencial innovador; apoyo reforzado a jóvenes y mujeres, garantes del relevo generacional en el sector agrario; garantizar una cadena alimentaria resistente, transparente y más justa para los agricultores; presupuesto suficiente para la PAC y una fiscalidad acorde a las necesidades del campo; necesidad de una política laboral que tenga en cuenta la singularidad del empleo rural; reforma del modelo vigente de seguros agrarios; vertebración hídrica de nuestro país; política de protección de especies equilibrada; y la promoción de nuestros productos dentro y fuera de la UE, entre otras medidas.

Mientras, el representante de AVA-Asaja en la Comunitat Valenciana, Cristóbal Aguado, le pide «coherencia» al nuevo gobierno. En concreto, le reclama que solucione la problemática de plagas y enfermedades que asola al sector, «que no dispone de armas para combatirlas, mientras compite con producciones importadas que entran con total impunidad en Europa tras emplear los mismos fitosanitarios que la UE prohíbe a los agricultores europeos», aclara. Al mismo tiempo, le exige también que mejore el sistema de regadíos «a fin de lograr un riego eficiente de las explotaciones».

Sin embargo, lo que más preocupa a Aguado es «la situación insostenible que vive el sector ante la falta de rentabilidad de las explotaciones». Para solucionarlo exige que se ponga fin a los abusos comerciales.

Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja

José Basilio Otero (FNCP) también hace hincapié en el relevo generacional. Explica que la pesca tiene la particularidad y es que «no se puede experimentar antes de realizar todo el proceso formativo con una media de dos años de duración». Por ello, considera interesante que, «la Administración pública permita realizar jornadas de puertas abiertas en las que se diera a conocer la profesión de la pesca».

Añade que, para que haya relevo generacional se deben implementar medidas académicas que promuevan el ingreso de alumnos en las escuelas de formación; se desarrollen prácticas en buques de pesca habilitados para tal fin; que el entorno que rodea a la pesca sea atractivo para que haya candidatos que quieran incorporarse a este sector; y un buena comunicación sobre la profesión de pescador, «ya que reporta importantes ingresos a las familias y puede permitir conciliar la vida personal».

Por último, desde FNCP le piden al nuevo gobierno que tenga en cuenta que «la pesca es estratégica para España y que cumpla con el artículo 130 de nuestra Constitución que obliga a los poderes públicos a promover al sector pesquero que, junto a la agricultura, la ganadería y la artesanía, es un sector prioritario en la acción de los gobiernos».

José Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP)

Los precios continúan al alza

A pesar de la entrada en vigor de la Ley de la Cadena Alimentaria a finales de 2021, el distribuidor sigue imponiendo sus precios. De hecho, desde el Ministerio de Agricultura (MAPA), a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), ha desvelado que, en lo que va de año, ya se han impuesto 107 multas por incumplimientos en lo relativo a precios mínimos a pagar a agricultores y ganaderos por su producción.

Desde Asaja, su secretario, Juan José Álvarez, reconoce que a pie de explotación, agricultores y ganaderos reciben en algunas de las producciones más por sus productos. «Sin embargo, los todavía elevados costes de producción estrechan todo posible beneficio».

En este sentido, desde Asaja esperan «que los precios en origen se vayan moderando en los próximos meses en paralelo con los precios finales de los alimentos».

De todas formas, Álvarez incide en que repercutir los costes es muy complicado «por no decir imposible en el primer eslabón de la cadena al que pertenecemos los productores. Los costes continúan subiendo y, al igual que ya existe un Observatorio de precios en el MAPA, debería haber otro de costes de producción, para evitar abusos y que se siga vendiendo por debajo de los costes de producción», aclara.

Juan José Álvarez, secretario de Organización de Asaja

En esta misma línea, Miguel Padilla (COAG) informa que, según datos del MAPA, los precios percibidos por las productores han subido un 45% desde 2015, mientras que los pagados han crecido un 51 %. «El sector agrario no se encuentra en una situación ventajosa por el incremento de los precios a lo largo de la cadena. Confiamos en una normalización de la situación del IPC pero, en tanto en cuanto esto sucede, se debe apoyar a la población vulnerable para que pueda acceder a una alimentación sana, saludable y de calidad».

En definitiva, continúa Padilla, «el sistema alimentario español debe configurarse para ser capaz de proporcionar alimentos saludables y de calidad a toda la sociedad, independientemente de su poder adquisitivo y, por otro lado, posibilitar que los productores puedan vivir dignamente de su actividad».

En esta misma línea, Aguado (AVA-Asaja) insiste en que «el agricultor sigue siendo el eslabón más débil de la cadena y lamenta que los consumidores paguen un precio más elevado por adquirir estos productos, pero son los intermediarios los que se quedan el mayor margen de la subida», razona.

Los peros de la Ley de la Cadena Alimentaria

«Desde COAG –explica Padilla– consideramos que la Ley es una muy buena herramienta para la negociación y la denuncia a nuestros compradores. Además, entendemos que el recién instaurado Registro de Contratos es un elemento clave en este sentido y que permitirá un mejor control de la propia existencia de los contratos y su contenido, así como para que se cubran los costes de producción».

