Mujeres al Timón
Un estimado del 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB) y un total de 470 euros por hogar al año. Eso es en lo que cifra el coste al comercio de las defunciones regulatorias el informe «La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social», elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, presidente y director general del IEE.
La idea tras el estudio es la de analizar la calidad institucional y regulatoria en el sector del comercio en España, con el objetivo de conseguir una mejor regulación nacional que ayude a abaratar costes y, por ende, disminuir el precio de los productos en nuestro país. Esta optimización, afirman Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, presidente y director general del IEE, es la vía para poder mejorar el poder adquisitivo de los españoles.
las Administraciones públicas, advierten los experto, deben perseguir como principal objetivo de su política económica el conseguir una regulación y unas condiciones de mercado que promuevan la eficiencia del comercio. Nuestro país, por tanto, debe perseguir una mejora de la calidad institucional, que equivaldrá a progresos en el ámbito económico.
Mala calidad institucional
Para Fernández de Mesa, «es muy importante que España mejore su calidad institucional, que presenta un déficit en comparación con los países de nuestro entorno. Las ventajas económicas y sociales que se verían de una mejora de la calidad serían notables».
No en vano, de los países de nuestro entorno, España se posiciona el 114 de 141. De hecho, nuestro país es uno de los países desarrollados con mayores niveles de carga regulatoria, con un exceso normativo y una deficiente calidad institucional.
«Las empresas del sector valoran la influencia de la regulación de forma más negativa que la media nacional y manifiesta una evolución desfavorable de la regulación durante los últimos años», afirma el presidente del IEE.
¿Cuánto nos cuesta?
Entre las principales trabas con que se encuentra el comercio en nuestro país destacan los trámites a la concesión de licencias, los costes operativos o de gestión o el hurto multireincidente. De igual forma, al sector le preocupan los trámites para la concesión de licencias y su arbitrariedad en la concesión. Todo esto se ha valorado en el informe y la cuantificación de los costes se eleva a 8.840 millones de euros al año.
De solventarse las diferentes ineficiencias del sector, los expertos estiman que se podría aumentar la renta familiar de los hogares españoles en 470 euros al año. Además, suponiendo que dicha mejora institucional se tradujese en una reducción de costes y, por tanto, una palanca de reducción de los precios al consumo; el IEE estima que podría suponer una reducción de hasta 1,7 puntos del IPC.
Así mismo, dicha reducción de costes equivaldría a un aumento significativo en la inversión en el sector y un incremento del número de empleos en el sector que se ha estimado en 88.000 personas. Además, hay que señalar que la mejora de la Calidad Institucional no solo mejora la renta de las familias y el desempeño del sector, sino que también se ha estimado que puede suponer un aumento de la recaudación tributaria de 870 millones de euros al año.
¿Cuándo podría actuarse?
Para Izquierdo, «con el adecuado interés político, y teniendo en cuenta que este tipo de reformas no son inmediatas, se podrían acometer en un plazo relativamente breve. Obviamente no es fácil ni inmediato este tipo de reformas, pero sí debemos plantearnos que acometer estos cambios es necesario».
«Una de las modificaciones más urgentes es la homogeneización de procesos administrativos entre Comunidad Autónomas. En el informe también proponemos distintas mejoras de administración y gestión, así como propuestas específicas como la generalización de la declaración responsable. También el silencio positivo, es decir, que si usted en 6 meses no ha encontrado un impedimento en un comercio, que pueda llevarlo a cabo de forma automática», ha explicado el director general del IEE.
Y apostilla: «Un tema que también preocupa a los operadores es la seguridad jurídica y estabilidad del marco regulatorio. En mucho de estos procesos que se hacen a nivel local se encuentran discrepancias de criterios difícilmente justificables».
¿Cómo mejorar la regulación?
Durante la presentación del informe del IEE se han recogido alguna de las recomendaciones del instituto para mejorar la calidad institucional de la regulación comercial española. De entre todas ellas, destaca el aumento de la eficiencia en los procesos administrativos, permitiendo un acceso más directo al conocimiento de mejoras y cambios que se deben llevar a cabo en los proyectos de obtención de licencias.
De igual forma destaca la necesidad de otorgar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria a las empresas. Así como reducir los plazos administrativos, requisito que el sector demanda especialmente. El previamente mencionado silencio administrativo positivo sería un buen paso, así como sustituir la autorización previa por una declaración responsable.
Por último, el reconocimiento mutuo de normativas por las comunidades autónomas. Además, sería conveniente unificar las plataformas digitales y hacerlas compatibles entre las distintas regiones, así como tratar de armonizar los objetivos de sostenibilidad a nivel de comunidades autónomas.
