No todo el mundo en Sagunto siente que se estén dando los pasos adecuados al tratar de asegurar a toda costa la llegada de Volkswagen. Existen reticencias entre los propios socios de gobierno en el Ayuntamiento; pero, en el caso de los agricultores cuyas tierras están siendo expropiadas por la Generalitat Valenciana para construir el polígono industrial Parc Sagunt II, la oposición es numantina.

Son la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió Llauradora i Ramadera las entidades que abanderan las protestas de los afectados. Para ellos el calvario comenzó al conocerse que la Administración pretendía pagarles las tierras a un precio que consideran «una estafa».

Mantener el interés de Volkswagen tuvo como condición sine qua non la aceleración de los procedimientos administrativos urbanísticos por parte de la Generalitat. Sin embargo, el «justiprecio» propuesto por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, compuesto por expertos imparciales, no se adecúa a la oferta que Espais Economics Empresarials, la mercantil beneficiaria, pone sobre la mesa.

¿Cómo empieza todo?

Hemos de remontarnos al inicio de un expediente expropiatorio que, según el ingeniero agrónomo Juan Manuel Peiró, responsable del departamento de expropiaciones de AVA-ASAJA, ha sido «un poco inusual». Estos procedimientos están regulados por la denominada Ley de expropiación forzosa, pero, en este caso, por tratarse de un proceso de obtención de suelo público que posteriormente se enajenaría para desarrollar diversos procedimientos industriales, se regula por la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).

Esta legislación prevé que las administraciones expropien suelo privado para llevar a cabo la obtención de suelo público para desarrollar proyectos industriales. Desde el comienzo del procedimiento, afirman los agricultores, todo ha funcionado «como un rodillo».

La asociación de agricultores explica que «se concedieron plazos muy estrictos para presentar alegaciones y todos los procedimientos fueron telemáticos, cuando estamos hablando de un perfil de propietario que es gente mayor que ha vivido toda la vida del campo. Ningún agricultor pudo registrar nada físicamente, todo había de hacerse online y ello supone una extrema dificultad para el 90% de los afectados».

Y entonces llegó Volkswagen

La regulación establece que ha de ser la Administración quien expropie, en este caso la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, la beneficiaria es Espais Economics Empresarials, una sociedad limitada creada ad hoc para desarrollar proyectos industriales de envergadura y participada al 50% por la Generalitat y el Sepides, que depende de Hacienda. Fue esta empresa la que comenzó a comprar parcelas a aquellos agricultores con los que llegó a un acuerdo.

Terrenos de Parc Sagunt II.

Este primer proyecto provisional adolecía, asegura el responsable de la asociación, de muchos defectos que nunca se han subsanado. «Esto empieza mucho antes de aparecer Volkswagen, ese primer proyecto no tenía nada que ver con el actual. Se quería hacer un polígono industrial pensado para que se alojasen diversas empresas. Pero, en pleno procedimiento expropiatorio, en el que tanto agricultores como asesores nos hemos visto sobrepasados, va y resulta que aparece la gigafactoría», afirma Peiró.

Se le está haciendo un traje a medida a Volkswagen

Todas aquellas parcelas que Espais Economics Empresarials no pudo adquirir de mutuo acuerdo, en torno al 80%, se adquirieron en una segunda fase de expropiación. Fue entonces, explican desde AVA-ASAJA, en pleno levantamiento de actas de ocupación para las expropiaciones, «cuando aparece la oportunidad de la gigafactoría y comienza a acelerarse todo. Incluso hoy día se está tramitando una remodelación del proyecto inicial del polígono, en el cual no cabe la multinacional. Se le está haciendo un traje a medida a Volkswagen«.

A los agricultores no les convence el precio

Los afectados aseguran que en ningún momento se han posicionado en contra de la llegada de la multinacional a Sagunto, pero tienen la sensación de que la gigafactoría de baterías de Volkswagen es un banquete, regado con «una lluvia de ayudas millonarias», que van a pagar ellos. Así al menos lo aseguran desde AVA-ASAJA, quienes explican que las indemnizaciones que se pagaron en las primeras expropiaciones de Parc Sagunt II fueron, en líneas generales, la mitad de las que se abonaron en las expropiaciones de Parc Sagunt I; esto es: alrededor de 40 euros por metro cuadrado.

Alrededor de 800 agricultores han solicitado que los expedientes se remitiesen al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa

Cuando los propietarios de las tierras se niegan a vender se procede a expropiarlas y los terrenos pasan a ser propiedad de Espais Economics Empresarials. La Ley dice que entonces los agricultores han de cobrar aquello que la beneficiaria estipule, pero les da la opción de estar en desacuerdo. Alrededor de 800 agricultores han solicitado que los expedientes se remitiesen al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, un organismo de arbitraje que emite los conocidos justiprecios. 

Los afectados entendían que la oferta de Espais Economics Empresarials ofrecía menos dinero a los propietarios de las tierras que en otras fases anteriores, entre 10 y 15 euros por metro cuadrado. El justiprecio situó la posible oferta en un punto medio de la pretensión de las partes; sin embargo, la Administración sigue considerando la cantidad excesiva y ha decidido resolver la situación por la vía judicial.

El justiprecio a juicio

En caso de que el agricultor no acepte el precio justo estipulado por el jurado de expropiación, todavía cabe la posibilidad de presentar un recurso potestativo de reposición. Según explica Peiró, «lo normal en la mayoría de las expropiaciones es que se acepte la propuesta del jurado, en el que incluso hay un representante de la Conselleria de Política Territorial que ha ratificado este acuerdo».

Los afectados por las expropiaciones en una reunión informativa de AVA-ASAJA.

«Pero antes de agotar la vía administrativa, Espais Economics Empresarials, en un alarde de soberbia, ha emprendido la vía judicial sin esperar a agotar la primera vía. En un momento en el que algunos de estos afectados habían conseguido mejoras de hasta el 90% en estos recursos. Esto significa que ahora el agricultor se va a tener que gastar más dinero para poder defenderse judicialmente», asegura el representante de AVA-ASAJA.

Nos encontramos con que la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España están llevando a juicio a los agricultores

Y sentencia: «Nos encontramos con que la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España están llevando a juicio a los agricultores, aunque técnicamente van contra el acuerdo del jurado. No hay ninguna demanda contra nadie en concreto sino contra sus intereses económicos. Las demandas van contra el acuerdo de justiprecio emitido por el jurado de expropiaciones en cada expediente».