A pesar de todo, matiza Padilla, «la Ley no es suficiente y no impulsa un mejor reparto del valor en la cadena». Por ello, aboga a que se adopten otras medidas como «una mayor y mejor regulación de los mercados, así como una presión endurecida sobre aquellos elementos de la cadena que actúan en contra de la sostenibilidad de las personas del campo y del medioambiente».

Importaciones foráneas: «Así no podemos competir»

Otra cuestión que preocupa al sector son las importaciones de productos de otros países, que no cumplen con las exigencias que pide la Unión Europea a sus propios productores en materia de fitosanitarios.

En esta línea, Asaja exige el mismo control y las mismas reglas de juego a otros países a la hora de importar. «No es de recibo –subraya Juan José Álvarez– que a los agricultores y ganaderos españoles se nos exijan unas condiciones de cumplimiento laboral, sanitarias, medioambientales, etc., para garantizar tanto el abastecimiento de alimentos como una seguridad alimentaria y a terceros países nada. Así no podemos competir», insiste.

Desde AVA-Asaja, y en la misma línea que Asaja, exigen reciprocidad. «Si en otros países están permitidos productos para tratar los cultivos que en la UE están prohibidos por ser nocivos para la salud y el medioambiente, se debería aplicar la misma condición para su entrada». A juicio de Aguado, este hecho no se puede tolerar. «Se trata de una situación de fraude hacia los consumidores europeos que está provocando el abandono de las explotaciones agrarias europeas mediante estas normas del juego que generan competencia desleal», incide.

Desde COAG, defienden unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo. «En caso contrario, no hay sostenibilidad», recalca su secretario general, Miguel Padilla. Para ello, «proponemos recuperar el principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias».

En concreto, describe Padilla, ante sistemas de producción prohibidos en la UE, «desde COAG sugerimos rechazar su entrada y su puesta a disposición de los consumidores europeos».

Mientras que si lo que incumplen países terceros son normativas laborales, fiscales, etc. con respecto a las regulaciones europeas, desde COAG recomiendan hacerles pagar tasas arancelarias «cuyos importes se destinarían a un fondo anticrisis para cada sector afectado», sugiere Padilla.

¿Y contra la fauna salvaje?

Los daños contra los cultivos y explotaciones ganaderas por parte de lobos, osos, jabalíes, conejos, cabras, corzos, gamos, abejarucos… aumentan cada día, tal y como explica Miguel Padilla (COAG) «que provocan graves pérdidas económicas, además de generar alarma social».

Para solucionarlo, desde COAG proponen una serie de medidas como la búsqueda de fórmulas de participación colectiva de todos los agentes sociales implicados en las tareas de gestión de la fauna silvestre; el incremento y ajuste de las indemnizaciones por daños, pérdidas directas y efectos secundarios, ocasionados por la fauna salvaje; el desarrollo de programas de vigilancia, erradicación de enfermedades y apoyo económico a las explotaciones afectadas: la gestión de los espacios naturales protegidos (control poblacional, gestión de la alimentación de las especies, etc.) y rechazo del argumento basado en que lo mejor para la protección de estos espacios es la no actuación o la no gestión; autorización a agricultores y ganaderos (previa formación por parte de la Administración) como personal para capturar y vender las especies causantes de daños, según se regule por las autonomías; no trasladar a los agricultores y ganaderos el gasto por establecer medidas para proteger sus cultivos y animales ante poblaciones de fauna sobre las que no tiene responsabilidad; y, por último, rechazo absoluto a la inclusión en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), solicitando la paralización inmediata de la inclusión de las poblaciones de lobo al norte del Duero debido a las consecuencias negativas que ocasiona para la ganadería extensiva y semiextensiva y para el medio rural.

Por su parte, desde ASAJA reconocen que es necesario un control «como siempre ha habido, pero el Ministerio de Transición Ecológica lo que hace es prohibir dicho control y proteger al lobo y otras especies en vez de defender al ganadero, hecho que no tiene sentido», argumenta Juan José Álvarez, su secretario general, que incide, al igual que Padilla, en que «las medidas dirigidas a proteger especies en peligro de extinción deben ser razonables y equilibradas, sin comprometer la viabilidad y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y cinegéticas», en línea con COAG.

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, Cristóbal Aguado (AVA-Asaja) informa que la fauna salvaje genera pérdidas que superan los 40 M€ tras incrementarse un 15% en un año. Ante ello, Aguado pide a la Administración que tome medidas novedosas «encaminadas a controlar el crecimiento descontrolado de las poblaciones de estos animales silvestres».

Cuaderno digital, sí o no

Respecto al cuaderno digital de explotación, desde Asaja, han solicitado al MAPA un aplazamiento de su entrada en vigor «y si fuera posible su eliminación. Bastantes requisitos y trámites burocráticos tenemos que cumplir en la UE, con una PAC que, en vez de simplificarlos, los ha multiplicado. No han contado, una vez más, con los agricultores», incide Juan José Álvarez.

Por su parte, desde AVA-Asaja piden al Ministerio un plan de adaptación que incluya formación a los agricultores para dar a conocer la aplicación y su empleo, así como la puesta a disposición de organismos públicos que ayuden a los productores a gestionar estos cuadernos digitales. Al igual que Asaja, reclaman que se posponga «como mínimo a 2026, ya que el sector debe familiarizarse con esta nueva norma. No tiene sentido que España sea el primer país europeo en aplicarla», aclara su presidente, Cristóbal Aguado.

Desde COAG, consideran el cuaderno digital «un sobrecoste» y un impedimento para la viabilidad de la agricultura profesional e independiente constituida por microempresas.

Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN), a favor o en contra

La Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) fue aprobada el pasado 12 de julio, por el Parlamento Europeo con 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones. Esta nueva normativa tiene como objetivo restaurar ecosistemas cruciales para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y reducir los riesgos para la seguridad alimentaria.

Más del 80% de los hábitats europeos están en mal estado. La Comisión propuso el 22 de junio de 2022 un reglamento sobre restauración de la naturaleza para contribuir a la recuperación a largo plazo de la naturaleza dañada en todas las zonas terrestres y marinas de la UE y alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE.
Sin embargo, los agricultores y ganaderos se han posicionado en contra de dicha ley, ¿por qué?

Desde Asaja consideran que «se ha hecho de espaldas al campo», explica Juan José Álvarez. «No han tenido en cuenta las numerosas enmiendas que propusimos, tanto al Consejo como al Parlamento Europeo, para mejorar el texto y para hacerlo aplicable a la realidad rural y pesquera».

Álvarez también cree que «es una temeridad que, en un momento de tanta incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania y la subida de los costes de producción, se dejen fuera de producción tierras cultivables. Es tremendo como hemos olvidado las consecuencias nefastas que sufrió Europa por no producir mascarillas, geles hidroalcohólicos, respiradores y que no se haga ese paralelismo con la seguridad alimentaria», replica.

Aguado (AVA-Asaja) muestra su conformidad ante la necesidad de defender la naturaleza y avanzar hacia prácticas más sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Sin embargo, valora que «la clase política no debe aprobar legislaciones de espaldas al campo ya que sin rentabilidad agraria, no será posible mantener un tejido verde productivo. Sin agricultores y ganaderos no será posible luchar contra el cambio climático».

Critica también que «esta legislación está diseñada en los despachos sin los agricultores y contra los agricultores, puesto que contempla nuevas restricciones y prohibiciones a la actividad agraria que recrudecerán la crisis de rentabilidad, la falta de relevo generacional, el envejecimiento de la población agraria y el abandono generalizado de tierras de cultivo. Respecto al regadío, esta Ley aboga por suprimir obstáculos en los ríos, es decir, destruir pantanos y presas, justo lo contrario de lo que necesita España».

Igualmente, COAG cuestiona el contenido de esta ley «porque no precisa cómo serán los apoyos al sector agrario para garantizar unos ingresos justos a las pequeñas y medianas explotaciones, vitales para el mantenimiento de la biodiversidad en nuestros campos». Aclara también que comparten los objetivos para caminar hacia una agricultura más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental pero «este proceso es imposible acometerlo con los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países y la falta de instrumentos de la actual PAC».

Concretamente, el secretario de la COAG, Miguel Padilla, califica el contenido de la ley como «vago e impreciso», ya que «no concreta cómo serán los apoyos al sector agrario para garantizar unos ingresos justos a las pequeñas y medianas explotaciones, vitales para liderar una transición verde justa».

También la valora como «injusta e hipócrita» porque «la actual PAC –más exigencias medioambientales con menos presupuesto y recursos– y los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países no confieren el contexto necesario para una transición verde real, dado que los agricultores y ganaderos no reciben el apoyo necesario para poder adaptarse»; no responde a las necesidades del modelo social y profesional de agricultura, mayoritario (por el momento) en Europa; y por último, «no se ha contado con los afectados y aumenta la carga burocrática».

¿Qué soluciones proponen?

Tanto Asaja, como AVA-Asaja y COAG coinciden en señalar que hay que reformular la ley y «dotarla un presupuesto realista, poniendo en el centro a los hombres y mujeres del campo. El camino a seguir nos debe permitir mantener la producción agroalimentaria a la vez que se van introduciendo mejoras medioambientales continuas», añade Miguel Padilla de COAG.

Cristóbal Aguado (AVA-Asaja)recalca que «mientras no se obligue a los productos que entran en la UE a cumplir las mismas exigencias que impone a los agricultores comunitarios, la UE estará hundiendo su agricultura, poniendo en peligro su soberanía alimentaria y dependiendo de las importaciones foráneas con menores condiciones de sostenibilidad».

Por su parte, el secretario de Asaja, Juan José Álvarez valora como «totalmente injusto que los agricultores y ganaderos de Europa, que representan tan solo alrededor del 10% del total de las emisiones del viejo continente, sea el sector al que los legisladores señalan, cuando somos precisamente el único capaz de mitigar sus efectos».